Entidades cristianas y de defensa de los derechos humanos denuncian derribos en un asentamiento de Huelva
El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) derribó 14 chabolas del asentamiento de Las Madres, aprovechando que los trabajadores migrantes habían marchado a la recogida de la uva en Logroño, sin ofrecer alternativas habitacionales.
Con esta nueva intervención realizada el pasado viernes, “se demuestra que, después de 23 años, lo único que saben hacer es tirar chabolas y dejar a trabajadores que contribuyen a crear riqueza, en la calle”, denuncia Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón.
A Milagros Villamarín, de la HOAC de Huelva, le parece muy triste que “una Administración pública que representa a los ciudadanos, se comporte de esta manera y aproveche que la gente no está en sus casa para derribarlas”.
También denuncia la “hipocresía absoluta” de la administración, a la que, en el fondo, dice, “no le interesa resolver el problema y le da igual en qué condiciones viven estas personas”. “Puede que la solución sea difícil y compleja, pero está claro que no hay verdadero interés en resolver la situación. Se firman un montón de papeles, pero, al final, lo único que saben hacer es dejar a la gente a calle, en vez de buscar la manera de paliar su situación hasta que se encuentre una solución definitiva”.
El pasado mes de julio, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Moguer y Lepe firmaron un Protocolo General de Actuación para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras. Pero de momento, no parece que se haya avanzado mucho, salvo en el recurso a las excavadoras.
Sin hogar al que regresar
Según los testimonios de los vecinos de este asentamiento, la policía local llevaba días comprobando qué infraviviendas estaban ocupadas y cuáles no, por lo que han podido actuar “con total alevosía”. Saben que los trabajadores han marchado a la recogida de la manzana en Lleida o de la uva en Logroño y están volviendo en estos días porque se está empezando a plantar las fresas, cultivo principal y motor económico de la campiña de Huelva. De hecho, algunas regresaron el mismo viernes encontrándose con sus hogares han sido derribados con todos sus muebles, documentación y enseres dentro.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que “estas prácticas no son nuevas”. Mientras están fuera, ya sea en otras campañas agrícolas de fuera de la provincia e incluso mientras trabajan en la fresa en Huelva, los ayuntamientos aprovechan para derribar las chabolas, lo que, unido a los repetidos incendios que se llevan por delante las chabolas, deja a estos trabajadores en situación de desamparo. Son muy pocos los que consiguen una vivienda en alquiler, porque la mayoría de la vecindad se deja vencer por los prejuicios.
Se calcula que en la provincia de Huelva existen unos 30 asentamientos repartidos en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer, donde habitan unas 3.000 personas, cifra que aumenta en la época alta de la recogida de los frutos rojos.
Solo la intervención de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y la denuncia de varias organizaciones ante la Guardia Civil, logró paralizar el derribo de 20 chabolas, sin alternativa habitacional, en un asentamiento de Lepe donde viven unas 50 personas.
Las organizaciones sociales denuncian, además, que los ayuntamientos se niegan a empadronar a las personas migrantes en sus chabolas, impidiendo, con ello, comenzar el proceso para formalizar su regularización. Incluso, se niegan a registrar las solicitudes, según pudieron constatar en una acción coordinada convocada el pasado mes de mayo, en la puerta de los ayuntamientos de Lucena del Puerto y Moguer para acompañar a 12 personas migrantes que intentaron sin éxito iniciar el proceso de inscripción en los censos municipales.
El Relator Especial de Naciones Unida sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, tras su visita a Huelva el 7 de febrero de 2020, denunció las inhumanas condiciones de vida a las que son sometidos personas migrantes.
Milagros Villamarín, de la HOAC de Huelva, una de las organizaciones presentes en el intento de registrar las solicitudes de empadronamiento, indica que “es importante que haya organizaciones y ciudadanos que se preocupan y sienten al otro como propio”. “Es necesario que cada vez sean más las personas y organizaciones que exijan a la administración que se comporten con honestidad y nobleza y que haga entender tanto a los responsables públicos como al resto de la ciudadanía que todos somos iguales y necesarios”, añade.
La militante obrera cristiana, igualmente, señala la hipocresía que supone “facilitar la regularización administrativa de personas solo cuando interesa, cuando hay dificultades para cubrir puestos de trabajos, como pasa ahora en el campo o la hostelería”, mientras se niega de forma habitual el derecho que asiste a las persona a incorporarse con plenas garantía a la sociedad en la que participan y a la que contribuyen con su trabajo.
Redactor jefe de Noticias Obreras
