Pese a la histórica inversión, la Formación Profesional pública no cumple todos sus objetivos
Aunque el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha transferido fondos a las comunidades autónomas para crear 200.000 nuevas plazas de FP, en el curso 2020-2021 apenas se financiaron 130.000 plazas.
Así lo indica el informe ¿Es suficiente la financiación de la FP?, de la Federación de Enseñanza de CCOO, que denuncia que las partidas presupuestarias destinadas a la creación de las 200.000 nuevas plazas no son suficientes para dotar de personal docente las plazas anunciadas y no tienen en cuenta otros gastos imprescindibles, como equipos, materiales, aulario y construcción de nuevas edificaciones, factores por los que apenas se consiguió cumplir con un 65% de la planificación original.
En España hay más de 300.000 personas que pagan por una titulación de FP en centros privados, mientras otros miles se quedan cada año sin plaza pública de FP, a pesar de tratarse de un derecho reconocido por la Constitución y la LOMLOE. El curso 20-21 la FP registró por segundo año, más de un millón de personas matriculadas, pero el alumnado matriculado en centros públicos creció solo en 11.741 personas, mientras que la privada lo hizo en 36.774 personas.
En el ámbito público, el Grado Superior presencial perdió el 0,5% de alumnado (1.367 personas menos), el Grado Medio presencial creció un 2% y, en las modalidades a distancia, el Grado Medio creció el 6,4% (1.524 personas más) y el Grado Superior el 10,1% (5.152 personas).
En el sector privado las matriculaciones aumentaron un 3,4% en el Grado Medio presencial, con 3.416 personas más; un 4% en el Grado Superior presencial, con 4.707 personas más; un 50,2% en el Grado Medio en línea, con 9.239 personas más; y un 38,9% en el Grado Superior en línea, con 19.563 personas más
Es cierto que nunca había sido tan cuantiosa la apuesta por esta modalidad formativa. A lo largo de 2022 se aprobó la distribución a las comunidades autónomas de más de 1.300 millones de euros. Gran parte de estos fondos provienen de la transferencia al Ministerio de Educación y Formación Profesional de los fondos de la cuota de formación que se inició en 2021.
Aproximadamente corresponden unos 393 millones de euros al ejercicio 2022 y forman parte de la inversión total de 2.075,4 millones de euros que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España destina a la modernización del sistema de Formación Profesional hasta 2023.
Los 946 millones de euros restantes (aprobados en mayo y diciembre del ejercicio 2022) proceden de los presupuestos anuales y se distribuirán a las comunidades autónomas para la Formación Profesional dirigida a personas trabajadoras, empleadas y desempleadas, mediante formación en certificados de profesionalidad vinculados al Catálogo Nacional de Competencias Profesionales.
El Plan de Modernización incluye la acreditación permanente de competencias profesionales, la creación de aulas de tecnología y emprendimiento, así como la creación de 200.000 nuevas plazas de FP, convencionales y bilingües, para dar respuesta a la creciente demanda de estas enseñanzas y a las necesidades del mercado laboral.
Pese a la elevada aportación económica el informe ha detectado ciertos desajustes y desigualdades: aumenta el alumnado que queda excluido del sistema educativo sin obtener una plaza pública, se mantiene un elevado abandono formativo en los primeros cursos de Grado Medio, quedan plazas vacantes en ciclos con buena inserción laboral, entre otras.
Además, varias comunidades autónomas dejaron de invertir recursos económicos en los programas de Formación y Calidad de la FP. Precisamente aquellas que mayor aportación económica reciben son las que mantienen mayores desigualdades.
“La falta de transparencia y la opacidad en la gestión de los datos educativos y económicos de la FP dificulta la trazabilidad, el análisis y, en consecuencia, la adopción de políticas justas e igualitarias que corrijan los desajustes que se van acentuando en aquellos territorios que ejecutan políticas conservadoras y neoliberales”, señala el informe.
El sindicato plantea la necesidad de elaborar un mapa de FP que ayude a optimizar el uso del equipamiento público, ya sea como la apertura de los Institutos de Educación Secundaria durante las tardes, escuelas para personas adultas, servicios educativos u otros que podrían estar, o no, adscritos a un centro de FP, ofrecer distintos servicios del sistema en dependencias públicas y para gestionar parte de la cuota de formación.
Esta propuesta apuntaría a mitigar el alto coste económico y serviría también como un eventual freno a la ampliación de la oferta pública que suponen las nuevas edificaciones y el suelo en las grandes ciudades.
Redactor jefe de Noticias Obreras
