El sistema de dependencia se debilita y traslada el coste de los cuidados a las familias
El sindicato CCOO ha anunciado una campaña de movilizaciones para exigir una mayor financiación del Sistema de Atención a la Dependencia que garantice servicios profesionales y empleo de calidad
“Nos preocupa la deriva hacia un sistema de dependencia de bajo coste, que obliga a las personas dependientes y familiares a gastar una cantidad de dinero extraordinaria para atender a sus familiares”, ha reconocido el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda.
A pesar del impacto positivo del Plan de Choque Estatal, el sistema presenta todavía importantes “puntos críticos por la falta de corresponsabilidad y una opción por las prestaciones de menor coste económico”, ha denunciado el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo.
A su juicio, la atención a la dependencia, que es una “competencia autonómica de manera principal”, se está deteriorando tanto por la falta de Presupuestos Generales del Estado como por la opción de las Comunidades Autónomas de recurrir al “copago”.
Contra las listas de espera y los recortes
La movilización persigue “poner fin a las listas de espera, recuperar la atención preferente por los servicios profesionales”, además de “revertir los recortes que todavía se mantienen”, ha matizado Bravo.
En el plano laboral, dado que actualmente ocupa a 550.000 personas, la mayoría mujeres, y en una gran proporción migrantes, con una previsión de incorporar a 800.000 personas más en el futuro, el sindicato reclama empleo de calidad y mayor profesionalización, con el fin de “garantizar ratios de plantilla suficientes y establecer una verdadera coordinación sociosanitaria en la atención de los centros residenciales y de día, y la atención domiciliaria”.
Pese a que el plan estatal acordado con los sindicatos consiguió aumentar la financiación estatal hasta el 26 y 27%, en 2023 y 2024, todavía hay 232.000 personas pendientes de valoración y asignación de prestaciones, con Cataluña y Andalucía encabezando las demoras.
Tampoco las administraciones están ganando en agilidad. Frente a lo dispuesto en la ley de dependencia, que establece un periodo máximo de seis meses para que la persona solicitante de la atención reciba los servicios necesarios, la media actual es de 329 días, ha detallado Bravo.
El sindicalista ha apuntado a la Región de Murcia, con 553 días de espera, y Andalucía, con 464, como las que más tiempo tardan en actuar.
A su entender, el fomento de las prestaciones económicas de cuidados familiares y vinculadas a un servicio, en detrimento de los servicios profesionales de atención a domicilio, centros de día y residencias, se explica por su “menor coste”.
De hecho, conforme a los datos presentados, el 60% de las personas usuarias reciben una prestación económica por cuidados familiares u otra vinculada a un servicio profesional que exige el “copago”.
Del 1.694.000 personas protegidas por el sistema, casi la mitad, 751.753, lo están por una prestación familiar, en algunos casos con la concurrencia de la teleasistencia. Y otras 240.619 personas perciben una cuantía de las Comunidades Autónomas para sufragar parte del servicio profesional.
El doble “copago”
Esta situación supone un “doble copago”, “porque no se cubre la totalidad del servicio y la cantidad reconocida está por debajo de su coste estimado”, además de una “segmentación” que excluye a familias de rentas bajas y medias.
Otra consecuencia del modelo actual es la persistencia de “mujeres mayores cuidando de mujeres mayores” que, aunque puedan introducir “afecto y cariño fundamental”, no deberían sustituir a “los servicios profesionales de calidad”. Tal y como ha expuesto, tres de cada cuatro personas familiares cuidadoras son mujeres de más de 50 años y una de cada cuatro tiene más de 67 años.
“Sabemos lo que financia el Estado (del 15 al 27%), pero el resto no se financia por las Comunidades Autónomas, porque en todas hay sistemas de copagos opacos”, ha expuesto Bravo.
De ser ciertas las estimaciones, el sistema “lejos de estar cofinanciado al 50% entre el Gobierno y las Comunidades con un copago residual para rentas más altas, se estaría financiando por tercios”, ha reiterado.
El mayor esfuerzo de las familias está provocando la “exclusión de las prestaciones de las personas y familiares de rentas bajas y medias”, ha alertado Sepúlveda, en representación de las personas pensionistas.
“El sistema va a peor” a pesar de ser “un buen sistema”, por lo que la movilización sindical trata de parar el deterioro creciente, ha alertado Sepúlveda, quien ha llamado a todas las personas a secundar las concentraciones y protestas, “ya que afecta a todas las personas mayores o no”.
“Esto solo se consigue aportando más recursos al sistema, no hay recetas mágicas: o se pone más dinero, se gasta más, o el tema no se solucionará”, ha rematado.
Aunque de momento, las movilizaciones, cuyas fechas todavía no se conocen, tendrán carácter autonómico, no se descarta ampliarlas al ámbito nacional. “Estamos en fase de elecciones autonómicas y municipales”, ha justificado Bravo, quien, no obstante, ha adelantado la intención de la federación de “confluir con movimientos y otras organizaciones sociales”, como, de hecho, ya ocurrió en Sevilla.
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