Los sindicatos reclaman la aprobación inmediata de la Ley de Vivienda
Los sindicatos reclaman la aprobación inmediata, junto con las enmiendas presentadas por las organizaciones sociales, de la ley de vivienda.
Las organizaciones de trabajadores consideran que la ley, que debe recoger las enmiendas elaboradas por el tejido social, tiene que estar lista antes del final de este periodo de sesiones.
“Se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que señala que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, señalan en un comunicado CCOO y UGT.
Ambas organizaciones han puesto especial interés en proponer medidas para que propietarios e inquilinos conozcan la existencia de amianto en sus viviendas, con el fin de que se garantice “la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan”.
También han apoyado enmiendas para que las bonificaciones fiscales en el IRPF se orienten a proteger derechos de alto interés público y social que justifiquen la concesión dicha ventaja. “La función social de la vivienda implica reservar dicha bonificación para aquellas viviendas cuyo coste de alquiler se sitúe dentro de unos niveles económicos razonables y asumibles por la población que reside de alquiler en las zonas residenciales de mercado tensionado”, apuntan.
Contra los desahucios exprés
Al tiempo, advierten de que “el escaso parque público con el que cuenta nuestro país en la actualidad no ofrece garantías para realojar a personas en situación de vulnerabilidad que se vean afectadas por un lanzamiento hipotecario o por impago de alquiler”. Así, entienden, “es necesario establecer medidas más restrictivas que las que se contemplan actualmente, basadas en una suspensión temporal del lanzamiento, con diferentes plazos según la condición del demandante (pequeño o gran tenedor)”.
Los sindicatos son partidarios de aumentar el parque público de viviendas, demandando a su vez la cesión de todas las viviendas propiedad de entidades con participación y control público, entre ellas la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (SAREB); así como la construcción de nuevas viviendas de protección oficial.
En relación al Consejo Asesor de la Vivienda cuya creación prevé la ley y a la presencia en él de los agentes sociales, los sindicatos defendieron su carácter institucional y su presencia en el mismo como “organizaciones sindicales más representativas”, además de reclamar como función de dicho Consejo la de crear indicadores de evaluación que permitan medir de forma adecuada e independiente si las ayudas y políticas públicas están siendo efectivas”.
Los sindicatos apoyan las enmiendas promovidas por la plataforma Iniciativa Ley Vivienda en la que se integran, y de la que forman parte diferentes colectivos y asociaciones que luchan para que se garantice el derecho a una vivienda digna.
Los colectivos que integran esta iniciativa, como el Sindicato de Inquilinos, la Plataforma Anti Desahucios o Nadie sin Hogar, entienden como fundamental la implicación de los sindicatos, ya las dificultades de acceso a la vivienda “afectan abrumadoramente a las clases trabajadoras y precarizadas”. Estas organizaciones se movilizaron la semana pasada en defensa de una ley que garantice en la práctica el acceso al derecho a la vivienda.
Redactor jefe de Noticias Obreras
