Aplazado el juicio a “los 18 de la Macarena” por reclamar el derecho a vivienda digna
(Actualización 10/07/2024 • 11:00h) La vista del primer juicio contra los activistas por la vivienda digna conocidos como los “los 18 de la Macarena” ha sido aplazado al no haberse podido localizar a todas las personas que estaban citadas para comparecer el 15 de julio.
Las personas acusadas se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel y multas individuales de más de 5.000 euros por el desalojo en 2018 de un edificio deshabitado que pretendían recuperar para el barrio ante la falta de acceso a una vivienda digna. Seis de los imputados han cumplido ya dos meses, 55 días, de prisión provisional, según denuncian entidades sociales y expertos del Derecho, sin cumplir los requisitos previstos por la ley para la aplicación de este tipo de medidas reservadas en caso de reincidencia, alteración u olcutación de pruebas o amenaza para personas implicadas.
Activistas, vecinas y vecinas y personas sin hogar han formado la asamblea de “Los 18 de la Macarena”, para denunciar “la persecución y criminalización de la legítima protesta ante la falta de acceso efectivo a una vivienda digna y soluciones habitacionales para personas sin hogar”.
Estaba previsto que comenzara el juicio contra “los 18 de la Macarena” el próximo 15 de julio, en los Juzgados de la Buhaira, donde se había convocado una concentración de apoyo a los encausados en reivindicación de su absolución, que ha sido igualmente aplazada.
Diversas entidades, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), CGT, Ecologistas en Acción, Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Barrios Hartos, Solidaridad con Palestina, Solidaridad Internacional Andalucía y Andalucía Viva, entre otros muchos colectivos sociales, han mostrado su oposición a la dureza con la que se intenta reprimir a los activistas por el derecho a la vivienda digna.
Los hechos que se van a juzgar se remontan al 16 de febrero de 2018, durante el desalojo policial que ponía fin al intento de recuperar varios inmuebles vacíos para dar alojamiento a un grupo de personas sin hogar en situación de calle. Al parecer, los pisos no pertenecían a un fondo de inversión, sino a una inmobiliaria que los acaba de poner a la venta, como equivocadamente pensaban los activistas.
La asamblea que respalda a las personas imputadas entiende que el desalojo se efectuó “de forma violenta e ilegal, sin orden judicial”. El operativo “violento” y “desmedido”, según APDHA, supuso la detención de seis personas, y la identificación de 12 personas que se encontraban en las inmediaciones del inmueble, para las que se piden penas “desorbitadas”, mutas individuales, además de por responsabilidad civil colectiva de casi 22.000€. Se les imputan los delitos de atentado a agente de la autoridad, lesiones, de daños, desórdenes públicos, maltrato de obra y usurpación violenta.
La asamblea “Los 18 de la Macarena” considera que “la Fiscalía pretende criminalizar y perseguir la legítima protesta por el Derecho a la Vivienda, extender la desmovilización social y difundir el miedo ante el ejercicio de derechos y libertades fundamentales”, al tiempo que destaca que “esta acción ejemplarizante pone el foco en personas que pretenden denunciar la insoportable situación de falta de vivienda accesible y en quienes más dificultades encuentran para alcanzarla: personas sin hogar, jóvenes estudiantes precarios y personas comprometidos en la lucha contra la pobreza y exclusión”.
Por su parte, APDHA no solo se ha solidarizado con “los 18 de la Macarena”, sino que denuncia que las actuaciones policiales así como el juicio “tienen como principal objetivo acallar la legítima protesta social”.
La organización, de hecho, carga también contra la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, que está sirviendo, en su opinión, para promover “la desmovilización social y la criminalización de los sectores más críticos y disidentes, limitando los derechos y libertades básicas y fundamentales de la ciudadanía activa”.
Con todo, para APDHA, “la Ley Mordaza es solo una parte del engranaje, del sistema perverso y complejo que abarca desde la visión sesgada que ofrecen numerosos medios de comunicación contra colectivos vulnerables hasta la petición desmedida de penas que, como es el caso que nos atañe, realiza la Fiscalía contra 18 personas y unas movilizaciones que tan solo reivindicaban el derecho a una vivienda digna”.
Se mantiene para el próximo jueves, 11 de julio a las 10:30 en la sede de CGT de Sevilla, la rueda de prensa convocada, en la que participarán el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías, la profesora de Geografía Humana de la misma universidad, Ángela Lara, el presidente de asociación La Carpa, Alfonso Romera y el secretario general de CGT, Antonio Castellano, para dar a conocer los detalles del juicio y reclamar la absolución de las personas imputadas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
