Las pensiones se cuelan en el debate electoral de la mano de los “sacrificios” del PP y la “reforma drástica” de Vox
Las pensiones ya han entrado en el debate electoral. Lo ha hecho de la mano de Vox y del PP, cuyos dirigentes han cuestionado la viabilidad del sistema público, a pesar de las medidas adoptadas para garantizar su sostenibilidad.
Aunque fue el responsable económico de Vox, José María Figaredo, el primero en lanzar la piedra con una reforma “drástica” del sistema público de pensiones, que tildó de “zombi”, para defender la capitalización privada, la polémica ha ido escalando con la aportación de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, quien afirmó que “no funciona y va a petar”.
Los representantes políticos de izquierda, al igual que observadores y analistas, han conectado estas palabras con las del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien, en su primer acto de campaña en Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, prometió “un Gobierno que os pida sacrificio”.
Por más explicaciones posteriores que han lanzado ambos desde los partidos de la derecha, los mensajes iniciales dejan bien a las claras la visión de las dos formaciones que aspiran a hacerse con la mayoría en el próximo Parlamento sobre las pensiones y las propuestas que están barajando.
Agitar el conflicto intergeneracional
La estrategia electoral para movilizar al electorado ha encontrado un nuevo filón en el supuesto conflicto intergeneracional, que enfrentaría a una juventud precaria con sus mayores, convertidos en perceptores de supuestas pensiones excesivas.
La munición servida no podía ser desaprovechada por el Gobierno ni los partidos que lo han sostenido. Metido ya en faena, el presidente Pedro Sánchez cargó contra la oposición acusándolos de no decir “ni una media verdad” y advirtiendo de que “entre las tijeras de Feijóo y la motosierra de Abascal firmarán la carta de defunción del Estado del bienestar”.
Entre tanto el secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha decidido a mediar en la reciente polémica a través de un mensaje publicado este jueves en la red social X, en el que comienza aseverando que el sistema de pensiones “no va a petar ni a quebrar”.
Aunque reconoce el reto que suponer “garantizar pensiones a 16 millones de personas hacia mediados de siglo”, ha incidido en que la clave está en el “cómo”.
De forma rápida, como requieren las redes sociales, planteó la disyuntiva real: “reforzar los ingresos mediante cotizaciones y transferencias públicas adicionales o reducir las pensiones actuales y futuras”.
De paso, anticipó lo que podría ocurrir de llegar el PP y Vox al Gobierno de la nación, como prevén por ahora las encuestas. Para “gastar lo mismo o menos para un número bastante mayor de pensionistas” no queda otra que reducir “notablemente la pensión pública”.
Como pista ante el escenario futuro, Sordo recordó la reforma de las pensiones aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones y el denominado factor de sostenibilidad.
Entre un 20% y un 30% menos de pensión con Rajoy
De haberse mantenido ambos mecanismos, detalló, las pensiones habrían sufrido una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 20% y el 30%, mientras que la tasa de reemplazo, que mide la relación entre la pensión y el último salario percibido, se habría reducido.
Como consecuencia habría pensiones públicas de menor cuantía y una creciente dependencia de sistemas privados de ahorro para la jubilación, generando, así “un nicho de negocio selectivo abierto para aseguradoras y sistema financiero”.
Eso sí, reconoció que con las declaraciones vertidas por líderes del PP y Vox, a falta de mayor concreción en sus programas electorales, han servido para poner las cartas encima de la mesa.
Un largo historial de reformas
Lo cierto es que se vienen adoptando medidas desde hace tiempo para incrementar la llamada caja de las pensiones. En concreto, desde la firma del Pacto de Toledo en 1995, el sistema ha experimentado sucesivas modificaciones para adaptarse al envejecimiento de la población. Con especial intensidad en las últimas legislaturas con la vista puesta en jubilación de las generaciones del baby boom.
La proporción de 2,5 personas cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista, la más alta desde 2010, cuestiona las proyecciones catastróficas.
De hecho, entre 2021 y 2024, el Gobierno impulsó una serie de reformas pactadas con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación. Además, la reforma incorporó una cláusula de seguimiento que encarga a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la evaluación periódica de la evolución de ingresos y gastos.
El organismo examinó la situación en marzo de 2025 y nuevamente en mayo de 2026.
En ambas ocasiones concluyó que no era necesario aplicar medidas correctoras adicionales y, en la última revisión, incluso mejoró sus previsiones.
La reforma de 2011 elevó progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años y amplió de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la pensión.
Más recientemente, las reformas aprobadas entre 2021 y 2024 reforzaron los incentivos económicos para prolongar voluntariamente la vida laboral y revisaron las penalizaciones aplicadas a las jubilaciones anticipadas.
Ajustes que dan resultado
El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha explicado a Eldiario.es que estas medidas ya están produciendo resultados.
El dirigente sindical señala que la edad efectiva de jubilación ha aumentado dos años en las dos últimas décadas, hasta alcanzar una media de 65,4 años. “De esos dos años, un año se ha ampliado solo en los últimos siete”, destaca.
Bravo recuerda que el sistema superó tanto la crisis financiera como la pandemia y subraya que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se retiraron alrededor de 65.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, equivalente a cerca del 90% de su patrimonio de entonces.
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