Salarios, pensiones, empleo y diálogo social, prioridades de UGT

UGT propone propone rebajar a 12 años el periodo cotizado para acceder a la pensión.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mantenido este lunes un encuentro informativo de inicio de curso para abordar distintos temas de la situación socioeconómica y los retos que se plantea el sindicato.

Subida del SMI a 1.100 euros

El líder sindical ha reclamado al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 a 1.100 euros mensuales, y ha dejado la puerta abierta a una revisión posterior a mitad de año si la inflación sigue elevada. Álvarez ha recordado al Ejecutivo que “no hay ninguna excusa” para que el SMI no se haya aprobado todavía, ya que tanto los sindicatos como los empresarios, estos por escrito, han presentado sus propuestas al respecto.

“Somos conscientes de que hay un informe de expertos con banda mínima (4,6%) y máxima (8,2%). Para nosotros, tendría que estar entre la banda máxima, pero haciendo una interpretación adecuada podría subir incluso por arriba de los 1.100 euros”, ha apuntado el líder sindical en un encuentro con medios. Álvarez ha explicado que esa “interpretación adecuada” responde a que el cálculo del informe de la Comisión de Expertos no recoge los datos de 2023 y “el compromiso del Gobierno es que (el SMI) llegaría al 60%” del salario medio español en 2023.

UGT rechaza que la subida del SMI se haga en dos tramos y exige al Gobierno que realice una primera revalorización hasta los 1.100 euros y después, si fuera necesario, “tome nuevas medidas” para adecuarlo a la inflación. “Los 1.100 euros es un aumento que vendría a mostrar la coherencia del Gobierno en relación entre lo que dice y lo que hace”, ha recalcado.

Emplaza a la patronal a un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva

Sindicatos y empresarios dejaron las negociaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en mayo de 2022 y, hasta la fecha, no las han retomado. Álvarez ha urgido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a volver a la mesa y “cumplir con sus obligaciones constitucionales”.

“El año 2023 empieza como acabó el 2022, con una exigencia a la patronal para sentarnos a negociar los convenios colectivos. Tenemos que facilitar la situación de los convenios colectivos durante el 2023. Es necesario que volvamos a la mesa del AENC, hago un llamamiento específico a la patronal para que eso sea así”, ha subrayado el secretario general de UGT.

Álvarez también ha señalado que, mientras no hay un cambio de actitud de la patronal, los sindicatos seguirán con las movilizaciones “Salario o conflicto” hasta “conseguir al 100% los objetivos planteados”.

Prioridad fundamental: El empleo

Pese a los buenos datos de empleo que él mismo ha reconocido, también ha admitido que España tiene un “problema fundamental” con el desempleo. En este sentido, Álvarez ha puesto el acento en los servicios públicos de empleo, criticando su funcionamiento en las comunidades autónomas, por la falta de comunicación de las ofertas de trabajo a las personas en paro. En este sentido, el secretario general de UGT ha pedido más dotación para los servicios de empleo, tanto de recursos materiales como humanos, para que puedan orientar a los desempleados y trasladarles las ofertas de empleo.

Además, Álvarez ha manifestado su posición “militantemente contraria” a la contratación de trabajadores extranjeros en origen, como proponen algunos sectores del Gobierno, para cubrir determinados puestos de trabajo. El líder sindical insiste en que en España ya hay trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, para cubrir esas vacantes de manera generalizada.

“El problema es que no se les ha ofrecido un trabajo (a los parados en España). No nos vamos a sumar a esta moda facilona que acabará diciendo que en España la gente no quiere trabajar. No vamos a permitir de manera pasiva que esa ola tire adelante en nuestro país y nos vamos a oponer de todos los medios. Si podemos bloquear en el Parlamento, bloquearemos; si podemos bloquear antes de que el Gobierno lo ponga en marcha, lo bloquearemos”, ha avisado Álvarez.

Claridad con los fijos discontinuos

En su encuentro con los medios, el secretario general de UGT también ha hecho una valoración del cierre de 2022 en términos de empleo, con unas cifras “que continúan creciendo” gracias a la reforma laboral, que “ha sido una apuesta ganadora”. Álvarez ha destacado el impulso de la contratación indefinida durante el pasado año y la reducción de la tasa de temporalidad al 15%, “una demostración clara de la eficacia laboral”.

También se ha pronunciado sobre la polémica de los fijos discontinuos y ha pedido al PP que deje de sembrar dudas al respecto. Álvarez ha recordado que el cómputo de los fijos discontinuos se realiza de la misma manera desde 1985 y no se ha cambiado con la entrada en vigor de la reforma laboral.

No obstante, ha solicitado al Gobierno, “en la medida que sea posible”, que encuentre alguna fórmula para poder contabilizar cuántas personas se encuentran con un contrato de esa modalidad en activo.

“Sé que no es fácil porque hay muchos fijos discontinuos para los que el periodo de paro no es permanente, sino que tienen otros trabajos de carácter temporal entre temporada y temporada. Introducir esos elementos seguramente no es tan sencillo, pero sería bueno que se pudiera incorporar”, ha planteado el líder de UGT.

Rebajar a 12 años el periodo cotizado para acceder a la pensión

Uno de los temas que mayor interés ha despertado en la comparecencia ante los medios de comunicación es lo relativo a las pensiones. Álvarez ha informado que se ha propuesto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rebajar de 15 a 12 años el periodo cotizado necesario para tener acceso a una pensión, dentro de las negociaciones de la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones.

“Tenemos que encontrar un acuerdo equilibrado. La suma y la resta de lo que se pagará de más y lo que se ahorrará la Seguridad Social tiene que ser cero. En ese sentido, es verdad que con una visión innovadora hasta ahora, creemos que hay que actuar sobre la exigencia de 15 años mínimos para tener derecho a la pensión, barajando que se baje tres años para tener acceso a la pensión contributiva”, ha dicho Álvarez en el encuentro con la prensa.

El líder de UGT ha asegurado que el Gobierno ya ha recibido los planteamientos de los sindicatos, por lo que la cartera de José Luis Escrivá “ha tenido tiempo más que suficiente para poder evaluarlas” e incorporarlas en un futuro acuerdo.

Por su parte, la propuesta que la Seguridad Social ha puesto sobre la mesa, y que descarta retirar para cumplir con lo acordado con Bruselas, como aseguró la semana pasada el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, es ampliar progresivamente el periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

El líder sindical también ha cuestionado que la propuesta del Gobierno, con esa ampliación del periodo de cálculo, sea de “suma cero”, como mantienen desde el Ministerio de Escrivá, y ha insistido en que la Seguridad Social, a pesar de su manejo y acceso a las estadísticas, sigue sin ofrecer los datos sobre el impacto de su medida.

El secretario general de UGT ha evitado presentar la rebaja de 15 a 12 años como una contrapartida a la ampliación del periodo de cómputo, y ha insistido en que hay que buscar “equilibrio entre el gasto y el ahorro”.

“No entra en hacer ninguna concesión hasta que no tengamos un acuerdo cerrado. Cuando tengamos un acuerdo cerrado, veremos qué condiciones se han dado”, ha respondido Álvarez, preguntado al respecto, y ha señalado, también, que ha evitado las líneas rojas en las conversaciones con la Seguridad Social.

El objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones era presentar esta segunda fase de la reforma del sistema de pensiones a Bruselas antes del 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales siguen abiertas. Tanto los sindicatos como los empresarios recalcan que la ampliación del periodo de cómputo no está recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo y temen, por tanto, que la segunda fase de la reforma carezca del apoyo parlamentario suficiente.

“Dudo mucho que pueda haber una aprobación de la reforma de pensiones en el Congreso si previamente no cuenta con un consenso, con un acuerdo social. En todo caso, esa no es una responsabilidad nuestra, es del Gobierno. La otra cuestión, para nosotros fundamental, es tener la absoluta certeza de que la norma que firmemos va a ser aprobada por el Congreso”, ha advertido el secretario general de UGT.

Álvarez también ha precisado que la negociación sobre la reforma del sistema de pensiones no dejará “cosas para más adelante”.

Diálogo social para abordar la siniestralidad laboral y el despido

Álvarez también ha expuesto la necesidad de abrir nuevas mesas de diálogo con el Gobierno para abordar la siniestralidad laboral, “una de las grandes lacras de las relaciones laborales” en España, con casi 1 millón de accidentes de trabajo y un aumento del 17% en las muertes por accidente laboral en 2022 respecto al 2021.

“Es una situación del todo inaceptable. Urgen cambios en la política de seguridad y salud en el trabajo. Quiero empezar el año exigiendo al Ministerio de Trabajo la constitución de una mesa que aborde por la vía de la concertación los cambios necesarios desde el punto de vista legislativo para poner coto a los accidentes de trabajo”, ha reclamado el sindicalista.

El secretario general de UGT también ha recordado que el sindicato está a la espera de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) respecto a una demanda por el precio del despido. Ha sido admitido a trámite.

Álvarez ha recordado que el Ministerio de Yolanda Díaz “ha hecho suyas las exigencias de UGT” y que CCOO “ha interpuesto una demanda en términos similares”. Por eso, ha instado al Gobierno a adelantarse a la resolución, que será “vinculante y de obligatorio cumplimiento”, para “constituir una mesa de negociación” al respecto.

“¿Por qué esperar a la resolución? Deberíamos estar de acuerdo en la constitución de una mesa de negociación que pudiera adelantar un acuerdo para la resolución que, con toda seguridad, todo hace prever que será positiva para los intereses de los trabajadores”, ha señalado.

Redacción / Agencias