Trabajadores cristianos de Andalucía y Cataluña apoyan las movilizaciones por la sanidad pública
Entidades sindicales y sociales de Andalucía y Cataluña salen a la calle en el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril, en defensa de sistemas sanitarios públicos universales,con el apoyo de trabajadores cristianos de ambas comunidades, siguiendo el compromiso de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) por la mejora de los servicios públicos.
El respeto y la atención a la dignidad humana que contiene el mensaje cristiano supone responder a “las necesidades vitales de cada persona de modo que pueda desarrollar todos sus potenciales”, entiende la HOAC, que en su última asamblea general hizo un llamamiento a toda la sociedad a cuidar aspectos claves para ello como “la educación, la sanidad, el acceso a una vivienda, un trabajo decente, unas pensiones dignas, la atención a las personas más vulnerables, el medio ambiente…”
“Frente a la tendencia creciente al desmantelamiento y privatización de la sanidad, la educación, servicios sociales y otros servicios públicos, desde la HOAC reivindicamos políticas que estén al servicio del pueblo y no condicionadas a su supuesta rentabilidad económica”, se puede leer en una de las resoluciones de su última asamblea.
El presidente de la HOAC de Andalucía, Juan Díaz, explica que la militancia hoacista está presente y comprometida en defensa de la sanidad pública desde la consideración de “la defensa del bien común como un principio básico en la vida de todas las personas que queremos seguir los pasos de Jesús de Nazaret”.
Precisamente, la HOAC ha puesto en marcha este año la campaña “Cuidar el trabajo, cuidar la vida”, lo que, para Díaz, implica defender la “calidad del trabajo, el trabajo digno para todas las personas, en este caso, de quienes trabajamos en el sistema sanitario público”.
Así, la defensa de la sanidad pública, en su opinión, es “una forma de cuidar la vida de toda la población para permitir la protección y la promoción de la salud de todas las personas, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad, ya sea económica, laboral o social”. Lo que “sólo es posible si defendemos una sanidad pública de calidad, gratuita y universal”, asevera Díaz.
Desde su punto de vista, “el desmantelamiento de la sanidad pública en favor de la privada repercute en la población más vulnerable que no se puede costear un seguro privado”.
El militante malagueño de la HOAC, denuncia la “saturación de la primaria, con más de diez días de media para pedir cita con el médico de familia, las listas de espera interminables para la atención especializada o las intervenciones quirúrgicas”, además del abandono de “los problemas de salud comunitarios”. Algo que coincide con “el aumento del presupuesto transferido a la sanidad privada, a la que se están derivando multitud de prueba diagnosticas e intervenciones”.
El deterioro de la atención sanitaria pública, advierte, se debe fundamentalmente a “las condiciones de trabajo precarias de los y las profesionales de la salud, que soportan bajas, vacaciones y jubilaciones que no se cubren, la falta de inversión en recursos humanos para mejorar la calidad asistencial”, en paralelo a “la falta de profesionales que una vez terminan su formación en Andalucía marchan a otros lugares donde les ofrecen mejores condiciones, sin olvidar la mala gestión de lo público de la Junta”.
La coordinadora andaluza de Mareas Blancas, integrada por diversas organizaciones sindicales, profesionales y vecinales, ha convocado en cada provincia de la comunidad, manifestaciones para reclamar mejoras en la atención sanitaria.
La gestión del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla acumula críticas, especialmente, por su orientación privatizadora, con un incremento notable de los conciertos con empresas privadas. El paso del exgerente del Servicio Andaluz de Salud a la aseguradora Asisa, aplazado temporalmente, ha encendido los ánimos de los colectivos movilizados contra la mercantilización y privatización de la sanidad, que consideran que las medidas impulsadas por la Junta están provocando “un deterioro planificado del sistema sanitario público, claramente en contra de los derechos de los andaluces y andaluzas”.
Por su parte, Llum Mascaray, de la HOAC de Barcelona, explica el apoyo de trabajadores cristianos a la Marea Blanca, porque “si algo nos enseña Jesús es a conmovernos ante el sufrimiento de cualquier tipo” y “la privatización de la sanidad pública, incluidos los intentos de dejar fuera a las personas migrantes, provoca el deterioro de la salud de las personas, con especial incidencia, entre las más vulnerables”.
“Durante la pandemia aplaudimos mucho, lo que estuvo muy bien, el trabajo de nuestras hermanas y hermanos de la sanidad, pero hay que seguir, más aún con lo que viene pasando en Cataluña desde hace una década, con la privatización escalonada y el recurso a la colaboración público privada”, argumenta Mascaray.
La Doctrina Social de la Iglesia plantea la atención integral a la persona, lo que se traduce, a su juicio, en que “el derecho a la salud está muy relacionado con todos los demás derechos sociales, como el derecho a la educación pública, a las residencias públicas, a la vivienda…, pero tampoco hay salud sin paz”.
Sin embargo, denuncia, “falta gobernanza democrática de lo público, mientras se favorece que las transnacionales y grandes empresas acaparen cada vez más riqueza y gestionen cada vez más sectores fundamentales para la vida de las personas”.
La Marea Blanca catalana, muy vinculada a la Marea Pensionista, reclama “una sanidad 100% pública, universal, de calidad y de gestión directa de titularidad ciudadana”, por lo que aboga por un proceso de “desprivatización con carácter urgente paralizando cualquier tentación que surja”, además de lamentar “la situación de la atención primaria, las listas de espera, la situación extrema de las y los trabajadoras del sector sanitario, así como las carencias en salud mental, salud pública y la brecha digital y dificultad de acceso al sistema”.
Ante la heterogeneidad de la atención en los distintos territorios aboga por una “participación social empoderada” y la modificación de la ley 15/97, la ley general de Sanidad 14/1986 e incluso la revisión de las normativas autonómicas con esta competencia transferida.
Redactor jefe de Noticias Obreras
