La reforma de la gestión sanitaria busca blindar el carácter público del sistema
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que redefine el modelo de gobernanza sanitaria con el objetivo de garantizar la primacía de la gestión pública en la organización y provisión de los servicios.
El texto, que deroga la Ley 15/1997, busca consolidar un marco estable basado en la universalidad, la sostenibilidad, la equidad y la transparencia, principios que el Gobierno considera esenciales para fortalecer la sanidad como servicio público.
A partir de su aprobación, que está por ver, además de por la aritmética parlamentaria, por los plazos de tramitación, sería imposible replicar casos como el del Hospital de Torrejón del Grupo Ribera y las concesiones al grupo Quirón, que introducen el ánimo de lucro en la atención sanitaria. El sistema catalán, en cambio, con presencia de entidades no lucrativas, no se vería afectado.
Eso sí, las concesiones anteriores a la hipotética entrada en vigor de la norma seguirán rigiéndose por la legislación existente en el momento de su adjudicación.
La nueva regulación establece con claridad que la gestión directa será la forma ordinaria de prestar los servicios sanitarios, ya sea desde la propia administración sanitaria, a través de entidades públicas del ámbito estatal, autonómico o local, o mediante consorcios estrictamente públicos.
En esta línea, el anteproyecto detalla el régimen jurídico de estos consorcios, que deberán estar adscritos a una administración sanitaria concreta, someterse a los controles de estabilidad presupuestaria y auditoría anual, y regirse por las normas contables y de control propias de la administración a la que pertenezcan.
También ordena el marco del personal, que podrá mantener su relación funcionarial, estatutaria o laboral en función de su origen.
La gestión indirecta quedará reservada a supuestos excepcionales. Solo podrá autorizarse cuando resulte imposible ofrecer el servicio por vía directa y siempre que se garantice su sostenibilidad financiera, su eficiencia y el mantenimiento de criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad.
Para ello se establece un procedimiento de evaluación previa que exigirá una memoria justificativa y el análisis de un comité formado por personas expertas del ámbito sanitario, representantes de los profesionales y de la sociedad civil. Tanto el informe como la resolución final deberán hacerse públicos.
En el caso de concesiones, será obligatorio un dictamen de la Oficina Nacional de Evaluación para verificar la viabilidad financiera del modelo.
La ley elimina, además, las fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la construcción de infraestructuras con la posterior gestión sanitaria, consideradas de alto riesgo para la integridad del sistema público.
Blindar el sistema público
Durante la presentación de la norma, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que el texto constituye “un triunfo de la sociedad civil” y un instrumento para “blindar” el Sistema Nacional de Salud frente a dinámicas privatizadoras que, en su opinión, han demostrado generar desigualdades y deterioro de la calidad asistencial.
Recordó que algunos episodios recientes, como los casos vinculados a concesiones hospitalarias o las incidencias derivadas de externalizaciones de programas de cribado, muestran que no se trata de anomalías aisladas, sino de un problema estructural que requiere una respuesta normativa clara.
El anteproyecto incorpora también un conjunto de medidas orientadas a reforzar el buen gobierno y la rendición de cuentas. Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria deberán dotar a sus centros de instrumentos formales de gobernanza, y se establecerán indicadores comunes de salud y calidad que deberán ser aprobados en el Consejo Interterritorial del SNS.
Además, las administraciones sanitarias estarán obligadas a publicar de manera periódica información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Para evitar conflictos de interés, se prevé la posibilidad de externalizar auditorías cuando exista incompatibilidad entre la entidad auditora y la auditada.
El texto incluye la elaboración, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, de un informe exhaustivo sobre las experiencias de gestión privada en la sanidad española desde 1997, que será realizado por un grupo de especialistas en economía de la salud, sistemas sanitarios y gestión pública.
Asimismo, la Alta Inspección del SNS prestará asesoramiento técnico a las administraciones que decidan revertir servicios previamente externalizados. Los conciertos y contratos en vigor continuarán hasta la fecha prevista de finalización, si bien las nuevas normas serán de aplicación para los procedimientos futuros.
Preguntada por la posibilidad de recabar los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante la ley, la ministra expresó su confianza en que ningún grupo anteponga intereses económicos a la salud de la ciudadanía.
También respondió a las críticas lanzadas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al Gobierno de querer poner en riesgo la sanidad de su comunidad. García afirmó que el propósito de la ley no es afectar a ningún territorio, sino evitar “chiringuitos y negociados” asociados a modelos privatizadores.
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