La jornada de 35 horas y la jubilación parcial siguen pendientes en la Administración tras vencer el acuerdo marco

La jornada de 35 horas y la jubilación parcial siguen pendientes en la Administración tras vencer el acuerdo marco
La implantación de la jornada de 35 horas, la clasificación profesional y la recuperación de la jubilación parcial del personal público continúan sin aplicarse después de que haya expirado, en 2024, el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado entre el Gobierno y las principales organizaciones sindicales del sector. Estas materias, consideradas clave para la mejora del empleo público y del servicio a la ciudadanía, vuelven ahora al centro de la negociación

El Área Pública de CCOO ha reclamado que se cumplan los compromisos recogidos en ese marco, en especial la puesta en marcha de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, prevista para el mes de febrero, así como la ordenación de la clasificación profesional de técnicos superiores y medios y la aplicación de la jubilación parcial al personal funcionario y estatutario.

Uno de los principales escollos señalados es la situación del personal laboral, cuya jubilación parcial permanece paralizada por la exigencia de un contrato indefinido de relevo. La organización sindical sostiene que esta condición no tiene en cuenta “la singularidad del sector público en el acceso al empleo” y ha pedido una solución inmediata para desbloquear este derecho, advirtiendo de que, en caso contrario, se valorarán nuevas acciones.

Junto a estas demandas, la central sindical ha trasladado a la Secretaria de Estado Función Pública sus prioridades para un nuevo acuerdo una vez se han abonado, o están a punto de abonarse, los incrementos retributivos de 2025 en la mayoría de las administraciones.

Entre los asuntos planteados figuran la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio, los pluses de residencia e insularidad, la revisión del régimen de clases pasivas, así como mejoras en los procesos selectivos, la promoción profesional y la planificación del empleo público.

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En este contexto, la reactivación del diálogo social en el sector público se presenta como un paso necesario para cerrar un ciclo de compromisos pendientes y dar mayor estabilidad a las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de las administraciones.

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