Democracia y corrupción en Perú: cuando el poder deja de servir

Democracia y corrupción en Perú: cuando el poder deja de servir
Hablar de democracia y corrupción en el Perú es hablar de una herida que todavía no cierra.

Pero la corrupción no puede entenderse solamente como el funcionario que recibe una «coima», el contrato direccionado o el dinero público que desaparece. Hay algo más profundo: la corrupción comienza cuando el poder, que debería estar al servicio de la comunidad, deja de ser una responsabilidad y empieza a ser entendido como propiedad de quien lo ejerce.

Desde mi experiencia como mujer de fe y militante social, esta cuestión tiene también una dimensión espiritual. El poder no nos pertenece. Cuando una persona recibe una responsabilidad pública, recibe la confianza de otros. Por eso una expresión que procuro asumir en mi propia vida política es «mandar obedeciendo». Parece una contradicción, pero encierra una profunda verdad democrática: quien manda debe aprender primero a escuchar, obedecer la voluntad popular y rendir cuentas ante aquellos a quienes representa.

La corrupción rompe precisamente esa relación. Convierte el mandato ciudadano en apropiación y, cuando esto ocurre, no solamente se pierde dinero público; se pierde la confianza, se deterioran las instituciones y se debilita la esperanza de quienes esperan que la política pueda transformar sus condiciones de vida.

Los datos nos muestran la dimensión del problema. La XIII Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción de Proética señala que el 88% de las personas encuestadas considera que la corrupción aumentó durante los últimos cinco años. Ocho de cada diez sostienen que afecta directamente su vida cotidiana; el 42% señala que reduce su confianza en el Estado, los políticos y las autoridades, y el 39% identifica efectos sobre servicios esenciales como salud y educación.

Detrás de cada porcentaje hay rostros concretos. Es la familia que espera una atención de salud, el joven que no encuentra oportunidades, la comunidad que reclama una obra que nunca llega. Por eso, la corrupción también es una forma de despojo: se apropia de recursos que pertenecen a todos y termina afectando con mayor dureza a quienes tienen menos posibilidades de defender sus derechos.

Combatirla exige leyes, controles, transparencia y sanciones. Pero también exige formar conciencias. No basta esperar que otros vigilen al poder. Una democracia viva necesita ciudadanos que pregunten, participen, se organicen, fiscalicen y exijan rendición de cuentas.

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Desde la fe cristiana, me planteo una pregunta que va más allá de la legalidad: ¿para quién ejercemos el poder? El Evangelio nos recuerda que quien quiere ser grande está llamado a hacerse servidor. Para quienes venimos de una tradición de compromiso con los trabajadores y con los sectores más vulnerables, esa palabra tiene una fuerza profundamente política: gobernar es servir, representar es escuchar y ejercer autoridad es asumir una responsabilidad ante los demás.

La esperanza cristiana no significa cerrar los ojos ante la realidad. Significa creer que podemos transformarla. Y esa esperanza se vuelve concreta cuando uno se organiza, participa y se compromete.

Defender la democracia es, defender también una manera distinta de entender el poder: no como privilegio, ni como apropiación, sino como servicio. Mandar obedeciendo es, en el fondo, recordar que ninguna autoridad está por encima del pueblo y que toda responsabilidad pública encuentra su verdadero sentido cuando está puesta al servicio de la vida, la dignidad y el bien de todos.

 

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