El arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agrelo, y una treintena de sacerdotes llaman a no respaldar políticas que fomenten la desigualdad, el odio y el autoritarismo

Una treintena de sacerdotes ha hecho público el manifiesto “El Evangelio no nos permite callar”, en el que, de cara a las próximas elecciones del 29N, rechazan opciones políticas que promuevan la desigualdad, la discriminación, la mentira o el deterioro democrático, y defienden el fortalecimiento de los servicios públicos, la acogida de las personas migrantes y el respeto de los derechos humanos.
Los firmantes, sacerdotes comprometidos con comunidades y realidades sociales diversas que acompañan diariamente a personas en situación de pobreza, exclusión y precariedad, explican que el aumento de las desigualdades y el sufrimiento de quienes tienen dificultades para acceder a derechos básicos les ha llevado a intervenir públicamente ante la próxima cita electoral.
La presencia entre los firmantes del arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agrelo, resulta especialmente significativa por su trayectoria de defensa de las personas migrantes y refugiadas y su denuncia de las políticas que deshumanizan a quienes buscan una vida digna.
“Nos interpelan los pobres, el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia y nuestra conciencia”, afirman.
Las decisiones políticas inciden en muchas de las personas a las que acompañan en su vida diaria, detallan, a la hora de acceder a la vivienda, el trabajo, la alimentación, la sanidad, la educación o los cuidados, por lo que consideran que “su sufrimiento impide un silencio cómodo”.
Aunque subrayan que no pretenden indicar el voto a ninguna candidatura concreta, sí consideran necesario señalar qué políticas, a su juicio, resultan incompatibles con la dignidad humana y con los principios inspirados en el Evangelio.
“El silencio ante lo que ocurre nunca fue la práctica del tal Jesús”, afirman en uno de los pasajes del documento.
“La criminalización de la inmigración convierte al extranjero en amenaza electoral”
El manifiesto advierte contra el deterioro de las instituciones democráticas y rechaza el respaldo a formaciones o propuestas que justifiquen el autoritarismo o presenten la dictadura como una solución política. Al tiempo, defienden la independencia judicial y el respeto a las libertades públicas y el derecho internacional.
Los sacerdotes también muestran su preocupación por la difusión de desinformación y por el uso político del miedo y la confrontación. En este apartado critican expresamente la propagación de bulos, la deshumanización del adversario político y la criminalización de las personas migrantes.
“La criminalización de la inmigración convierte al extranjero en amenaza electoral, enfrenta a personas vulnerables y oculta las causas de la desigualdad”, sostienen los firmantes, que recuerdan la llamada evangélica a la acogida de quienes llegan de otros países.
Ante las desigualdades sociales, reclaman garantizar el acceso universal a la vivienda, la alimentación saludable, la sanidad, la educación, la cultura y los cuidados. También denuncian la concentración de riqueza y la existencia de personas sin acceso a una vivienda digna en una sociedad que, según señalan, dispone de recursos suficientes para erradicar muchas situaciones de pobreza.
El manifiesto dedica una atención específica a la situación de las personas privadas de libertad, denunciando deficiencias en la atención sanitaria dentro de las cárceles y reclama una especial atención a los problemas de salud mental que afectan a la población reclusa.
Llamamiento al discernimiento y al voto responsable
El texto rechaza igualmente las posiciones antifeministas, homófobas y patriarcales y defiende políticas que promuevan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la protección de los derechos de las personas LGTBI+.
En materia ambiental, los sacerdotes expresan su preocupación por el negacionismo climático y por los proyectos económicos que deterioran ecosistemas y recursos naturales, especialmente en áreas rurales afectadas por la despoblación. Alertan de que determinados territorios no pueden convertirse en “zonas de sacrificio” en beneficio de intereses económicos particulares.
Los firmantes apelan también a los responsables de la Iglesia católica para que avancen en transparencia institucional y revisen, incluso, las inmatriculaciones para que aquellos bienes cuya titularidad no esté debidamente acreditada pueden ser restituidos a la sociedad.
Frente a estas posiciones, los firmantes apuestan por una democracia participativa y transparente, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de los servicios públicos y unas políticas orientadas al bien común.
También defienden la regularización y acogida de personas migrantes, la libertad de conciencia, una transición ecológica justa, la cooperación internacional y el compromiso con la paz y los derechos humanos.
El documento concluye con un llamamiento al discernimiento y al voto responsable, partiendo de que “ningún partido realiza plenamente el Evangelio: todos deben someterse al examen de sus hechos”, por lo que lejos de llamar a la obediencia electoral, invita a una reflexión ética sobre las consecuencias de las decisiones políticas.
“Cuando una política desprecia a los últimos, nuestra fe nos obliga a levantar la voz. Y nuestra conciencia, a no darle nuestro voto”, concluye el manifiesto.
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Montes.

Redactor jefe de Noticias Obreras



