Podrían haberse construido casi cinco millones de viviendas asequibles gracias a la inversión pública
En un ejercicio de historia alternativa, el sindicato CCOO se ha preguntado qué hubiera pasado si hace cuatro décadas se hubiera emprendido una decidida política pública de vivienda. La respuesta es que España tendría ahora un parque público de 4,7 millones de viviendas.
Según su informe Cuatro décadas fallidas de política de vivienda, de 1980 a 2023 se han construido 2,7 millones de viviendas en nuestro país con algún tipo de ayuda o protección pública que han acabado en el mercado después de haber sido “privatizadas”.
La historia sería muy diferente, si se hubieran utilizado los recursos con eficacia para favorecer al conjunto de la población. En cambio, lo que ha ocurrido es el “secuestro del interés general por intereses privados”, denuncia el citado informe, para beneficio del sector inmobiliario, bancario y constructor.
En los últimos cuarenta años, solo el Gobierno central, excluido el gasto de las comunidades autónomas y ayuntamientos, ha destinado más de 200.000 millones de euros a política de vivienda, con los que se podrían haber edificado dos millones de viviendas en régimen de alquiler.
La mayor parte del gasto estatal en vivienda corresponde a desgravaciones fiscales en el IRPF, lo que introduce un claro sesgo regresivo en las medidas públicas adoptadas para acceder a la vivienda, al beneficiar principalmente a las rentas altas.
El porcentaje de ingresos que un asalariado medio destina a una hipoteca de 20 años ha subido del 25% entre 1986 y 2000 al 32% entre 2014 y 2023, hasta alcanzar en la actualidad el 34%. En el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, precisamente cuanto más viviendas se construían, llegó a ser del 47%.
Las familias con menos ingresos, a las que resulta imposible ahorrar para pagar una entrada, han sido directamente expulsadas del mercado hipotecario y han tenido que recurrir al alquiler, lo que explica que sea ya el régimen de acceso a la vivienda para el 19% de la población actual.
En la época democrática, se ha mantenido la apuesta por la construcción de viviendas en propiedad. Se han terminado 11,8 millones entre 1980 y 2023, la inmensa mayoría de precio libre (9,1 millones, el 77%) y 2,7 millones protegidas.
Sin embargo, la promoción de vivienda protegida descendió drásticamente durante la última burbuja inmobiliaria. Entre 2000 y 2023 se han construido 6,8 millones de viviendas, de las que el 88% han sido de precio libre (6 millones) y apenas el 12% viviendas protegidas (840.000). Actualmente, apenas se construye ya vivienda protegida.
El estudio sindical demuestra que “décadas de predominio del mercado no han abaratado el precio de la vivienda, ni reducido el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias para acceder a un inmueble”.
Aunque reorientar el esfuerzo público en vivienda lleva años y requiere una gran inversión, activar los 3,8 millones de viviendas vacías que hay en el país y las 350.000 viviendas turísticas podría servir para responder, al menos, en un primer momento, a la necesidad actual de viviendas asequibles, propone el estudio.
Redactor jefe de Noticias Obreras
