Piden condicionar las ayudas públicas de Doñana a la construcción de alojamientos dignos para personas temporeras
Más de una treintena de organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y políticas denuncian la persistencia de los asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva desde hace más de veinte años y reclaman a las administraciones garantizar alternativas habitacionales dignas.
En un comunicado conjunto, las entidades firmantes, entre las que se incluye la Hermandad Obreras de Acción Católica (HOAC) de Huelva, han lamentado que, pese a las distintas iniciativas impulsadas durante la última década por las administraciones estatal, autonómica y local, la situación apenas haya experimentado “cambios significativos”.
A su juicio, la permanencia de los asentamientos constituye una muestra de “falta de voluntad política” y de una “grave descoordinación institucional” entre los distintos niveles de gobierno y el sector empresarial agrícola.
Tras la la reunión del pasado 14 de julio con la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), dentro del plan de regeneración de Doñana, han hecho pública su “profunda decepción”, al considerar que las medidas adoptadas no afrontan la realidad del asentamientos chabolistas de la provincia.
Sin información de la inversión para crear soluciones habitacionales
El convenio suscrito en 2023, cuya finalización está prevista para 2027, entre el Ministerio y la Junta de Andalucía ya contempla financiación específica para la erradicación de los asentamientos informales, pero, afirman, falta información sobre el destino de esos recursos y las intervenciones en los municipios afectados.
Ante este panorama, las entidades –Ecologistas en Acción, la Asociación Multicultural de Mazagón, CCOO o Jornaleras en Lucha por citar algunas–, han pedido la paralización inmediata de la transferencia de los fondos previstos mientras los ayuntamientos con asentamientos chabolistas no ofrezcan soluciones habitacionales a corto plazo.
También reclaman a los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto que rindan cuentas sobre el destino de las ayudas del Ministerio, al tiempo que exigen poner fin a prácticas habituales que entienden forman parte del racismo institucionalizado, a modo de “castigo colectivo” contra las personas trabajadoras migrantes.
En concreto, alertan de la ausencia de la adecuada ayuda humanitaria de emergencia, tras los sucesivos y devastadores incendios en los núcleos chabolistas, donde centenares de personas fueron abandonadas a su suerte, de la negativa sistemática a empadronar a las personas extranjeras en sus chabolas, dejándolas sin otra alternativa que “caer” en redes mafiosas que mercantilizan el empadronamiento.
También denuncian la falta de servicio de recogida de basura en el entorno de los asentamientos que está generando “montañas de desechos inflamables”, que podrían convertirse en combustible para los fuegos veraniegos.
De hecho, recuerdan el incendio declarado la pasada semana en el núcleo chabolista de Palos de la Frontera, que arrasó centenares de infraviviendas, así como otros fuegos registrados en los últimos años en la provincia.
Los firmantes consideran “inadmisible” la falta de soluciones habitacionales para las cerca de 5.000 personas temporeras que contribuyen con su esfuerzo a una sector económico que supone el 8% del PIB andaluza y emplea a más de 100.000 trabajadores empleadas en los periodos de máxima actividad de las campañas agrícolas
Las organizaciones recuerdan que desde 2014 el Foro Provincial de la Inmigración de Huelva trabaja en la búsqueda de soluciones habitacionales para la población temporera migrante, sin que hasta ahora se hayan materializado resultados efectivos.
Igualmente señalan que el Protocolo General de Actuación suscrito en julio de 2022 entre el Ministerio de Derechos Sociales, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Moguer y Lepe, dotado con más de 2,5 millones de euros, tampoco ha logrado revertir la situación.
En la misma línea, critican la falta de avances del I Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales en Andalucía, presentado por la Junta en 2023, y reclaman información detallada sobre las medidas adoptadas en el marco del acuerdo entre el Gobierno central y la administración andaluza para la regeneración de Doñana, firmado en noviembre de ese mismo año.
Entre las medidas reivindicadas, figura la apertura urgente de un espacio de acogida temporal en Palos de la Frontera para las personas afectadas por el incendio del pasado 7 de julio.
Espacios dignos y servicios básicos
También solicitan la instalación provisional de infraestructuras básicas —como tiendas de campaña, módulos sanitarios, puntos de agua potable, sistemas de saneamiento y recogida de residuos— mientras se desarrollan soluciones habitacionales estables.
Además, exigen el empadronamiento inmediato de las personas residentes en los asentamientos y la constitución de una mesa de trabajo coordinada por la Junta de Andalucía, con participación de todas las administraciones y agentes sociales y económicos, para impulsar medidas urgentes que permitan la erradicación definitiva del chabolismo en la provincia.
Las organizaciones defienden mayor transparencia presupuestaria, compromisos vinculantes y actuaciones inmediatas que eviten nuevas situaciones de riesgo para la población temporera migrante.
“El desprecio a las leyes que protegen la vida humana y la falta de ayuda de emergencia ante las catástrofes en estos núcleos no puede continuar amparándose en la burocracia”, concluyen.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
