Vuelven a pedir la derogación de la “ley mordaza”
La plataforma ciudadana conformada por más de 100 organizaciones, activistas, juristas y movimientos sociales “No somos delito” ha celebrado una jornada en el Congreso de los Diputados por la derogación de la llamada ley mordaza.
Bajo el lema “Sin mordazas: 9 años, ni uno más”, una representación de personas afectadas de la sociedad civil compartió su visión sobre esta legislación y las consecuencias que ha tenido para la participación y el activismo social, además de criticar, por “insuficiente y un mero maquillaje”, la actual propuesta de reforma que baraja el Congreso.
“No somos delito” ha presentado 10 puntos imprescindibles que debe incluir a su juicio la reforma de la ley mordaza para garantizar plenamente el derecho de reunión y participación, líneas rojas que la legislación no puede traspasar sin afectar a los derechos y libertades civiles.
Desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, diferentes organizaciones han sido multadas por reclamar pacíficamente derechos fundamentales o denunciar vulneraciones de derechos de terceros; entre ellas, Greenpeace, Irídia y Amnistía Internacional.
Estas entidades, que no representan “amenaza para la seguridad ciudadana”, han sido sancionadas económicamente como consecuencia de su actividad cotidiana, mientras que más de 250.000 personas, muchas de ellas activistas y periodistas, han sido penalizadas por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta o tratar de documentar la actuación policial, según la plataforma. La ley mordaza ampara también la práctica racializada de identificaciones y detenciones especialmente de colectivos vulnerables, como personas refugiadas y migrantes y las devoluciones en la frontera de persomas migrantes.
En este escenario, el derecho a la protesta en España parece estar “en precario”, sin olvidar que una legislación que limita el ejercicio práctico de los derechos y permite grandes arbitrariedades podría volverse en contra de colectivos y personas que pasen a verse en la oposición.
Conceptos jurídicos indeterminados
La plataforma reclama que “alterar la seguridad ciudadana” mientras no esté claro a qué ser refiere no debe considerar delito. Sara López, de la Comisión Legal Sol y de “No somos delito” ha expuesto que la normativa vigente “contiene conceptos jurídicos indeterminados que son términos de amplia interpretación por parte de los cuerpos de Seguridad del Estado y permiten cierto margen de discrecionalidad”, por lo que pide “instrucciones vinculantes” a la hora de acogerse a esta figura tan amplia, completadas con “mecanismos de denuncia en caso de incumplimiento”. También considera que la palabra de un agente de las cuerpos y fuerzas de seguridad no debe servir sin más como prueba, solo como “mera denuncia” o que “la sospecha razonable” debe estar fundada en criterios objetivos.
Igualmente propone que “las sanciones administrativas no se traducirán en antecedentes penales” y se eliminará el registro central de infractores, que acaba por conformarse como un “registro de carácter ideológico”.
Derecho de protesta e información
Dado que la protesta es “un derecho”, la plataforma entiende que deben derogarse “los delitos de desobediencia y de falta de respeto a la autoridad” y que “los protocolos de actuación policial deben “ser de acceso público en su totalidad para la ciudadanía” y “en su elaboración tendrán que poder participar expertos y organizaciones de la sociedad civil”. Tampoco debería permitirte la grabación de activistas ni el uso de balas de goma.
Para proteger el derecho a la información se propone “proteger de manera expresa el escrutinio de las actuaciones policiales por parte de periodistas y ciudadanía suprimiendo la sanción de imágenes” de los agentes de seguridad. Tampoco “los cacheos basados en meras sospechas” son admisibles.
Desde el punto de vista de la plataforma, “las devoluciones en caliente” no son admisibles, ya que el derecho de acceso a la defensa y a recurrir todas las resoluciones con todas las garantías debe prevalecer.
Aunque recientemente, el PSOE parece dispuesto a impulsar la derogación, compromiso renovado en el pacto con de investidura con Sumar, los precedentes de la anterior legislatura hacen dudar de qué pasara finalmente. Entonces, ERC y Bildu votaron en contra de la reforma al no acabar con el uso de las pelotas de goma, ni las devoluciones en caliente.
Redactor jefe de Noticias Obreras
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