Los sindicatos critican la propuesta de Feijóo de permitir a las mutuas dar altas por enfermedad
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, propone que las mutuas laborales emitan las altas médicas como remedio al “fraude” del absentismo, haciendo suya una de las principales reivindicaciones de las organizaciones empresariales. Los sindicatos se oponen y advierten del “conflicto de interés” que supone otorgar más competencias a entidades controladas por las empresas.
Durante un encuentro con la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrassa (CECOT), Feijóo volvió a vincular el aumento de las bajas laborales con la existencia de fraude y defendió una mayor intervención de las mutuas.
“¿Hay fraude fiscal? Sí. ¿Hay fraude en el absentismo por bajas? Sí. Persigámoslo”, afirmó ante representantes empresariales, insistiendo en que el coste económico de las ausencias laborales justifica endurecer los mecanismos de control.
El presidente del PP fue más allá y reiteró su intención de ampliar las competencias de las mutuas. “¿Vamos a reforzar el papel de las mutuas? Sí. ¿Vamos a facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas? Sí. ¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí”, sostuvo, presentando esta medida como una fórmula para reducir la duración de las bajas y aliviar la carga asistencial del sistema sanitario público.
Prestaciones financiadas con fondos públicos
El sindicato UGT ha reaccionando recordado que no es una idea nueva sino que, casi palabra por palabra”, copia las propuestas de las asociación de mutuas AMAT de “dar el alta en contingencias comunes, al menos en procesos traumatológicos y de psiquiatría”.
Como ha recordado, su vicepresidente, Fernando Luján “las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que gestionan fondos públicos pero están gobernadas por las empresas asociadas. Y nadie puede ser juez y parte”.
Así ha explicado que son las mutuas quienes abona la prestación por enfermedad común, por lo que “cada día de baja pesa en sus resultados de gestión”.
A su juicio “darle además la facultad de decidir cuándo termina esa baja es dejar la salud de la persona trabajadora en manos de quien tiene un interés económico directo en que vuelva a su puesto cuanto antes. Eso no es gestión sanitaria: es un conflicto de intereses” insistió.
Lujan en una intervención en una jornada sobre absentismo laboral en Madrid organizada por la Asociación de Dirección de las Relaciones Laborales, ya criticó el uso interesado del término “absentismo” para culpabilizar a “personas que no hacen otra cosa que ejercer un derecho reconocido por la ley”.
“Denominan absentista a la mujer que falta al trabajo porque está recibiendo quimioterapia. Denominan absentista al padre que se queda con su hijo recién nacido, a la madre que duerme en una silla de hospital junto a su hija ingresada, al trabajador que entierra a su padre. Según ellos , absentista es quien lleva cuatro meses esperando a que lo operen de la cadera porque la sanidad pública no llega. A eso lo llaman absentismo”, detalló.
Es más, se extendió, “no son ausencias voluntarias ni falta de compromiso: son enfermedades, nacimientos, cuidados y duelos, y la ley los protege porque son derechos”.
Propuestas tramposas y ventajistas
También CCOO apela a la contradicción que supone que sean las “personas designadas desde las empresas” las que decidan sobre la conveniencia de dar de alta a quienes reciben una prestación que se “financian exclusivamente con cotizaciones sociales y gestionan exclusivamente prestaciones públicas de Seguridad Social”.
Para este sindicato, las soluciones de las patronales que el PP ha asumido son “propuestas tramposas y ventajistas” que vulneran los derechos de las personas trabajadoras.
“En el caso de las prestaciones por contingencias comunes, el reconocimiento está y debe seguir estando reservado a funcionarios públicos para garantizar el acceso objetivo a los derechos sociales de las personas trabajadoras”, defiende esta organización.
Desde CCOO, apuntan a que “el fenómeno de la incapacidad temporal requiere una respuesta sanitaria para garantizar la recuperación de la salud en el menor tiempo posible” y niegan la mayor: no existe un fenómeno generalizado de fraude.
Ambas organizaciones de trabajadores y trabajadoras subrayan que ya existen “instrumentos de control” y mecanismos para evitar posibles abusos.
Las mutuas pueden hacer seguimiento de los procesos y suspender la prestación, según los artículos 82.4 y 175.3 de la Ley General de la Seguridad Social, mientras que las empresa pueden verificar el estado de salud mediante reconocimiento médico, tal y como recoge el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores.
“Lo que no pueden, y no deben poder, es decidir el alta”, dijo Luján, quien añadió que El alta y la baja siempre han sido, y así deben seguir siendo, una decisión del facultativo que trata a la persona enferma, en el sistema público de salud. Es un acto médico, no un acto de gestión económica”.
Incluso, aclaró, “cuando se afirma que hay fraude en las bajas, se está acusando a los médicos de familia que las firman”.
Reducir las listas de espera y mejorar la atención sanitaria
Desde el sindicato que dirige Unai Sordo, completan que hay las propuestas abordadas a través del diálogo social, con la participación de las organizaciones empresariales, encaminadas a reducir los tiempos de recuperación de la salud de las personas trabajadoras enfermas.
Entre ellas, la suscripción de convenios de colaboración para que, con la participación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, los Servicios Públicos de Salud puedan tener a su disposición los recursos ociosos de las mutuas para adelantar pruebas y procesos rehabilitadores para trabajadores en baja médica.
Su bienen Baleares, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Ceuta y Melilla ya se han dado pasos en esta dirección, la mayoría de los Gobiernos autonómicos competentes no se han dado por aludidos.
La mejora de la gestión de las incapacidades temporales pasa por reforzar los recursos del sistema público, los sistema de prevención y mejoras de la coordinación institucional,
En este sentido, UGT reclama “reforzar la atención primaria y reducir las listas de espera”, al tiempo que exige “aprobar sin más demora la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, que fue aprobada como anteproyecto el pasado mes de abril y sigue pendiente de su tramitación parlamentaria.
Además, defiende “reducir la jornada” y “fortalecer la negociación colectiva”, para mejorar las condiciones de trabajo, prevenir riesgos para la salud y avanzar en la protección de los derechos de las personas trabajadoras.
Desde CCOO puntualizan que para ampliar la participación de las mutuas en el control de la incapacidad temporal, antes habría que transformar su actual naturaleza jurídica. En caso de recurrir también a los recursos de las mutuas, habría que “superar el actual modelo de Mutua y publicitarlas”.
La organización ha planteado que estas entidades, actualmente reconocidas como colaboradoras de la Seguridad Social, se integren plenamente en ella “como lo que son y deben ser, entidades gestoras de la Seguridad Social”, bajo su dirección y gerencia.
Est sindicato defiende que este proceso debe desarrollarse garantizando a las personas trabajadoras de las mutuas “todos sus derechos y garantías”, así como mediante una integración “ordenada y respetuosa con la calidad del empleo”.
Según la organización sindical, este modelo permitiría establecer “un control público”, acompañado de las debidas garantías de “sigilo e intimidad” para las personas afectadas y de procedimientos que aseguren el ejercicio de sus derechos y la posibilidad de defensa cuando consideren vulnerado “un principio tan importante y fundamental, como es el de la salud”.
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