El internamiento de personas migrantes rompe el arraigo y la trayectoria vital
El Servicio Jesuita al Migrante (SJM) acaba de publicar el informe Internamiento “Muteado”, en el que denuncia el sufrimiento de las personas conducidas a los centros de internamientos de extranjeros de los que la población apenas tiene noticia.
Del total de repatriaciones forzosas llevadas a cabo por el Estado español, tan solo un 30% fueron desde CIE. Cuatro de cada 10 personas internas fueron puestas en libertad, “generando un sufrimiento cruel e ineficaz”.
La legislación vigente contempla el internamiento, que conlleva un régimen estricto de falta de libertades, como última de las medidas cuatelares, pero según SJM, se “se recurre a él de modo desproporcionado”. La estancia en estos centros a menudo trunca trayectorias de arraigo, rompe la vida familiar, sin evitar su carácter “azaroso e injusto”.
El 71% de los internamientos se registraron al constar expedientes abiertos de expulsión, por no tener los papeles en regla habitulamente, y el 27% por devolución por haber entrado irregularmente en el estado español o contravenir la orden sancionadora de volver al territorio español.
Lo cierto es que la mayoría de personas privadas de libertad presentaban perfiles con un alto arraigo en España; en menor medida fueron internados perfiles con antecedentes penales o policiales, aunque la narrativa oficial justifique la existencia de los CIE por este motivo. La media de estancia en los centros se situó, aislando los centros de Madrid y Tenerife (sin apenas actividad), en algo más de 30 días.
No son los casos de personas migrantes que llevaban largos años en España, incluso desde su infancia con miedo a ser deportadas a una tierra que apenas conocían “más allá de su pasaporte”,. mientras que otros tenían familiares cercanos con nacionalidad española.
La voluntaria del equipo de visita al CIE de Pueblos Unidos, Paloma Aguilera, ha conocido a personas internas que que llevaban más de dos décadas trabajando en España sin contrato, lo que les impedía acceder a la regularización por arraigo o que no pudieron renovar su permiso de residencia después de perder sus empleos durante la pandemia.
La presentación del decimocuarto estudio sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el Estado Español ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión se interpreta los datos de 2023 proporcionados por la Dirección General de la Policía, completado con apuntes de la observación directa de las entidades de la red SJM que visitan estos dispositivos.
En 2023, estuvieron activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid (este último reabrió la segunda quincena de diciembre), donde fueron internadas 2.085 personas. De estas, 64 fueron mujeres, una de ellas se identificó como objeto de trata; dos personas fueron identificadas como menores. De las 2.085 personas internadas, 877 solicitaron protección internacional.
En algunos casos, el ambiente se enrarece hasta el punto de que SJM ha constado un caso de agresión entre internos ligado a una mala práctica policial en el CIE de Algeciras, cuya denuncia directa en sede judicial fue obstaculizada, sin que se realizara la debida investigación por el juzgado de control. SJM afirma haber apreciado una mayor hostilidad y trato degradante, especialmente en situaciones de difícil manejo por parte de los funcionarios policiales.
El informe señala “trabas a las visitas de las entidades de la sociedad civil, de la capellanía y a la orientación jurídica de Extranjería”; falta de “privacidad en las consultas médicas y en las visitas”; y la necesidad de una reforma cabal de los servicios médicos-sanitarios.
El Defensor del Pueblo publica numerosas recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales sobre el CIE de Algeciras que aplicar también en el nuevo de Botafuegos, que son extensibles al resto.
Además del análisis de las cifras, el informe Internamiento “muteado” también presenta testimonios de primera mano, gracias a las visitas de los equipos del SJM.
Redactor jefe de Noticias Obreras