La regularización extraordinaria es un logro colectivo y ahora nos toca convertirla en derechos
La regularización extraordinaria ya es una realidad. Y conviene decirlo con toda la alegría social que merece: es una victoria colectiva, una conquista que ensancha la democracia y dignifica el país. No es solo “una medida para migrantes”. Es un paso decisivo para todos y todas, porque cuando se amplía el suelo de derechos se fortalece la convivencia, se reduce la explotación y se reafirma una idea sencilla, profundamente cristiana y profundamente obrera: nadie sobra, nadie es descartable, nadie puede ser condenado a vivir en la intemperie.
Este logro tiene memoria. No llega por generación espontánea ni por benevolencia de nadie. Llega porque durante años se ha empujado desde abajo: desde asociaciones, parroquias, comunidades educativas, sindicatos, organizaciones sociales, plataformas vecinales, profesionales que han acompañado procesos imposibles, y miles de personas migrantes que han sostenido la vida mientras se les negaba el reconocimiento. La regularización es, por tanto, un acto político de justicia, sí, pero también una confirmación de algo que los barrios ya sabían: que hay gente que estaba dentro de la comunidad mucho antes de que la ley lo admitiera.
Por eso, precisamente por eso, ahora no toca instalarse en la autocomplacencia. Ahora empieza la parte más decisiva: que la regularización no se quede en un titular, ni en un papel, ni en una promesa. Que se convierta en derechos efectivos, en estabilidad real, en vida vivible. Porque una regularización mal implementada puede convertirse en una nueva forma de exclusión, más silenciosa y más cruel: la de quienes “ya tienen derecho” pero siguen atrapados por la burocracia, por la falta de recursos, por criterios cambiantes, por citas que no llegan o por trámites que se eternizan. Y esto hay que decirlo sin rodeos: cuando la administración se convierte en una frontera, la justicia se degrada en privilegio.
Lo pedagógico, aquí, es reconocer qué estaba pasando y por qué importa a toda la sociedad. La irregularidad administrativa no es una anécdota legal; es una fábrica de precariedad. Cuando una persona no puede acceder a papeles, se abre la puerta a la explotación laboral, al abuso en la vivienda, al chantaje, al miedo. Se fortalece el trabajo sumergido y se debilita la negociación colectiva. Se alimenta un mercado negro de necesidades básicas. En otras palabras: la irregularidad no solo daña a quien la padece; también degrada el mundo del trabajo y presiona a la baja las condiciones de todos. Por eso regularizar no es “dar ventajas”: es poner orden en favor de los derechos, no en favor de los abusos.
En los centros de trabajo se entiende rápido. Allí donde hay miedo, hay silencio; y donde hay silencio, gana el explotador. Un permiso de residencia y trabajo no es un regalo, es una herramienta de libertad. Libera para decir “esto no es legal”. Libera para denunciar sin jugarse la vida. Libera para salir del círculo de la economía sumergida. Pero esa libertad no florece sola: necesita inspección laboral, necesita que la protección al denunciante sea real, necesita que no se castigue a quien se atreve a romper el silencio.
Si tras la regularización el país no afronta con firmeza los sectores donde se ha normalizado la precariedad (cuidados, hostelería, agricultura, construcción), entonces estaremos regularizando personas mientras dejamos intacto el sistema que las explotaba. Eso no sería justicia: sería maquillaje.
En las casas, la regularización toca lo más hondo. Años de vida con miedo no se borran con un sello. Se borran cuando la vida se estabiliza de verdad: cuando se puede firmar un alquiler sin trampas, cuando se puede abrir una cuenta, cuando se puede cambiar de trabajo sin hundirse, cuando se puede planificar el futuro. Y, sobre todo, cuando se corta la transmisión de inseguridad a los hijos. Porque la irregularidad ha sido también una escuela de ansiedad para muchos niños y niñas: padres que no pueden “desaparecer” de sus trabajos aunque estén enfermos, familias que se mudan por obligación, hogares donde el futuro se vive como amenaza. Si la regularización no llega a las condiciones materiales de la vida, seguirá habiendo infancia marcada por la fragilidad. Y una sociedad que acepta eso está educando en la desigualdad.
En los colegios se ve, además, la mentira de algunos discursos. Estos niños y niñas ya son parte del “nosotros”. Sus pupitres, sus amistades, sus patios y sus deberes no entienden de papeles. Pero la estabilidad escolar depende de la estabilidad familiar. Por eso la regularización debe notarse también en la escuela: en el acceso real a becas, comedor, transporte, actividades; en el refuerzo de centros con alta diversidad; en mediación intercultural; en políticas antirracistas claras. No basta con decir “la educación integra” si luego se deja a miles de familias en un limbo que les impide aprovecharla. La escuela no puede ser un dique que contenga sola la desigualdad que la política deja entrar.
Y aquí aparece con fuerza el Evangelio, no como decoración moral, sino como criterio político. “Fui forastero y me acogisteis” no es una frase para emotividad puntual; es una vara que mide la verdad de una sociedad. Y la parábola del buen samaritano no celebra al que pronuncia discursos correctos, sino al que se detiene, cura, carga, paga y vuelve. Traducido a lo público: compasión es presupuesto, es procedimiento accesible, es plazos que se cumplen, es ventanilla que no humilla, es garantizar que nadie se quede fuera por no tener ordenador, por no hablar el idioma administrativo, por no poder pagar intermediarios. El Evangelio, cuando se toma en serio, no permite una acogida simbólica que luego delega el peso en los más frágiles.
Por eso esta regularización, siendo un logro, es también una responsabilidad compartida. De las instituciones, en primer lugar, que deben garantizar medios suficientes, criterios claros y transparencia. No puede ser que el derecho dependa del lugar donde se vive o de la oficina donde se cae. No puede ser que el acceso al trámite dependa de una brecha digital o de un mercado de gestorías. No puede ser que la demora y la confusión se conviertan en castigo encubierto. Y tampoco puede ser que se regularice sin medir públicamente cómo va el proceso, cuántas solicitudes se resuelven, cuánto se tarda, cuántas quedan atascadas y por qué. La democracia se defiende con rendición de cuentas, no con comunicados.
Pero es responsabilidad también de la sociedad. De los sindicatos y de la cultura del trabajo decente, para que la regularización no se traduzca en una mano de obra “formal” pero igual de explotable. Del vecindario, para que la vivienda no se convierta en una frontera nueva, con alquileres abusivos y racismo inmobiliario. De los centros educativos, para que la diversidad no sea un problema sino un compromiso con recursos. De las comunidades cristianas, para que el Evangelio se haga carne en acompañamiento, en hospitalidad, en defensa pública de los derechos. Y, sobre todo, de quienes tenemos voz (medios, organizaciones, representantes) para no alimentar discursos de miedo que solo sirven para justificar recortes y levantar muros.
Hay que ser pedagógicos: regularizar no significa abrir la puerta al caos; significa cerrar la puerta a la explotación. Regularizar no significa privilegiar a unos; significa equilibrar el terreno para que el derecho laboral exista y la convivencia sea real. Regularizar no significa borrar conflictos; significa afrontarlos con herramientas democráticas y no con sombras. Y por eso es un logro para todos y todas: porque una sociedad con menos irregularidad es una sociedad con menos chantaje, menos abuso, menos racismo institucional y más Estado de derecho.
La regularización extraordinaria ya está hecha. Ahora la pregunta no es si estamos a favor o en contra, sino si estamos dispuestos a sostener sus consecuencias. Si estamos dispuestos a vigilar que se cumpla, a exigir recursos, a denunciar las trabas, a acompañar a quien se queda fuera, a plantar cara a la explotación, a defender la convivencia frente al odio. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de quienes han sido regularizados. Está en juego qué modelo de país construimos: uno que reconoce a sus vecinos cuando le conviene y los abandona cuando estorban, o uno que convierte los derechos en un suelo común.
Y aquí va la interpelación final, mirando de frente: si celebramos este logro pero toleramos que se quede a medias, seremos cómplices de una injusticia renovada. Si aplaudimos la regularización y luego aceptamos la burocracia como muro, la vivienda como trampa y la explotación como normalidad, habremos convertido una conquista en un espejismo. La alegría de hoy solo será verdadera si se transforma en responsabilidad diaria. Porque una democracia no se mide por cómo habla de los derechos, sino por cómo los garantiza. Y porque, desde el Evangelio y desde la tradición obrera, la misma pregunta vuelve una y otra vez con una contundencia que no deja escapatoria: ¿qué hacemos con el hermano y la hermana que tenemos al lado? Hoy ya no vale mirar a otro lado. Hoy toca sostener lo que hemos conquistado, juntos y juntas, hasta que la regularización se convierta en vida digna para todas las personas.
Impulsando el Evangelio. Comprometido con la Pastoral Penitenciaria. Activista en la Pastoral del Trabajo de Toledo, defendiendo dignidad y derechos laborales
