La recogida de la naranja agria, una amarga explotación laboral
Veintiséis personas trabajadoras migrantes en situación de vulnerabilidad denuncian que todavía no han cobrado los salarios correspondientes a la recogida de la naranja agria realizada hace seis meses en el casco urbano de Palma del Río (Córdoba). Las organizaciones CTA y La Otra Orilla reclaman al Ayuntamiento que intervenga para garantizar el pago y esclarezca las condiciones en las que se desarrolló el servicio
Palma del Río, municipio cordobés situado en el Valle Medio del Guadalquivir y próximo a la provincia de Sevilla, es conocido por la producción de naranja dulce de mesa y de zumo. Como ocurre en numerosas localidades andaluzas, sus calles cuentan además con abundantes naranjos de variedad agria, cuyo fruto se utiliza, entre otros productos, para elaborar mermelada de naranja amarga.
La recogida de estos frutos constituye también un servicio urbano necesario. Cuando permanecen en los árboles o caen al suelo, las naranjas pueden ocasionar problemas de suciedad y movilidad en calles y aceras.
Mientras algunos ayuntamientos realizan esta tarea directamente a través de los servicios públicos municipales, Palma del Río ha optado por externalizarla.
En marzo de este año, la tarea fue adjudicada a la empresa PreZero. Según denuncian sindicalistas de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) y miembros de la Asociación por los Derechos de las Personas Migrantes La Otra Orilla, la empresa habría recurrido posteriormente a otra compañía para realizar los trabajos, mediante una subcontratación cuya regularidad cuestionan ambas organizaciones.
Sin contratos, nóminas ni salarios
Las 26 personas afectadas facilitaron sus datos personales para formalizar sus contratos y elaborar las correspondientes nóminas. Sin embargo, según la denuncia, no han recibido ninguno de esos documentos ni han cobrado todavía por el trabajo realizado.
CTA y La Otra Orilla aseguran además que existen dudas sobre la situación de estas personas ante la Seguridad Social y reclaman que se esclarezca si todas ellas fueron dadas de alta correctamente.
La situación llevó a ambas organizaciones a convocar una concentración el pasado 21 de agosto en Palma del Río. En el manifiesto leído durante la protesta cuestionaron la actuación municipal y reprocharon al Ayuntamiento que haya considerado suficiente haber abonado el servicio a la empresa adjudicataria.
Según el texto, la respuesta del responsable municipal del servicio y de la alcaldesa habría consistido en señalar que “el Ayuntamiento ya ha pagado a la empresa” y que la cuestión se encuentra en manos de los servicios jurídicos. Las organizaciones denuncian que, tras reunirse con las personas afectadas, “la única respuesta oficial ha sido el silencio y la inacción”.
El manifiesto reclama “humanidad frente a la insensibilidad institucional” y sostiene que la contratación externa de un servicio municipal no puede desligar al Ayuntamiento de las consecuencias que pueda tener sobre las condiciones laborales de quienes lo realizan.
“Si el Ayuntamiento licita un trabajo, el Ayuntamiento es el garante ético y subsidiario de que las personas que limpian las calles de Palma del Río cobren dignamente y con todas las garantías legales”, defienden las organizaciones.
“Mano de obra de un solo uso”
La denuncia pone especialmente el foco en la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas. “No podemos tolerar que las privatizaciones sirvan como escudo para la precariedad, ni que los trabajadores migrantes o en situación de vulnerabilidad sean tratados como mano de obra de un solo uso, invisible e ignorada”, recoge el manifiesto.
CTA y La Otra Orilla plantean cinco reclamaciones al Ayuntamiento de Palma del Río.
La primera es que se arbitren las medidas legales y presupuestarias necesarias para garantizar el pago inmediato de los salarios pendientes de las 26 personas afectadas.
También solicitan acceso al expediente administrativo completo de la adjudicación para conocer las condiciones en las que se desarrolló el servicio, comprobar la situación de las personas empleadas ante la Seguridad Social y determinar posibles responsabilidades relacionadas con la subcontratación denunciada.
Las organizaciones reclaman igualmente que se entreguen los contratos y las nóminas correspondientes a las personas trabajadoras y que tanto la alcaldesa como el concejal responsable del servicio ofrezcan explicaciones públicas sobre la fiscalización del contrato municipal.
Por último, CTA y La Otra Orilla plantean una reivindicación que va más allá de este conflicto concreto: recuperar la gestión pública directa de la recogida de la naranja agria y del mantenimiento del casco urbano para, sostienen, garantizar unas condiciones laborales dignas y evitar cadenas de intermediación.
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Militante de la HOAC de Córdoba y miembro de AVAELA
