El Gobierno declara 2026 como Año de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
El trigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales servirá para reforzar la cultura preventiva y afrontar los nuevos riesgos emergentes. Los sindicatos vienen exigiendo una actualización urgente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, bloqueada desde hace más de año y medio en el diálogo social
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la declaración de 2026 como Año de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
El Gobierno pretende que esta efeméride sea “un llamamiento al conjunto de la sociedad” para avanzar en la cultura de la prevención y en la protección de la vida de las personas trabajadoras.
Una “epidemia silenciosa” que exige actuar sin demora
El Ejecutivo advierte de que los datos actuales de siniestralidad laboral siguen siendo “inadmisibles”. En 2024, 796 personas –más de dos al día– perdieron la vida en su puesto de trabajo o en el trayecto hacia él. “Es necesario actuar de manera decidida y sin demora”, señala la declaración, que recuerda que “la Constitución encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo”.
El texto insiste en que el crecimiento económico “no debe ser sinónimo de más siniestralidad laboral”, ya que “hay una relación directa entre precariedad y aumento de los riesgos laborales”, una afirmación “sustentada en los datos”. Según el Ministerio de Trabajo, la reforma laboral, que impulsó la estabilidad en el empleo, permitió que el índice de siniestralidad con baja se redujese un 7,4% en todos los rangos de edad.
El Gobierno reconoce que las nuevas formas de empleo plantean desafíos “hasta ahora ignorados”, como el incremento de los riesgos psicosociales, la falta de plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres, “cuyas patologías y necesidades en materia de prevención han sido las grandes olvidadas”, las enfermedades derivadas del trabajo o el envejecimiento de la población activa. También advierte sobre los efectos del cambio climático, “cuyas virulentas consecuencias estamos padeciendo ya”.
El texto cita expresamente los efectos de la dana de 2024, que acabó con la vida de 229 personas y motivó “medidas laborales audaces como los permisos climáticos que protegen a las personas trabajadoras ante escenarios meteorológicos adversos”.
Estas actuaciones se enmarcan en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, aprobada por el Consejo de Ministros con acuerdo de comunidades autónomas, organizaciones sindicales y empresariales. Esta estrategia, fruto del diálogo social, se alinea con el Marco Estratégico Europeo 2021-2027 y tiene como objetivo “anticiparse a los riesgos que plantean las transiciones digital, ecológica y demográfica”.
Compromisos para una cultura de la prevención
Con esta declaración, el Gobierno reafirma que “la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida”. Además, asegura que “se seguirá impulsando la adaptación normativa de prevención a los riesgos emergentes” y que “se promoverán campañas de divulgación, sensibilización e información permanentes”.
El texto añade que “se fortalecerá la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento”, al tiempo que “se promoverá una política de cooperación nacional e internacional en materia preventiva” y “se impulsarán actuaciones educativas adaptadas a cada ámbito docente”, para avanzar hacia un horizonte donde el trabajo deje de ser fuente de enfermedad o muerte y se consolide como espacio seguro, digno y saludable para todas las personas trabajadoras.
Los sindicatos urgen a actualizar una ley “anclada en el siglo pasado”
En el momento de redactar esta información, está pendiente la valoración sindical de la declaración del Consejo de Ministros. Sin embargo, los sindicatos muestran una profunda preocupación ante la persistencia de lo que califican como una auténtica plaga social: la siniestralidad laboral. Tanto CCOO como UGT consideran que este mal del mundo del trabajo exige una actualización urgente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales –una cuestión que no aborda la declaración–, bloqueada desde hace más de año y medio en el diálogo social.
Conviene recordar que la seguridad y la salud en el trabajo es un derecho fundamental de las trabajadoras y los trabajadores, tal como reconoció la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2022, y que el pasado 16 de octubre miles de personas se concentraron frente a la sede de la CEOE en Madrid, convocadas por ambos sindicatos, para exigir “siniestralidad laboral cero”.
En este sentido, el secretario general de CCOO, denunció recientemente el “obstruccionismo” de la patronal y exigió al Gobierno tomar la iniciativa “para no demorar más la actualización de las normas de salud y seguridad en el trabajo”.
Según explicó en la presentación de la campaña “Protege la vida, visibiliza el riesgo”, con la que el sindicato busca sensibilizar a la sociedad sobre el drama invisibilizado de la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales, la CEOE se opone a “integrar la prevención en todas las empresas con coordinación interna cualificada, implantar la figura de los delegados territoriales y sectoriales de prevención en empresas sin representación, incorporar los nuevos riesgos laborales y rebajar de 50 a 30 el número de personas trabajadoras necesario para constituir comités de seguridad y salud”.
Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruíz, afirmó que “no podemos proteger a las personas trabajadoras con una normativa que tiene de referencia el siglo pasado”. La dirigente sindical reclamó “una actualización integral que incorpore nuevas realidades laborales y garantice la protección en todos los sectores”, señalando la necesidad de incluir riesgos digitales, climáticos, de salud mental y con perspectiva de género.
Ruíz subrayó que “la salud y la seguridad en el trabajo no pueden seguir esperando” y que “la sociedad y las personas trabajadoras de este país necesitan una ley que las proteja y que ir al trabajo no suponga una muerte o un accidente grave en la jornada laboral”.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
