Gobierno y agentes sociales cerca de un acuerdo para mejorar la protección por desempleo
El Gobierno y los agentes sociales han acercado posturas en torno a la reforma del subsidio por desempleo, tras el fallido real decreto elaborado en solitario por el Ministerio de Trabajo que no logró suficiente respaldo en el parlamento.
Trabajo ha aceptado mantener la cotización extra del subsidio para mayores de 52 años para no reducir la pensión futura de jubilación. Este detalle había justificado la negativa del grupo parlamentario de Podemos a convalidar la norma, sumando sus votos a la oposición de Vox y PP.
Tanto para la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, como para el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, resulta “positivo” que Trabajo mantenga la cotización en los mayores de 52 años en el 125%.
En la reunión de ayer, los negociadores de la mesa del diálogo social sobre protección social avanzaron significativamente hacia un acuerdo que supone “ la mejora sustancial de la protección por desempleo asistencial”, en palabras de CCOO. Mientras que UGT ha indicado que “valora de forma positiva los avances incluidos”.
Las organizaciones sindicales han logrado mejoras de las prestaciones en los doce primeros meses de subsidio por desempleo (el 95% del IPREM en el primer semestre; el 90% en el siguiente y el actual 80% hasta el fin de la prestación) extensible a personas víctimas de violencia de género o sexual y emigrantes retornados; y la equiparación de los subsidios generados por los contratos a tiempo parcial, que beneficia principalmente a las mujeres.
Dentro de los avances, los sindicatos destacan la puesta en marcha de una prestación asistencial para las personas menores de 45 años; y la posibilidad de que las personas eventuales agrarias accedan a un subsidio en el conjunto del Estado, unas 200.000 personas, incluidas las mayores de 52 años.
Además, se amplía la mejora la cobertura de las personas con cotizaciones insuficientes (quienes no acreditan doces meses cotizados que dan acceso a las prestaciones contributivas), mejorando el acceso de las personas sin cargas familiares, que beneficia singularmente a las personas más jóvenes.
Igualmente, se flexibiliza el requisito de insuficiencia de rentas para las personas que acceden al subsidio, al permitir el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar, alternativamente, al tiempo que se extiende la cobertura a la unidad familiar.
Las organizaciones de trabajadores también han recibido de buen grado la propuesta del Gobierno de reducir el número de jornadas necesarias durante los tiempos de sequía para acceder a los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura, que serán compatibles con los del régimen general.
Compatibilidad de prestaciones
También, como había manifestado el Gobierno, se podrá compatibilizar el cobro de las prestaciones y el empleo, con un compromiso de seguimiento y control desde el Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que la intención es evitar que el paro “se enquiste”, de modo que “a partir del año, que es cuando empezamos a tener problemas grandes de inserción en el mercado de trabajo” habrá “una serie de estímulos para que las personas puedan incorporarse al mercado de trabajo”.
El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha resaltado que si se establece un compromiso de control y seguimiento “se verá la posibilidad de avanzar” en la propuesta, mientras que la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, advertía que hay que “estudiar muy bien” la propuesta y “leer bien la letra pequeña”.
Finalmente, se prevé la eliminación de los tiempos de espera para acceder a todas las prestaciones asistenciales, el cumplimiento del reintegro de las prestaciones que se declaran percibidas indebidamente y el acceso a prestaciones contributivas para las personas que trabajan de forma transfronteriza en Ceuta y melilla.
Los sindicatos piden una reforma más profunda
A pesar de estas medidas, en buena parte, propuestas por los sindicatos, estos reclaman una reforma todavía más profunda del conjunto de la protección por desempleo, tanto contributiva como asistencial.
En particular, apuntan a la conveniencia de “retomar la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por CCOO y UGT que contó con el aval de 700.000 firmas y que continúa pendiente de culminarse, pese a encontrarse ya en la cuarta legislatura después de su presentación”.
Los sindicatos siguen reclamando la revalorización del IPREM (Indicador Público de Referencia de Efectos Múltiples), ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, lo que resulta esencial para el cálculo de las cuantías de las prestaciones asistenciales.
Más en concreto, UGT propone su “sustitución, como ha ocurrido en las pensiones mínimas y no contributivas, por el índice de pobreza, y en todo caso su actualización de manera significativa mientras se produce la sustitución”.
También las organizaciones de trabajadores defienden la revisión de los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital (IMV) de todos los colectivos con dificultades de cobertura en esa prestación; y avanzar en la eliminación de vacíos de cobertura.
De hecho, Bravo ha detallado que las 120.000 personas que están cobrando subsidios accedan al ingreso mínimo, tras agotar sus prestaciones actuales, salvo las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados, que mantendrán el subsidio.
Sin embargo, esta propuesta en particular deberá recogerse en el nuevo documento que Trabajo se ha comprometido a enviar a los agentes sociales porque “no estaba en el texto que se ha discutido”.
En busca de los apoyos parlamentarios
El secretario de Estado de Trabajo, Pérez Rey, ha expresado su confianza en que “una vez que el texto que ya ha sido puesto encima de la mesa, podamos contar con un acuerdo”. También con la patronal, que, a su juicio, no tienen motivos para que “se quede fuera”.
En la reunión de ayer, ha declarado, “se han sentado profundamente los mimbres para que, en un plazo inminente, se pueda anunciar un nuevo acuerdo de diálogo social que será trasladado al Boletín Oficial del Estado”. También ha reconocido su intención de que la reforma salga cuente con el respaldo de los agentes sociales y de los grupos parlamentarios.
“Tendremos que decidir el vehículo legislativo concreto, pero obviamente lo que sí puedo garantizar, como siempre, es que se respetarán estupendamente los acuerdos que surjan en el diálogo social. Por el Parlamento, por una vía u otra, pasará, y confiamos obviamente en obtener el respaldo de las fuerzas parlamentarias, sea cual sea la norma”, ha subrayado.
Si bien, en un principio, se había pensado en el anteproyecto de ley como el vehículo más adecuado para aprobar la reforma, no descarta que, a la vista de un acuerdo de diálogo social, se pueda explorar otra vía.
Los representantes sindicales esperan recibir un nuevo texto en las próximas horas con las aportaciones realizadas en la reunión para someterlo a sus respectivos órganos de dirección.
Redactor jefe de Noticias Obreras
