En el Día Mundial del Agua, piden acabar con la sobreexplotación de los acuíferos
La ONU alerta de la sobrexplotación de los acuíferos. Ecologistas en Acción plantea una “planificación de los usos del agua acorde con el recurso disponible” y UGT reclama un gran Pacto del Agua.
Este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, Naciones Unidas llama la atención sobre las aguas subterráneas, unas aguas invisibles pero fundamentales para la vida, ya que la mayoría de zonas áridas dependen de este recurso que suministra el agua para el consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales. Las aguas subterráneas, además, permiten el buen funcionamiento de ecosistemas como los humedales y los ríos.
Por todo ello, la humanidad debe evitar extraer más agua de la que se recarga con la lluvia y la nieve y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso.
Una de cada dos personas del planeta Tierra pueden tener un acceso insuficiente al agua, al menos un mes al año, de aquí a 2050. La situación, que a la larga amenaza con convertir el agua en un nuevo petróleo, ya se aprecia alarmante en Asia o África, pero también empieza a percibirse en áreas tradicionalmente suministradoras de agua.
En España, se consume un volumen diario de agua superior al que las reservas hídricas, tanto superficiales como subterráneas, son capaces de sostener. En los últimos 25 años, además del exceso de consumo, los recursos hídricos disponibles se han reducido en torno a un 20% como consecuencia del aumento de la temperatura media a causa del cambio climático.
A esto hay que añadir el desorbitado incremento del regadío, que es el principal consumidor de agua en el país, especialmente si se tiene en cuenta el agua que vuelve al sistema hídrico después de utilizarse. Mientras en el abastecimiento a poblaciones vuelve el 80% del agua, en el regadío solo retorna al sistema hídrico el 10%. Porcentaje que, además, se reduce conforme aumenta la modernización y eficiencia de los riegos.
Actualmente hay algo más de cuatro millones de hectáreas de regadío que suponen, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 85% del consumo total de agua (consumos oficiales), sin contar los regadíos ilegales, que se estiman en un 5-10% adicional. Con el aumento de los pozos ilegales a lo largo del territorio en los últimos años, la superficie de regadío realmente existente en nuestro país oscila en torno a los cinco millones de hectáreas de superficie, lo que supone el 10% de la superficie nacional.
Para Ecologistas en Acción esto resulta insostenible. En la situación actual de sequía, con los embalses con unos niveles tan bajos que no se veían desde 1995, resultarán inevitables restricciones en el abastecimiento y a daños ambientales difícilmente recuperables.
Las Administraciones, en especial el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas, permiten y favorecen esta situación. Los planes hidrológicos, actualmente en fase de aprobación, aunque por un lado asumen la gravedad de la situación, siguen planteando la construcción de nuevos embalses y se abren a la autorización de nuevos regadíos. En definitiva, la superficie regada en el Estado español sigue aumentando de manera continua, a la vez que los recursos hídricos disponibles se están reduciendo, lo que conduce a un escenario de mayor insostenibilidad y vulnerabilidad.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción recuerda que es fundamental adoptar medidas a corto y medio plazo encaminadas a frenar la problemática existente en la gestión del agua. La organización propone como medida inmediata la restricción del riego en una buena parte del país y no reanudarlo hasta que el volumen de agua embalsada alcance los niveles aceptables.
Asimismo, la organización ecologista exige que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inicie un plan para la clausura en los próximos años de todos los pozos ilegales existentes, y que se destinen recursos para la supervisión del abuso de las extracciones y despilfarro de agua, lo cual es técnicamente viable.
Erika González Briz, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Las medidas para frenar la crisis hídrica pasan por la reducción de la superficie actual del regadío, la clausura de pozos ilegales y la planificación de los usos del agua acorde con el recurso disponible. Son actuaciones necesarias y viables, solo hace falta voluntad política”.
Por su parte UGT insta al Gobierno a acelerar las políticas e implantar las medidas necesarias para conseguir el buen estado de todas las masas de agua y de los ecosistemas asociados. La adaptación a la nueva realidad que produce el cambio climático, la gestión de los riesgos producidos por los fenómenos meteorológicos extremos y la eficiencia en el uso del agua son factores esenciales para cumplir los objetivos marcados en la Directiva Marco del Agua y proteger nuestras preciadas aguas subterráneas, en su opinión.
También la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) lamenta que las autoridades públicas están invirtiendo millones de euros en todo tipo de medidas aisladas para poner parches a esta situación, como el suministro de agua embotellada a la poblaciones, camiones cisterna, costosas plantas desnitrificadoras o conexiones con otras redes de abastecimiento, en lugar de invertir ese dinero en medidas que tengan un impacto real y a largo plazo en la vida de centenares de miles de consumidores.
Según sus datos, en el periodo entre 2010 y 2022, al menos 670.000 personas, especialmente residentes en municipios pequeños y medianos de carácter rural, han sufrido alteraciones en el abastecimiento de agua. Sería el equivalente a toda la población de Navarra o de la ciudad de Zaragoza.
La contaminación del agua por nitratos no es un problema nuevo, sin embargo en los últimos años se ha agudizado en España por el incremento exponencial de la cabaña porcina y la extensión del modelo ganadero industrial. Cientos de explotaciones industriales han aparecido por todo el territorio generando conflictos sociales y graves impactos ambientales. De hecho, la cada vez mayor contaminación de aguas superficiales y subterráneas forzó a la Comisión Europea a llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia en diciembre del año pasado por la deficiente aplicación de la Directiva de Nitratos.
Desde CECU lamentan que las autoridades públicas están invirtiendo millones de euros en todo tipo de medidas aisladas para poner parches a esta situación, como el suministro de agua embotellada a la poblaciones, camiones cisterna, costosas plantas desnitrificadoras o conexiones con otras redes de abastecimiento, en lugar de invertir ese dinero en medidas que tengan un impacto real y a largo plazo en la vida de centenares de miles de consumidores.
“Ninguna de estas medidas ataca el problema de raíz, que es el exceso de nitratos proveniente de la agricultura y ganadería industrial. No podemos seguir abordando el tema como problemas puntuales en municipios aislados, es un problema sistémico originado por las políticas agrarias de las últimas décadas. Es hora de apostar por modelos de producción de alimentos sostenibles y socialmente justos.” añadió Sánchez.
Redacción de Noticias Obreras.
