El Comercio Justo busca su hueco en los programas electorales del 23J
La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) ha lanzado sus propuestas políticas de apoyo esta alternativa de consumo para que los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales las tengan en cuenta a la hora de diseñar sus programas electorales.
La Coordinadora, que agrupa a 30 organizaciones del sector, ha remitido a los partidos políticos un documento con siete propuestas para impulsar y extender el comercio justo como herramienta eficaz de de lucha contra el cambio climático, la pobreza y las desigualdades sociales, económicas y de género.
Las propuestas remitidas a los partidos políticos inciden en la necesidad mayor apoyo público a un modelo de consumo más responsables, justo y sostenible que contribuye al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“El Comercio Justo impulsa un modelo comercial en el que los derechos de las personas y el medioambiente están en el centro de la actividad económica”, explica el presidente de la CECJ, Alberto Abad. “Su efectividad en la reducción de la pobreza y las desigualdades y en la lucha contra el cambio climático ha sido avalada por
Naciones Unidas y el Parlamento Europeo”, añade.
Para promover el consumo responsable y a la concienciación ciudadana sobre los impactos asociados al modelo de producción y consumo imperantes, la Coordinadora plantea la incorporación de estos contenidos en los currículums de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como en otros espacios y niveles formativos, así como el desarrollo de campañas divulgativas a través de los medios de comunicación y de otras vías.
Contratación pública más justa
Las organizaciones de Comercio Justo reivindican que las administraciones públicas en sus compras y contratos, prioricen los productos que tengan un impacto social y ambiental positivo, y que su elaboración no haya vulnerado derechos esenciales.
La CECJ se une también a las demandas de otras ONGD y movimientos sociales sobre el incremento del porcentaje para las políticas de cooperación al desarrollo, y la
necesidad de una ley que responsabilice a las empresas de sus prácticas abusivas. Por un lado, solicitan una asignación de un porcentaje presupuestario destinado a la cooperación al desarrollo, llegando al 0’7% en 2030. Asimismo, demandan la necesidad de aprobar una ley que garantice que las empresas respetan los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de producción dentro y fuera de nuestras fronteras. Otros países europeos como Francia o Alemania ya cuentan con una legislación similar.
Redactor jefe de Noticias Obreras
