Mujeres y empleo: las brechas persisten con o sin pandemia

El enorme impacto de la pandemia sobre la economía y el empleo ha provocado que el análisis del mercado laboral ponga su foco especialmente en el volumen de empleo y en algunas situaciones que se derivan directamente de las nuevas circunstancias por su relevancia y excepcionalidad, como sucede con el número de personas en situación de reducción o suspensión de jornada por ERTE o los inactivos “forzados” (por no poder buscar empleo por las medidas restrictivas de la movilidad).

En esta anómala situación se corre el riesgo de eclipsar los problemas estructurales de nuestro mercado laboral, que afectan decisivamente a los resultados de nuestra economía, reduciendo su eficiencia y su capacidad de generar riqueza, y que sufren directamente en sus vidas millones de personas en forma de falta de trabajo, de condiciones laborales precarias y de rentas insuficientes para sufragar los gastos mínimos para llegar a fin de mes. Entre estas fallas estructurales se encuentran las brechas que sufren las mujeres en ámbitos esenciales del empleo, consecuencia de décadas (siglos) de discriminaciones, y que aún hoy determinan condiciones laborales y de vida más precarias que las de sus homólogos varones, como se ha vuelto a poner de manifiesto en los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2020.

Una de las diferencias más determinantes en el empleo entre uno y otro sexo es la masiva utilización del contrato a tiempo parcial cuando se contrata a mujeres

La primera brecha se refiere a la cantidad de empleo: mientras las mujeres son en España más de la mitad de las personas de 16 y más años (51,9%), solo ocupan el 45,9% del empleo¹. Por ello, su tasa de empleo (ocupados/personas de 16 y más años) es del 43,6%, mientras que la masculina se eleva al 54,3%. Dicho de otro modo, para igualar la tasa de empleo masculina, el número de mujeres ocupadas debería aumentar en 2,2 millones, un 25%, manteniéndose todo lo demás igual.

Esa menor ocupación implica, entre otras cosas, mayores niveles de desempleo. La tasa de paro femenina es del 18,3%, frente al 14,2% de la masculina. Son 4,2 puntos porcentuales más, que suponen una desviación del 29,4%. Esta tasa de paro es mayor para cualquier tramo de edad (excepto para el que va de 60 a 64 años), llegando a alcanzar una diferencia del 64,5% para las edades centrales de la vida laboral, de 40 a 44 años (9,5% la tasa de paro masculina y 15,7% la femenina). Además, el desempleo femenino también es más persistente: el 56,7% de las personas desempleadas de larga duración (buscan empleo desde hace más de un año) son mujeres, y el 56,1% de las de muy larga duración (más de dos años de búsqueda).

Más allá de estas diferencias cuantitativas (cruciales en sí mismas), el análisis de las cifras refleja también profundas brechas en el terreno más cualitativo del empleo y las relaciones laborales. Por ejemplo, siendo para ambos sexos disparatadamente elevada, la temporalidad del empleo es mayor para las mujeres (26,6% frente a 22,8% de los hombres).

Sin duda una de las diferencias más determinantes en el empleo entre uno y otro sexo es la masiva utilización del contrato a tiempo parcial cuando se contrata a mujeres. Casi una de cada cuatro ocupadas (23,5%) desempeña su trabajo a jornada parcial, mientras que entre los hombres solo es uno de cada quince (6,9%). En total, tres de cada cuatro empleos a tiempo parcial son ocupados por mujeres (74,4%). Se trata –y esto es lo relevante– de una parcialidad del empleo involuntaria, puesto que muy mayoritariamente se debe a que no encuentran un trabajo a jornada completa (52,2% entre las mujeres y 57% entre los hombres). Detrás de estas diferencias en las tasas de parcialidad por sexo está la pesada carga de tareas no remuneradas que lastran las carreras laborales femeninas: el 13,2% se emplea con jornada reducida para atender al cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores, frente a solo el 2,5% de los hombres con esta jornada; y el 5,3% lo hace para seguir cursos de enseñanza o formación, frente al 11,9% de los hombres. La parcialidad de la jornada y sus motivos, sin duda, reflejan bien a las claras la histórica discriminación laboral y social de las mujeres.

Todos los indicadores reflejan la extensa y persistente discriminación de las mujeres en el mercado laboral, con incidencia determinante sobre su calidad de vida y sobre sus expectativas de desarrollo profesional, personal y avance económico y social

Estas diferencias en la prevalencia del contrato a jornada parcial entre uno y otro sexo resultan especialmente acentuadas en aquellas ramas de actividad, hoy consideradas por fin esenciales, y que están claramente feminizadas, como la Educación (66,5% de mujeres y una incidencia de la jornada parcial femenina del 20,3% frente al 13,6% de la masculina) y las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales (76,4% de mujeres y 16,6% de jornada parcial femenina, el doble que la masculina que se queda en 8,4%). Todavía mayor es la divergencia en otras actividades con porcentajes de mujeres en torno al 50%, como el Comercio (24,4% de parcialidad entre las mujeres frente a 7,7% entre los hombres) y la Hostelería (37,4% de parcialidad entre las mujeres y 21,7 % entre los hombres).

En cuanto al tipo de ocupación desempeñado, también se aprecian sesgos decisivos. Por ejemplo, las mujeres siguen infra representadas en las ocupaciones directivas y de gerencia (34,2% del total) o técnicas y profesionales de apoyo (38,9%), mientras se emplean muy mayoritariamente en las ocupaciones elementales (58,1%), contables, administrativas y de oficina (68%) y servicios de restauración, personales y venta (60,1%), que en general implican reducidos niveles de mando y responsabilidad profesional y, en consecuencia, poseen retribuciones más bajas.

De los dos problemas expuestos en los párrafos anteriores (insuficiencia de horas trabajadas y discriminaciones cualitativas en el empleo) se deriva en gran medida la enorme brecha salarial en contra de las mujeres. Si se tiene en cuenta la diferente estructura del empleo mencionada antes (en jornada y ocupaciones), los salarios retribuyen a las mujeres en media un 18,4% menos que a los hombres², unos 5.600 euros menos al año. Si se aproxima la brecha mediante la ganancia ordinaria por hora trabajada, que elimina las diferencias debidas al menor número de horas trabajadas, la brecha se sitúa en el 11,3%, igualmente inaceptable. Esta discriminación salarial supone no solo una evidente erosión en su calidad de vida actual, sino también una merma de las cotizaciones pagadas y, en consecuencia, en las cuantías de las pensiones futuras.

Sin embargo, aunque las mujeres sufran peores condiciones de trabajo que los hombres, y sus expectativas de ingresos futuros sean también peores, la participación laboral femenina se ha mantenido prácticamente estable en el año 2020 con respecto a 2019 (su tasa de actividad se ha reducido 2 décimas, del 53,55% al 53,35%) mientras que la masculina ha perdido casi un punto (de 64,34 a 63,30%). Esto no es más que la continuación de la tendencia predominante en el mercado de trabajo español en los últimos 10 años: frente a una caída de la participación laboral masculina de más de 4 puntos (del 67,42 en 2011 al 63,30 en 2020) la participación femenina se ha mantenido prácticamente estable (del 53,44 al 53,35) e incluso aumentó en los años más duros de la anterior recesión.

En suma, todos los indicadores expuestos reflejan una realidad que, no por conocida y repetida, pierde relevancia: la extensa y persistente discriminación de las mujeres en el mercado laboral, con incidencia determinante sobre su calidad de vida y sobre sus expectativas de desarrollo profesional, personal y avance económico y social.

En este contexto, la pandemia del Covid-19 afecta muy duramente a las mujeres que, como se ha observado, son mayoritarias en las ramas consideradas esenciales, aunque con condiciones laborales más precarias que los hombres. Esta mayor precariedad se ve en gran medida acrecentada por sus mayores responsabilidades en el ámbito privado del hogar, que además se están incrementado considerablemente debido a las restricciones de los contactos sociales por la pandemia –tareas de apoyo educativo, preparación de comidas para toda la familia, cuidados sanitarios de baja intensidad–.

Las mujeres españolas se encuentran ante un dilema de difícil solución: no pueden abandonar el mercado de trabajo, pero tampoco pueden dejar las tareas de cuidados, que cada vez son más exigentes. La contratación a jornada parcial es una falsa solución a esta situación. De esta manera, la economía española está perdiendo una parte sustancial de la contribución potencial de las mujeres a la generación de valor añadido y también de valor social.  La escasez y deterioro de la oferta de servicios públicos de cuidados está agravando las condiciones de vida y trabajo de las mujeres, por lo que es preciso dimensionarlos adecuadamente y dotarlos con personal suficiente, con contratos y salarios decentes.

La pandemia no puede servir de excusa para justificar la parálisis a la hora de adoptar las medidas necesarias para superar tales desequilibrios ya que, como observamos, no hace sino aumentar o enquistar los mismos. Muy al contrario, la persistencia de esas brechas laborales, salariales y sociales requiere poner este problema en primer plano del análisis para situarlo también en la primera línea de la agenda política de nuestro país. Los avances en políticas de igualdad son aún insuficientes para erradicar la desigualdades y discriminaciones por sexo en el ámbito laboral, que se encuentran en la base de otras situaciones corrosivas de nuestra sociedad, como la pobreza y la exclusión femenina e infantil. Si no se insiste en la toma de decisiones específicas sobre esta materia, el necesario cambio no terminará de producirse nunca.

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¹ Todos los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2020, salvo indicación expresa en contrario.
² Datos del Decil de salarios en el empleo principal de la EPA para 2019. El indicador homólogo según la última Encuesta de Estructura Salarial correspondiente a 2018 lo cifra en el 21,4%.
* Este artículo ha sido publicado originalmente en Economistas frente a la crisis.

Cecilia Castaño Collado

Catedrática de Economía Aplicada
Vicepresidenta de Economistas Frente a la Crisis