Nuevos derechos para las familias y tres meses de plazo máximo para resolver la dependencia
El Gobierno aprueba dos decretos que amplían la protección de las familias con mayores necesidades de apoyo (monoparentales, numerosas con bajos ingresos y con personas con discapacidad) y refuerzan la atención a la dependencia. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030estima que las medidas de apoyo a la crianza alcanzarán a unas 760.000 familias. La reforma de los cuidados reduce a la mitad el plazo máximo para resolver las solicitudes
Las familias con un solo progenitor contarán con un título oficial válido en toda España y las que tengan al menos dos hijos podrán acceder a los beneficios de las familias numerosas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que reconoce a estos hogares y amplía la protección de las familias numerosas y de aquellas en las que un progenitor tiene una discapacidad. Un segundo decreto reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver las solicitudes de dependencia y amplía los apoyos para que las personas puedan seguir viviendo en su entorno.
Los dos decretos centran la nueva entrega de los “martes sociales” antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha vinculado ambas medidas con el reconocimiento de un trabajo que, según ha señalado, “ha quedado sistemáticamente excluido de la protección social, que es el trabajo de cuidados”. El ministro ha confirmado que defenderá los dos textos ante la Diputación Permanente del Congreso y no ha precisado cuándo se votarán ni con qué apoyos cuenta.
Un título estatal para quienes cuidan y crían en solitario
El nuevo título acreditará la condición de familia monoparental en todo el país. También podrá reconocerse en determinados hogares con dos progenitores cuando solo uno ejerza de hecho la guarda. Bustinduy ha citado supuestos de violencia de género y de ausencia prolongada por hospitalización o prisión. Según los datos que ha presentado, el 80% de los hogares con un único progenitor está encabezado por mujeres y más de la mitad está en riesgo de pobreza o exclusión social.
El reconocimiento dará acceso a medidas específicas en políticas de empleo, educación, becas y ayudas, así como a bonificaciones y exenciones en el transporte público y en servicios sociales, culturales y deportivos. Las familias monoparentales con dos o más hijos accederán a los beneficios de las numerosas, entre ellos la deducción anual de 1.200 euros citada por el ministro. La equiparación alcanzará también a las familias con dos o más hijos cuando uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33%.
La categoría especial de familia numerosa se extenderá a los hogares con cuatro hijos y a determinados casos con tres, por nivel de ingresos o cuando al menos dos procedan de un mismo parto, adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción. El decreto contempla también que puedan mantenerse dos títulos en separaciones con custodia compartida y refuerza la protección frente al impago de alimentos.
El Ministerio de Derechos Sociales calcula que el conjunto de estas medidas movilizará más de 820 millones de euros al año y beneficiará a unas 760.000 familias, cerca de tres millones de personas. El decreto recupera parte de las medidas de la Ley de Familias, cuyo proyecto decayó con el adelanto electoral.
Menos espera y más apoyos para seguir viviendo en casa
El decreto de dependencia reduce de seis a tres meses el plazo máximo legal para resolver las solicitudes de prestaciones. El reto para las administraciones será trasladar ese cambio a los tiempos efectivos de atención. Según el balance presentado por Bustinduy, al cierre de octubre el sistema atendía a 1.773.789 personas y otras 123.474 estaban en lista de espera. El ministro mantiene el objetivo de eliminarla a finales de 2027.
La reforma prevé extender la teleasistencia a todas las personas con dependencia reconocida e incorporar tecnología para detectar situaciones de soledad involuntaria, aislamiento o riesgo social. La ayuda a domicilio podrá prestarse fuera de la vivienda y distinguirá entre apoyos personales y tareas domésticas. También se podrán compartir prestaciones, una posibilidad que el ministro ha destacado para el medio rural, y combinar servicios como la ayuda a domicilio y los centros de día según las necesidades de cada persona.
La aportación estatal prevista para 2027 asciende a 7.240 millones de euros, con el objetivo de que la Administración General del Estado cubra la mitad del coste del sistema. El refuerzo adicional de 6.200 millones anunciado en junio abarca el segundo semestre de 2026 y todo 2027.
El Consejo de Ministros ha aprobado además medidas de seguridad ferroviaria y de protección laboral del personal del sector, la creación del defensor de las víctimas de accidentes de transporte colectivo, ayudas por la dana Adam, la estrategia de cultura científica y el plan de igualdad entre mujeres y hombres. Sobre Ceuta, la portavoz ha informado de la puesta en marcha de los bonos para el comercio local y del desmantelamiento de dos recursos temporales en el puerto.
En el turno de preguntas, Bustinduy ha llamado a secundar la huelga general del 11 de noviembre y ha confirmado que defenderá el decreto de alquileres ante la Diputación Permanente. Elma Saiz ha pedido respeto a los sindicatos y al derecho de huelga.
Al Constitucional la “prioridad nacional” de PP y Vox de la Generalitat Valenciana en el acceso a la vivienda y prestaciones socialesEl Consejo de Ministros ha acordado este martes recurrir ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de la ley valenciana de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. El recurso impugna la “prioridad nacional” impulsada por PP y Vox en el acceso a la vivienda y a las prestaciones sociales. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que el Ejecutivo considera que esas disposiciones contradicen las condiciones básicas de igualdad y el estatuto jurídico de las personas extranjeras. La impugnación se extiende a otros preceptos. Según Saiz, el Gobierno cuestiona la eliminación de referencias expresas a la no discriminación de las personas LGTBI y a la diversidad sexual, familiar y de género en el ámbito educativo, así como la limitación de los menús alternativos por razones culturales o religiosas. Preguntada por la posibilidad de recurrir medidas similares en otras comunidades autónomas, Saiz ha afirmado que el Gobierno utilizará las herramientas a su alcance para defender los derechos que protege la Constitución. La portavoz ha circunscrito el anuncio de este martes a la ley valenciana. |
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
