Los obispos catalanes respaldan una reflexión que cuestiona la especulación inmobiliaria y la precariedad
La Conferencia Episcopal Tarraconense hace suya la denuncia de que tener trabajo ya no garantiza una vivienda digna y reclama afrontar las causas estructurales de la exclusión. Los obispos también nombran a Gregorio Belmonte, militante de la HOAC-GOAC, nuevo responsable de la Pastoral Obrera de Cataluña
Los obispos de las diócesis catalanas han respaldado una reflexión que cuestiona la especulación inmobiliaria, la precariedad y las políticas insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda. La Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) ha hecho suyo el pronunciamiento del obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, que advierte de que tener empleo ya no asegura el acceso a un hogar y reclama respuestas políticas capaces de afrontar las causas estructurales de la exclusión. El respaldo se produce en plena movilización social por la vivienda y a menos de un mes de la huelga general del 11 de noviembre convocada por los sindicatos.
La adhesión fue acordada durante la última reunión de la CET, celebrada los días 8 y 9 de octubre en Barcelona, según el comunicado difundido este domingo. Los obispos abordaron el complejo momento eclesial, social, político y económico y, en ese contexto, decidieron respaldar expresamente la reflexión Oídos en las acampadas, publicada el 5 de octubre por Gómez como responsable de Pastoral Obrera y de Migraciones e Interculturalidad de la conferencia episcopal.
El pronunciamiento sitúa en un mismo horizonte de preocupación las acampadas por el derecho a la vivienda y la situación de cientos de menores migrantes en Ceuta. Aunque reconoce que se trata de realidades diferentes, considera que ambas muestran las insuficiencias de las estructuras encargadas de proteger a las personas más vulnerables.
En las plazas, señala Gómez, las movilizaciones denuncian que el derecho a la vivienda no está garantizado y que tener trabajo no asegura poder pagar un hogar. En Ceuta, los menores migrantes se ven obligados a buscar refugio en tiendas improvisadas. En ambos casos, advierte de que las instituciones no siempre ofrecen la protección necesaria y, en ocasiones, llegan a presentar como problema a las propias personas afectadas.
La vivienda como negocio y las causas de la exclusión
La reflexión respaldada por los obispos identifica entre los factores de la crisis habitacional la escasez de vivienda asequible, la precariedad, la especulación, la búsqueda del máximo rendimiento económico y la insuficiencia de las políticas públicas.
El obispo plantea que no basta con responder a las situaciones de emergencia, sino que resulta necesario actuar sobre sus causas. En este sentido, cuestiona que la vivienda sea tratada prioritariamente como un producto financiero en lugar de reconocerse su función como hogar y condición indispensable para una vida digna.
“Algo no funciona cuando la casa se ve como un negocio y un activo financiero, antes que como un hogar”, afirma Gómez, que extiende su crítica a la manera en que se contempla a las personas migrantes cuando se las presenta como una amenaza antes que como sujetos de derechos necesitados de protección.
Su planteamiento incorpora una exigencia de transformación social: “Dejemos de castigar a las personas empobrecidas y luchemos contra la pobreza y la precariedad”.
La adhesión de la Tarraconense supone que esta lectura de la crisis social, expresada inicialmente por el responsable episcopal de Pastoral Obrera y Migraciones, recibe ahora el respaldo del conjunto de los obispos catalanes.
El pronunciamiento coincide con un momento de creciente convergencia entre las reivindicaciones por el derecho a la vivienda y las demandas del mundo del trabajo. La convocatoria de huelga general del 11 de noviembre, impulsada por CCOO y UGT junto al movimiento inquilino y otras organizaciones sindicales y sociales, ha situado en el centro del conflicto la relación entre salarios, precios de la vivienda y condiciones materiales para desarrollar un proyecto de vida digno.
Aunque la CET no se pronuncia sobre esta convocatoria sindical, su respaldo a la reflexión de Gómez refuerza una preocupación compartida: la existencia de empleo no garantiza por sí sola unas condiciones de vida dignas cuando el acceso a la vivienda consume una parte creciente de los ingresos de las personas trabajadoras.
Una exigencia de respuestas políticas y acuerdos de Estado
La reflexión episcopal recupera también la pregunta planteada por León XIV: “¿Cuál es el problema del sistema que permite que una persona mayor sea expulsada de su casa?”.
La referencia está vinculada con la conmoción social provocada por el desahucio de Maricarmen, convertida en símbolo de las movilizaciones por el derecho a la vivienda, y con el cuestionamiento que el pontífice hizo de las estructuras que permiten este tipo de situaciones.
Gómez utiliza esa pregunta para ampliar el diagnóstico hacia los problemas sistémicos que afectan tanto a las personas privadas de un hogar como a quienes se ven forzadas a abandonar sus países. Su reflexión insiste en que las distintas emergencias no deben enfrentarse entre sí ni utilizarse para desplazar la atención de unas víctimas hacia otras.
El obispo reclama que las administraciones asuman la vivienda como una prioridad política y respondan mediante acuerdos capaces de superar las soluciones parciales o coyunturales. En su texto defiende la necesidad de “respuestas, pactos de Estado y acuerdos entre administraciones públicas y ciudadanía que no pueden esperar”.
Esta apelación converge con el llamamiento realizado recientemente por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, a alcanzar un pacto de Estado para afrontar estructuralmente la crisis de la vivienda, así como con las reclamaciones de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que ha advertido de que disponer de un empleo ya no garantiza el acceso a una vivienda digna.
La reflexión de Gómez concluye situando la responsabilidad cristiana más allá de la compasión ante el sufrimiento. El Evangelio, sostiene, exige acercarse a las personas afectadas, conocer sus historias y traducir esa proximidad en decisiones que permitan garantizar sus derechos.
Para el obispo, la respuesta a la exclusión constituye una medida de la calidad democrática y humana de la sociedad: “El nivel de cualquier civilización se mide por la forma en que protege la vida y la dignidad de los más vulnerables”.
Gregorio Belmonte, nuevo responsable de la Pastoral Obrera de Cataluña
La reunión de la Conferencia Episcopal Tarraconense ha aprobado también el nombramiento de Gregorio Belmonte Ferrer, militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC-GOAC), como nuevo director del Secretariado Interdiocesano de Pastoral Obrera de Cataluña (SIPOC), por un periodo de tres años.
Belmonte sustituye a Mercè Solé, a quien los obispos han expresado su agradecimiento por los cinco años de servicio al frente de este organismo encargado de impulsar y coordinar la pastoral obrera en las diócesis catalanas.
El nombramiento mantiene la vinculación entre la responsabilidad interdiocesana de la pastoral obrera y los movimientos especializados de Acción Católica, en un contexto marcado por los desafíos que plantean la precariedad, la desigualdad social, las migraciones y el acceso a la vivienda.
Los obispos preparan la evaluación del proceso sinodal
En la misma reunión, el obispo de Solsona, Francesc Conesa, presentó el itinerario que deberán seguir las diócesis catalanas durante este curso para evaluar la implementación del Sínodo sobre la sinodalidad.
Los trabajos tomarán como referencia el documento Hacer memoria, difundido por la Secretaría General del Sínodo, y estarán orientados a preparar las asambleas de evaluación de las Iglesias locales.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
