La relatora de la ONU denuncia un “mediacidio” para ocultar el genocidio en Palestina

La relatora de la ONU denuncia un “mediacidio” para ocultar el genocidio en Palestina
FOTO | Cámara de fotos de la fotoperiodista palestina Mariam Abu Dagga. Vía AFP
El informe documenta el asesinato de casi 300 periodistas palestinos y señala la responsabilidad de grandes medios internacionales y plataformas digitales en la legitimación de atrocidades

La eliminación de periodistas palestinos, la censura y la difusión de propaganda forman parte de un ataque contra la verdad que ha contribuido a facilitar el genocidio en Palestina y a obstaculizar la rendición de cuentas. Esta es la conclusión central del nuevo informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, que denuncia la destrucción sistemática de la función pública del periodismo y cuestiona la responsabilidad de grandes medios internacionales y plataformas digitales.

El documento, titulado La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio, presentado este lunes a la Asamblea General de Naciones Unidas, identifica tres mecanismos interrelacionados: el asesinato y la persecución de profesionales palestinos de la información, el control del relato mediante la censura y la propaganda israelíes, y la reproducción internacional de narrativas que marginan las voces palestinas y contribuyen a justificar la violencia.

Albanese introduce el concepto de “mediacidio” para describir un proceso que va más allá de la eliminación física de periodistas. Se trata, según el informe, de “la destrucción sistemática de la función pública de los medios de comunicación”, mediante la supresión de testigos, la restricción de la libertad de expresión y el abandono de principios fundamentales de la ética periodística.

La relatora sostiene que estas prácticas “no solo han acompañado al genocidio, sino que también han facilitado su comisión y han obstaculizado la rendición de cuentas”.

Casi 300 periodistas asesinados y una infraestructura informativa destruida

Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado a casi 300 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación palestinos y han herido a más de 400, según los datos recogidos en el informe. Alrededor de 70 habrían sido asesinados en represalia por su trabajo. Más de un centenar han sido detenidos y unos 30 permanecían encarcelados.

La investigación documenta ataques contra profesionales identificados con chalecos de prensa, amenazas a sus familias, detenciones arbitrarias y torturas. También denuncia las acusaciones de pertenencia a Hamás utilizadas por las autoridades militares israelíes para justificar ataques contra periodistas, frecuentemente sin aportar pruebas públicas suficientes.

Albanese recuerda que el derecho internacional humanitario protege a los periodistas como civiles y que su actividad profesional, sus opiniones o su relación laboral con un medio no los convierten en objetivos militares legítimos.

El informe reconstruye, entre otros casos, el asesinato de Anas Al-Sharif, periodista de Al Jazeera que había recibido amenazas y fue acusado por Israel de pertenecer a Hamás. Murió el 10 de agosto de 2025 junto con cinco compañeros en un ataque contra una tienda utilizada por periodistas cerca del Hospital Al-Shifa.

También recoge la historia de Wael Al-Dahdouh, responsable de Al Jazeera en Gaza, cuya esposa, hijos y otros familiares murieron en ataques israelíes. “Era consciente de que yo era un objetivo, pero nunca pensé que fueran a atacar a mi familia”, declaró.

La persecución se extiende a las condiciones materiales necesarias para informar. Según el documento, para octubre de 2025 habían sido destruidas 150 oficinas e instituciones de medios de comunicación. En Gaza, el 81% de la infraestructura de información y comunicaciones había quedado completamente destruida y otro 12% había sufrido daños parciales.

Los cortes de Internet, la destrucción de redes telefónicas y las restricciones de acceso han dificultado la transmisión de imágenes, testimonios y alertas de emergencia. Para Albanese, la eliminación de los testigos y de los medios necesarios para documentar los hechos también compromete la preservación de pruebas para futuros procedimientos judiciales.

El papel de los medios internacionales y las plataformas digitales

La investigación dirige una crítica especialmente severa a determinadas prácticas de medios de comunicación internacionales considerados influyentes y prestigiosos.

Albanese cuestiona la reproducción de afirmaciones militares israelíes sin suficiente verificación, la utilización de un lenguaje que deshumaniza a la población palestina y la presentación del 7 de octubre de 2023 como origen del conflicto, sin contextualizar adecuadamente las décadas de ocupación y el bloqueo de Gaza.

Entre los medios examinados figuran la BBC, CNN y The New York Times. El informe recoge denuncias de profesionales de estas organizaciones sobre decisiones editoriales y tratamientos informativos que consideran sesgados. También señala que determinadas acusaciones difundidas ampliamente, como las relacionadas con hospitales, personal humanitario y periodistas palestinos, no pudieron corroborarse de manera independiente en varios casos, mientras que las rectificaciones recibieron menor visibilidad.

La relatora distingue estas prácticas del trabajo desarrollado por medios israelíes independientes como Haaretz y +972 Magazine, a los que reconoce su contribución a la investigación de hechos que otros medios no han abordado con la misma profundidad.

El documento examina asimismo la responsabilidad de Meta, X y Alphabet, matriz de Google, cuyas políticas de moderación, recomendación y publicidad determinan qué informaciones sobre Palestina adquieren visibilidad y cuáles quedan relegadas o desaparecen.

Según Albanese, existen patrones de moderación discriminatoria contra contenidos palestinos y de amplificación de narrativas gubernamentales israelíes. El informe también vincula la difusión de propaganda con contratos publicitarios israelíes valorados en aproximadamente 50 millones de dólares.

La investigación se apoya en fuentes públicas, consultas con supervivientes y especialistas, y 89 contribuciones escritas. De las 12 organizaciones mediáticas contactadas para solicitar comentarios, solamente tres respondieron. La relatora no pudo acceder directamente al territorio palestino ocupado.

Investigar los crímenes y recuperar la función pública del periodismo

Las conclusiones del informe reclama exigencias concretas a los Estados, las instituciones internacionales y las empresas informativas.

Albanese reclama a la Asamblea General que establezca un mecanismo independiente para recopilar y preservar pruebas de los delitos cometidos contra periodistas. También exige que Israel permita el acceso de medios internacionales a Gaza, libere a los profesionales detenidos arbitrariamente y ponga fin a las restricciones informativas.

A los Estados les pide investigar los ataques contra periodistas palestinos, cooperar con la Corte Penal Internacional y revisar la financiación pública y las alianzas institucionales con organizaciones que difundan discursos de odio o contribuyan al ocultamiento de crímenes atroces.

La relatora solicita además que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional investigue la incitación directa y pública al genocidio por parte de responsables gubernamentales y figuras mediáticas.

Las recomendaciones alcanzan directamente al ejercicio profesional del periodismo: verificar las afirmaciones de las partes beligerantes antes de publicarlas, conceder a las rectificaciones la misma visibilidad que a las informaciones originales, proteger a los profesionales frente a represalias y conservar los materiales que puedan servir como pruebas judiciales.

“El periodismo deja de cumplir su función pública cuando se limita a reproducir las afirmaciones del poder en lugar de someterlas a un escrutinio riguroso”, concluye.

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