Lo que la oposición a la reducción de jornada laboral se lleva por delante
Los votos de PP, Vox y Junts impedirán la tramitación de una ley que aspiraba a reducir en media hora al día la jornada laboral de cerca de 12,5 millones de personas trabajadoras que actualmente realizan 40 horas a la semana, el máximo legal, salvo excepciones, establecido en 1983.
El texto modificaba varios artículos del Estatuto de los Trabajadores, para rebajar la jornada ordinaria máxima en cómputo anual, sin reducción salarial, ni pérdida de derechos adquiridos. El impacto hubiera sido especialmente importante en sectores con alta feminización laboral, como la hostelería, el comercio o los cuidados, donde los sueldos son más bajos.
Las 37,5 horas a la semana
Aunque algunos sectores y empresas tienen estipuladas jornadas más reducidas, la ley perseguía que todos los convenios colectivos que regulan las condiciones de trabajo incorporaran la jornada máxima semanal de 37,5 horas antes del 31 de diciembre de este año.
Otra de las disposiciones contemplaba que los contratos a tiempo parcial se ajustasen automáticamente, si superaban la nueva jornada máxima. De ser inferior, la persona trabajadora podría seguir realizando las mismas horas de trabajo teniendo derecho al incremento proporcional de su salario resultante.
También las personas trabajadoras con reducción de jornada por cuidado de menores, familiares dependientes o en situación de vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, violencia sexual o terrorismo mantendrían su jornada reducida sin alteraciones hasta la fecha en la que finalice su derecho a la reducción, con un límite absoluto fijado en el 31 de diciembre de 2026. Estos colectivos tendrían la posibilidad de adaptar su jornada reducida a la nueva jornada máxima, en el marco del horario que ya tenían establecido.
El control horario accesible
La norma preveía implantar el registro digital de jornada, accesible para trabajadores, sus representantes y la inspección, presumiéndose la jornada completa si el cómputo no fuera fiable. El nuevo registro entraría en vigor seis meses después de la publicación de la ley.
Un mayor control horario implicaría una gestión más transparente de las horas extras y complementarias. Al reducir la jornada ordinaria, el umbral para que una hora se considere extraordinaria bajaría, lo que podría aumentar el número de horas que deben ser compensadas o pagadas como tales.
Las horas complementarias de los contratos a tiempo parcial seguirán existiendo, pero deberán ajustarse al nuevo marco de jornada ordinaria. El límite del 30% sobre la jornada pactada se mantiene, pero ahora se calcula sobre una jornada más corta.
Según cálculos sindicales, cada semana se realizan en España 2,6 millones de horas extras que no se pagan ni se cotizan.
El trabajo en el hogar, que se lleva a cabo en los domicilios, debería cumplir del mismo modo con este nuevo límite y las personas empleadoras estarían facultadas para controlar los horarios mediante medios físicos y digitales.
Aunque la desconexión digital, ya se había tratado en otras normas, ahora se reforzaría, con un redactado más explícito, el derecho a no recibir ni atender comunicaciones laborales fuera del horario, extensible al trabajo a distancia.
Sanciones más duras
La Inspección de Trabajo podría imponer multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado, una cantidad superior al máximo de 7.500 euros que se contemplaba hasta ahora en la legislación vigente.
Las infracciones en materia de jornada laboral, horas extraordinarias, descansos y vacaciones serán consideradas faltas graves, que van desde 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en su grado máximo.
Sin embargo, la aprobación de las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición tirará por tierra estas medidas, que no serán siquiera debatidas ni enmendadas en el Pleno del Congreso.
El Gobierno tendrá que sopesar si vuelve a presentar de nuevo otra proposición legislativa, confiando en ganarse los apoyos que ahora le faltan, o renunciar definitivamente a reducir en esta legislatura la jornada laboral máxima.
Redactor jefe de Noticias Obreras
