Asociaciones vecinales, sindicales y defensoras de lo público apoyan la ley contra la privatización de la sanidad
El anteproyecto de ley de gestión sanitaria presentado por el Ministerio de Sanidad ha merecido el respaldo del tejido vecinal, las plataforma de defensa de la sanidad pública y las organizaciones de trabajadores. Consideran que supone un cambio de rumbo para evitar la progresiva privatización de este servicio público esencial.
“Es un intento positivo para marcar límites a la sanidad privada, limitando la entrada de las empresas a unas condiciones muy concretas”, ha señalado el responsable de Salud y Sanidad de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA), Juan Antonio Caballero.
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que el anteproyecto “supone un cambio de rumbo muy significativo frente a las políticas de privatización que se han impulsado en las últimas décadas”.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS‑CCOO) habla de “un avance histórico”, aunque reclama blindajes adicionales y medidas concretas para que el cambio de rumbo no quede en una declaración de intenciones.
Las tres entidades entienden que la derogación expresa de la Ley 15/1997, la afirmación de la prioridad de la gestión directa y el reconocimiento de los efectos negativos de la gestión privada con ánimo de lucro marcan un punto de inflexión que responde a reivindicaciones mantenidas durante años.
“El concierto con las entidades privadas tiene que ser del todo transparente y como intervención subsidiaria, cuando la red pública no pueda asumirlo. Esto es un acierto”, explica Caballero, que conoce bien el experimento fallido que la Comunidad Valenciana inició con el Hospital de Alcira.
“Aquello fue un caos”, recuerda, “la ausencia de transparencia era total y eran constantes las transferencias de dinero público hacia el hospital, porque no salían los números”, detalla.
“Es muy difícil, por no decir imposible, que la sanidad sea rentable, todavía más si encima se busca que dé beneficios. “No hay bolsillo que pueda pagar lo que cuesta la atención médica en los casos en los que de verdad se necesitan medios, experiencia, profesionales, infraestructuras”.
La plataforma en defensa de la sanidad pública destaca que el texto fija como objetivo garantizar que la titularidad de la gestión y provisión sanitaria del SNS sea “pública, universal, equitativa y de calidad” y valora la introducción de procedimientos de evaluación previa para la gestión indirecta, la obligación de publicar decisiones y la exigencia de transparencia sobre contratos, conciertos y resultados sanitarios.
La FADSP subraya asimismo la importancia de que los hospitales privados vinculados mediante convenios presten atención al SNS “en condiciones de gratuidad y sin carácter lucrativo” y celebra la previsión de un informe estatal que evalúe las experiencias de gestión desde 1997 como base de evidencia para futuras decisiones.
Por su parte, la federación sociosanitaria de Comisiones Obreras pone el foco en la dimensión laboral y en la necesidad de que la excepcionalidad de la gestión indirecta no se convierta en práctica habitual.
Parte de la idea de que la entrada de entidades privadas con ánimo de lucro ha “fragmentado la asistencia, debilitado la capacidad de control de las administraciones y generado importantes déficits de transparencia en el uso de los recursos públicos”. Por eso, apuesta por fortalecer la gestión pública como la vía más segura para garantizar el derecho a la protección de la salud.
La responsabilidad de las Comunidades Autónomas
La federación sindical reclama que la ley vaya acompañada de planes autonómicos de refuerzo de la red pública, estrategias claras de reversión de concesiones y conciertos, y garantías laborales que aseguren la estabilidad, la subrogación y la equiparación de condiciones del personal afectado por procesos de externalización o reversión.
Tanto la plataforma como el sindicato reclaman, además, la integración progresiva de las mutualidades de funcionarios en el Sistema Nacional de Salud, aunque desde la organización de trabajadoras y trabajadores piden un compromiso explícito y con plazos claros.
La FADSP y la FSS‑CCOO han anunciado su compromiso de participar activamente en la tramitación para que el texto no solo limite la privatización, sino que también garantice empleo digno, equidad y transparencia en el SNS.
Desde el tejido vecinal, Caballero explica que la ley podría servir para “parar la sangría presupuestaria” que supone la privatización, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. “Con la salud de la ciudanía no debería hacerse negocio”, matiza el responsable vecinal de esta materia en la Comunidad Valenciana. Su oposición se centra en permitir el lucro en la gestión sanitaria y no está en contra de los conciertos con otras entidades que no busquen dividendos. Cita el ejemplo del Instituto Valenciano de Oncología, que a su juicio, hace “una gran labor y tiene mucho prestigio”.
Madrid anuncia un recurso
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, cargó contra el anteproyecto de ley. “Lo que quiere hacer Mónica García es exportar el caos sanitario al resto de Comunidades Autónomas” y advirtió de que, si la norma prospera, la Comunidad de Madrid dará “la correspondiente respuesta en los tribunales”.
“En Madrid tenemos la mejor sanidad de España” y, en su opinión, “una de las mejores sanidades del mundo”, gracias a los profesionales y a “los medios que pone el Gobierno regional. Más de 11.000 millones recogidos en los presupuestos de la Comunidad de Madrid”, dijo el portavoz,
En España existen ocho hospitales públicos de gestión privada basados en el modelo Alzira: el de Torrejón, el de Vinalopó y Povisa (en Vigo), gestionados por Ribera; y el Rey Juan Carlos (Móstoles), el Infanta Elena (Valdemoro) y el General de Villalba, gestionados por Quirón; el de Denia, gestionado por Marina Salud; y el Policlínico Riojano Nuestra Señora de Valvanera.
La ministra Mónica García entró en la confrontación con Madrid para dirigirse a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que espetó que el anteproyecto de ley persigue cargarse “su chiringuito, su negociete”.
La ministra dijo que con esta iniciativa, que deroga la ley de 1997 que permitió desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid, se “pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad”.
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