Reclaman la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales israelíes

Reclaman la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales israelíes
Foto | Kazem abu Khalaf (UNRWA) Asentamientos en la zona H2 de Hebrón, en Cisjordania.
Una nueva campaña pide la prohibición del comercio de empresas multinacionales e instituciones financieras con asentamientos israelíes ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados, al considerar que estas operaciones agravan la crisis humanitaria en la región.

Unas 80 organizaciones de la sociedad civil, como Oxfam Intermón, apoyan esta reivindicación con la publicación de un informe titulado Las actividades comerciales con los asentamientos ilegales, en el que denuncian que las relaciones comerciales con los asentamientos profundizan “la opresión de Israel sobre la población palestina en Cisjordania (incluido Jerusalén Oriental)” y “fragmenta su economía y socava la viabilidad de un futuro Estado palestino”.

Más de 700.000 colonos israelíes viven en cientos de asentamientos en Territorios Palestinos Ocupados, la mayoría de ellos en la zona C de Cisjordania, llegando a suponer más del 42 % del territorio total de Cisjordania. Estas zonas están conectadas mediante diversas infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y parques industriales, además de contar con casi 800 puestos de control militares.

La economía palestina pierde miles de millones de dólares al año como consecuencia del control israelí. La pobreza ha aumentado de un 12 % a un 28% en Cisjordania, registrándose una tasa de desempleo del 35 % (el doble desde octubre de 2023), en los últimos dos años.

Cerca de 6.500 mujeres palestinas trabajan en asentamientos, de las que un 65 % gana menos de 20 dólares al día, y la mayoría carece de contrato por escrito o de seguro médico y a menudo trabajar en condiciones insalubres o inseguras y durante largas jornadas. Su salario medio es significativamente inferior al salario mínimo israelí, pero por encima de lo que pueden ofrecer los empleos locales disponibles.

La Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva en julio de 2024 en la que indicaba que los Estados que permiten entablar relaciones económicas o comerciales con los asentamientos son cómplices en el mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes y, por tanto, de la ocupación ilegal por parte de Israel de los Territorios Palestinos Ocupados.

Sin embargo, la Unión Europea continúa siendo el principal socio comercial de Israel y representa aproximadamente el 32 % del total de sus relaciones comerciales, con un volumen comercial total de 42.000 millones de euros anuales. El Reino Unido es uno de los principales socios comerciales europeos, con casi seis mil millones de euros al año.

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Las organizaciones sociales piden a los Estados que prohíban las actividades comerciales con los asentamientos israelíes, incluyendo las inversiones, préstamos y créditos y la prestación de servicios y garanticen el origen de las exportaciones israelíes, imponiendo sanciones en caso de información falsa.

Las entidades sociales han puesto el foco especialmente en varias empresas de países diversos como las alemanas Tui, que ofrece excursiones turísticas a asentamientos ilegales, utilizando transporte militar israelí, y Siemens, que provee tecnología para infraestructuras de transporte en asentamientos; las británicas, JC Bamford Excavators, que proporciona maquinaria para demoliciones de viviendas palestinas y construcción de asentamientos, beneficiándose del desplazamiento forzado, y Barclays que ha concedido más de 18.000 millones de dólares en préstamos a empresas vinculadas a los asentamientos; y la francesa Carrefour, que a través de Yenot Bitan, vende productos en tiendas ubicadas en territorios ocupados, algunas bajo su propia marca.

Pero también denuncian la participación de empresas danesas como Maersk, que cede su flota a cuatro empresas incluidas en la base de datos de la ONU por su participación en actividades en asentamientos, y la española eDreams Odigeo, que junto a su filial Opodo, ha ofrecido alojamiento en hoteles situados en asentamientos israelíes en Cisjordania.

El Estado Israelí promueve la inversión en los asentamientos a través de arrendamientos de tierras a bajo costo, subvenciones para mejoras tecnológicas y salarios, exenciones fiscales y préstamos de dinero en efectivo, de las que se aprovechan empresas e instituciones financieras internacionales.

En los últimos cuatro años, el Estado de Israel ha impulsado un crecimiento acelerado de asentamientos y apropiación de tierras. Las autorizaciones han superado los máximos anteriores, por encima de los niveles establecidos en los acuerdos de Oslo en 1995.

La mayoría de las licencias se ubican en el interior de Cisjordania, fragmentando aún más el territorio palestino e imponiendo nuevas limitaciones a la circulación de la población palestina.