En el juzgado de lo penal por protestas climáticas
Vemos con desazón y espanto el genocidio en Gaza, la deriva fascista en EEUU, el avance de las ultraderechas en casi todo el mundo, la reacción frente a las conquistas del feminismo, las estrategias de contra-Ilustración, el despliegue de posverdad y máquinas de generar bulos, el asalto contra los recursos públicos y los bienes comunes, los ataques contra quienes defienden los derechos humanos, el descontrol de la tecnociencia, el caos climático frente al cual nuestras sociedades siguen básicamente sin actuar, el desgarro de la red de la vida (Sexta Gran Extinción), y nos preguntamos: ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Quién hubiera pensado que estaríamos así como sociedad a estas alturas de la historia? Nos miramos en un espejo y no nos reconocemos…
Por otra parte, si lo pensamos un poco (y estudiamos un poco también: historia, economía política, termodinámica, ecología, psicología, filosofía moral…), no resulta difícil entender el trasfondo de esta trayectoria catastrófica: no fuimos capaces de detener a tiempo el despliegue destructivo del capitalismo.
Pero vayamos a algo más concreto. Dentro de algunas semanas, el 17 de marzo de 2026, me veré ante la jueza titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, en el primer juicio penal que voy a afrontar en mi vida (aunque no será el último). He participado en diversas protestas noviolentas a lo largo de los años, como parte del trabajo que hacemos desde movimientos sociales como el ecologismo y el pacifismo, que luchan por la supervivencia y la emancipación. Lo he hecho convencido de que supone un deber cívico en un mundo atravesado de injusticia, explotación y opresión, donde van menguando las posibilidades de evitar los desenlaces peores. En particular, dos acciones de desobediencia civil pacífica contra la tragedia climática que va desplegándose en nuestro siglo –el Siglo de la Gran Prueba, como lo vengo llamando desde que titulé así un libro en 2013– dieron lugar a dos detenciones, estos últimos años.
Por una parte, el 7 de octubre de 2019 unos trescientos activistas y militantes, convocados por la plataforma 2020 Rebelión por el Clima y por Extinction Rebellion Spain, cortamos el tráfico rodado el puente de la calle Joaquín Costa (junto a Nuevos Ministerios) y aguantamos la presión de la policía durante una hora y media aproximadamente. En ese contexto, tres personas fuimos detenidas (hubo además 180 identificaciones), y posteriormente remitidas al juzgado de instrucción bajo acusaciones engañosas –en otro más de los muchos montajes policiales que hemos vivido en años recientes–. Se nos acusa falsamente (a Paco del Pozo, Marina M. Martínez y a mí) de resistencia grave a la autoridad (artículo 556.1 del Código Penal español), castigada con penas de prisión de tres meses a un año o multas (de 6 a 18 meses). Toda nuestra “resistencia” consistió en tratar de que no nos lesionaran al retirarnos del puente –algunos compañeros y compañeras sí resultaron heridos, incluso con algún hueso roto–.
La segunda acción que me llevará más adelante ante otro juez o jueza tuvo lugar el 6 de abril de 2022, durante una semana de movilizaciones internacionales impulsadas por Rebelión Científica, surgida de Extinction Rebellion. En Madrid participamos un centenar de personas de varios colectivos, como Ecologistas en Acción –donde desarrollo mi militancia principal–. La protesta consistió en acercarnos sin ser detectados al Congreso de los Diputados y verter un líquido biodegradable de color rojizo, fácil de limpiar, en sus escaleras. La policía nos retiró al poco tiempo y se produjeron identificaciones que derivaron en la detención de 15 personas. En un principio se nos acusó de haber paralizado la actividad parlamentaria, lo que abría la puerta a una causa de carácter “antiterrorista” ante la Audiencia Nacional. Finalmente, esas acusaciones decayeron –incluida la de resistencia a la autoridad– y quedó sólo en firme la de daños al patrimonio histórico, por la que la Fiscalía de Madrid pide 21 meses de cárcel.
Por cierto, esta protesta dio lugar a una incisiva obra de teatro, Zumo de remolacha, a cuyo través el científico Fernando Valladares prosigue una obra de concienciación ejemplar. Hace unos días, Valladares escribía en una red (anti)social: “Vivimos tiempos extraños en los que quienes buscan la defensa de la vida son arrestados con mentiras. Si Jorge Riechmann, profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, llegara a entrar en la cárcel, estaríamos ante un solemne e injusto disparate”. Y es que si las cosas fueran mal y se sumaran dos condenas, tengo opciones para pasar algún tiempo en prisión.
No abrigo ningún deseo de que eso suceda, pero tampoco me quita el sueño. Por una parte, quienes hemos protestado en esas acciones estamos cumpliendo deberes básicos de ciudadanía, y lo hacemos con la conciencia tranquila. Se trata de actualizar un compromiso con la democracia y con la protección del mayor de los posibles bienes comunes: el derecho a la vida de las generaciones futuras, preservando la habitabilidad de la Tierra. Para llegar a la cita previa a la acción del 6 de abril de 2022 en el Congreso, tenía yo que atravesar caminando el Parque del Retiro. Iba valorando la situación, temiendo que hubiese quizá detenciones y acabásemos en los calabozos la gran Comisaría de Moratalaz, pasando revista a lo que debíamos hacer y evitar en una acción de desobediencia civil como la que iba a tener lugar apenas una hora después… y veía a gente haciendo deporte. Jubilados caminando rápido o corriendo, un piragüista en el gran Estanque, un joven practicando artes marciales… Cuidar el cuerpo está bien, sí. Pero ¿cuidar el cuerpo para qué? Y sentía yo aquella mañana una gran serenidad al pensar que mi vida, como la de las y los otros activistas a cuyo encuentro iba, estaba en cierto modo justificada. En un mundo desquiciado donde casi nada tiene sentido, nuestras vidas sí lo tienen. La desproporción entre lo que habría de lograrse y nuestras flacas fuerzas es enorme, pero al menos lo que hacemos se orienta bien. Sentimos quizá ecoangustia, pero al menos no la triste angustia del sinsentido existencial.
Por otro lado, ya Thoreau señaló que, en una sociedad injusta, el lugar para un ser humano que aspira a la justicia será en muchas ocasiones la cárcel. Uno intuye que quizá la prisión fuese un espacio de serenidad en un mundo cuyas dinámicas se aceleran para llevarnos hacia futuros infernales. Podría uno decirse a sí mismo: “bueno, hice casi todo lo que pude por evitar este horror”. En medio de las luchas de los años 1960, escribía el poeta gallego Uxío Novoneyra: “da vergüenza estar vivo”. En la cárcel ¿sentiría uno, quizá, menos vergüenza de estar vivo?
Reflexionemos un momento. El Consejo de Ministros de nuestro Gobierno aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España en enero de 2020. Pero, pese a que la situación objetiva empeora cada vez más, ni el Gobierno ni otras instituciones están actuando adecuadamente frente a esos peligros. Y la respuesta frente a la crisis ecológico-social que están dando, a nivel mundial, las derechas y ultraderechas es la peor de las posibles: negación de aspectos básicos de nuestra situación real, ideología supremacista y nacionalista, militarización de la sociedad y del pensamiento, preparación para luchar por recursos que se prevén escasos, sometimiento del “enemigo interno” y las minorías incómodas, represión de la disidencia. En suma: socialización en la crueldad y huida hacia adelante en un escenario de ecocidio más genocidio. Creo que tenemos la obligación moral y política de resistir, en la medida de nuestras fuerzas, frente a esta deriva homicida, liberticida, ecocida. Y como esto se veía venir, participé (en 2019 y 2022) en las protestas cuya represión me conduce ahora al juicio penal.
Soy bien consciente de la situación de privilegio desde la que afronto esta desagradable coyuntura: en comparación con las torturas, asesinatos y muchas formas de violación de los derechos humanos con que se están castigando en tantos lugares del mundo las resistencias a favor de la vida, y contra la necropolítica que trata de imponerse, un par de juicios en un Estado que todavía trata de ser Estado de Derecho no son gran cosa. Poca cosa comparada, por ejemplo, con los más de 2.253 ecologistas y defensoras del territorio asesinadas en poco más de un decenio, 2012-2024, en países del Sur global, con Brasil y Colombia en cabeza (informe Global Witness 2025).
Y, sin embargo, creo que tiene sentido llamar la atención sobre los y las activistas detenidas tras esta clase de protestas pacíficas, en nuestro país, en los últimos años, por dos razones. Una: en las derivas fascistas que vemos por casi todas partes, la represión de la actividad ético-política escala rápidamente hacia lo espantoso –y hemos de intentar impedir esa escalada–. Y, en segundo lugar, sucede que absorbidos por la geopolítica neoimperialista y los destrozos que provoca, estamos olvidando el nivel más básico e importante del entrelazamiento de crisis que experimentamos: la devastación ecológica. Por eso, recordar que estamos poniendo en riesgo nada menos que la habitabilidad de la Tierra –para seres como nosotros, no para la vida en general– me parece oportuno.
Es poeta, traductor literario, ensayista, profesor titular de Ética y Filosofía política en la Universidad Autónoma de Madrid. Militante ecologista y anticapitalista
