Las nuevas cotizaciones del trabajo autónomo desatan la polémica
La nueva tabla de cotizaciones para autónomos propuesta por el Gobierno ha desatado críticas furibundas tanto de entre las asociaciones profesionales como entre sus socios parlamentarios. Patronal y oposición política no han sorprendido con rechazo frontal.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto una subida de las cuotas de autónomos para 2026, hasta los 217,37 euros en el caso de quienes ingresen menos de 670 euros mensuales y los 796,24 euros para quienes superen los 6.000 euros al mes.
Los quince tramos del esquema de cotizaciones han experimentado diferentes alzas, que van desde los 17 euros más en la cuota mínima citada a los 206 euros más en la máxima, según el documento presentado por el Gobierno en la mesa del diálogo social con patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.
Según defienden desde el ministerio a pesar de la subida, en los tramos de trabajadores con ganancias más bajas, por debajo del salario mínimo, su cuota en 2026 (217 a 271 euros) “es menor a la inflación acumulada desde 2022” y recuerdan que sigue siendo más baja que en 2022 (294 euros).
Extrapolando los datos, una persona trabajadora autónoma que ingrese 1.500 euros al mes paga el 31% a la Seguridad Social para acceder a la protección social, mientras que una asalariada, contando con la aportación de la empresa que asume la mayor parte, contribuye con el 37,05% de su salario bruto. Si bien, es cierto que las prestaciones de un colectivo y otro son muy desiguales. Por ejemplo, un asalariado puede cobrar hasta el 100 % de su base reguladora por enfermedad, mientras que un autónomo podría verse obligado a seguir trabajando.
Gobierno, agentes sociales y asociaciones de autónomos pactaron en 2022 un calendario para negociar cada tres años nuevas cuotas que se correspondan a distintos tramos de ingresos, que se plasmó en el Real Decreto-ley 13/2022. La reforma persigue que las cotizaciones de los autónomos se ajusten más estrechamente a sus ingresos reales, buscando una mayor progresividad y sostenibilidad del sistema de pensiones, además de mejorar las prestaciones que reciben. El sistema deberá estar totalmente vinculado a los ingresos reales en 2032.
Críticas de las asociaciones de autónomos
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) integrada en la patronal, Lorenzo Amor, ha calificado de “sablazo” esta subida de las cotizaciones y ha dicho esperar a que los partidos políticos “se retraten” ante el Real Decreto Ley en el Congreso.
“No con nuestro apoyo”, ha lanzado en la red social X, donde se ha mostrado también decepcionado con la propuesta de mejora del cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia.
Amor ha criticado que el esquema suponga cuotas de 200 euros para “quien no gana ni” 3.000 euros, de 450 euros para quien gana 30.000 euros y entre 1.000 y 2.500 euros para quien gana más de 38.000 euros, al tiempo que se ha quejado de las alzas también en 2027 y 2028.
Por su parte, el presidente de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), próxima a UGT, Eduardo Abad, cree que la propuesta del Gobierno es “mejorable” en protección social y el desarrollo de los tramos, por lo que ha avanzado que plantearán cambios.
Abad ha reclamado ya establecer un tramo inferior al más bajo para autónomos del ámbito artístico o de los creadores de contenido que, estando dentro de otros regímenes ya afiliados, puedan tener acceso a ser autónomos siempre que esos ingresos no superen los 4.000 euros al año.
La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), más cercana a CCOO, ha manifestado su al entender que no representa “un avance hacia una cotización basada en los ingresos reales, sino que perpetúa un sistema más costoso, desigual y con escasa protección para el colectivo”.
UATAE denuncia que las nuevas cuotas mínimas propuestas son “inasumibles para muchos autónomos, especialmente aquellos con menores ingresos, y critica que el sistema penaliza a quienes menos ganan mientras favorece a los tramos más altos”.
Además, cuestiona los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad, considerándolos desproporcionados y discriminatorios en comparación con los trabajadores asalariados. En palabras de su secretaria general, María José Landaburu, esta reforma “traiciona el principio de progresividad y justicia contributiva” y podría agravar la precariedad de un sector clave para la economía del país.
El líder de UGT, Pepe Álvarez, defiende la senda acordada en 2022 para alcanzar la cotización por ingresos reales en 2031, al considerar que se orienta a implantar un sistema”más eficaz y justo”.
Un incierto trámite parlamentario
La reforma de las cuotas para trabajadores autónomos, que debe ser aprobada por ley, ha provocado un notable bloqueo parlamentario. Los principales socios del Gobierno han expresado su rechazo frontal a la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró que si la propuesta conocida a través de los medios es la definitiva, su formación no la compartía. No obstante, ha insistido en que “la progresividad empieza por abajo” y ha defendido que cualquier reforma debe estar directamente vinculada a los ingresos reales.
A su juicio, la propuesta penaliza a las rentas más bajas y no responde a las necesidades reales del colectivo. Díaz ha reclamado una prestación por cese de actividad que sea efectiva, mecanismos de protección equiparables a los de los asalariados y una reforma fiscal que incluya la transposición de la directiva europea del IVA, permitiendo que los autónomos con ingresos inferiores a 80.000 euros puedan realizar la liquidación anual en lugar de trimestral.
ERC la ha tachado de “burrada”; Junts denuncia que ahoga a la clase media catalana; EH Bildu advierte de una progresividad inversa que penaliza a quienes menos ganan; y el BNG considera una barbaridad exigir 200 euros a quien apenas ingresa 500.
Ante esta ola de críticas, la ministra Elma Saiz ha apelado a la calma, defendiendo que se trata de una propuesta inicial sujeta a negociación, y ha subrayado que incluye mejoras en la prestación por cese de actividad y en la equiparación de permisos de maternidad y paternidad.
Redactor jefe de Noticias Obreras
