Las plataformas digitales de reparto maniobran para contrarrestar la “ley riders”

La “ley rider” se aprobará mañana en el Consejo de Ministros, entre feroces críticas de las asociaciones de repartidores afines a las empresas y el llamamiento de los principales sindicatos a hacer cumplir la nueva legislación.

El proyecto de ley, elaborado por vía de urgencia por el Ejecutivo, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos hace dos meses, trata de ordenar la actividad de las personas repartidoras conectadas a las aplicaciones de Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Stuart, entre otras. Este modelo de empleo, surgido al calor de la digitalización y la utilización, cuando menos, irregular de la figura del trabajador autónomo, se ha extendido rápidamente, a falta de mejores opciones, hasta llegar a ocupar a entre 15.000 y 25.000 personas, según algunas estimaciones.

Para CCOO y UGT, la ley, que podría entrar en vigor a partir de mañana apenas, regular apenas “unos mínimos”: los trabajadores conectados han de ser considerados trabajadores de las empresas propietarias y gestoras de la aplicación a través de la cual desarrollan su trabajo; al tiempo que los algoritmos de gestión deben ser conocidos por los propios trabajadores, su representantes legales y llegado el caso, la Inspección de trabajo.

Aunque las patronales CEOE y CEPYME suscribieron este acuerdo de mínimos en la mesa del diálogo social específica, las firmas afectadas han maniobrado y presionado hasta el último momento para impedir la nueva regulación. De hecho, han llegado a impulsar “asociaciones de repartidores”, a las que vincularse a través de la misma herramienta digital que gestiona los repartos, como AsoRiders, APRA, AAR o Repartidores Unidos, y a firmar acuerdos de Interés profesional, que permite negociar colectivamente las condiciones de prestación de servicios al amparo del Estatuto del Trabajo Autónomo. Estas entidades, alineadas con los intereses de las empresas, han llegado a convocar movilizaciones y campañas contra cualquier intento de ordenar este sector, de seguir siendo “falsos autónomos”, como reconoció, en septiembre del año pasado, el propio Tribunal Supremo (TS), en el caso de los repartidores de Glovo.

El sindicato UGT, que ha presentado el informe Análisis de la presión política y social de las plataformas de reparto, en una rueda de prensa, con la presencia del secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, y el delegado de UGT en Deliveroo, Felipe Díez, es de la opinión de que “el Gobierno tenía la oportunidad de avanzar en esta situación y regular profundamente el sector, pero ha sucumbido a la presión y el lobby de las plataformas, dejándola en su más mínima expresión”.

Con todo, considera positiva la ley, aunque “manifiestamente insuficiente para la realidad y las necesidades de las personas trabajadoras de este sector”. Por eso, demanda al Gobierno que desarrolle de manera más exhaustiva “esta ley de mínimos, por lo que UGT mantendrá su acción sindical en las empresas para vigilar el cumplimiento de la normativa y la defensa de los derechos laborales ante los abusos de estas plataformas”. En su opinión, se hace necesario “regular de manera eficiente este tipo de prácticas, que lo único que fomentan es la desregulación de derechos laborales y el fraude tanto a Hacienda como a la Seguridad Social”.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras