El Congreso debate entre endurecer derechos de migrantes o reforzar protección laboral y transparencia
El Pleno inicia este martes, 16 de septiembre, el debate de dos proposiciones de ley: la de VOX, que pretende restringir el arraigo como vía de regularización de personas migrantes, y la de Sumar, que propone crear una Oficina de prevención de la corrupción. También se abordarán iniciativas sobre la percepción de inseguridad que plantea la ultraderecha y el mayor seguridad frente al despido que proponen los segundos.
El Pleno del Congreso de los Diputados celebrará este martes, a partir de las 15:00 horas, una sesión en la que coincide con asuntos que reflejan dos modelos de sociedad en abierta confrontación: uno que restringe derechos y culpabiliza a las personas migrantes, y otro que busca fortalecer la protección de quienes trabajan y garantizar la transparencia en el ejercicio del poder.
VOX contra el arraigo
La ultraderecha llevará a debate una proposición de ley que plantea “un endurecimiento generalizado de la legislación vigente en materia de inmigración”, con el objetivo de restringir el arraigo, una de las principales vías de regularización. Este mecanismo ha permitido a miles de personas migrantes integrarse en el mundo del trabajo y acceder a derechos básicos.
La formación ultra insiste en calificar a estas personas como “ilegales”, alimentando un discurso que criminaliza su existencia, refuerza estigmas y erosiona la convivencia democrática.
Este planteamiento se sitúa en las antípodas de la Doctrina Social de la Iglesia, que defiende que cada migrante es portador de una dignidad inalienable y debe ser acogido como hermano y hermana de la misma familia humana.
También contrasta con los llamamientos de organismos internacionales que insisten en que los Estados deben avanzar hacia vías legales y seguras de migración, no hacia el cierre de derechos.
Oficina de prevención de la corrupción
En sentido opuesto, el Grupo Sumar propone la creación de una Oficina de prevención de la corrupción, concebida como una “entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, independencia orgánica y funcional y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines”.
Entre sus funciones estarían “la prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas del ejercicio de funciones incluidas en el ámbito de actuación de esta ley”.
Una propuesta que se alinea con el derecho ciudadano a la transparencia y con el principio evangélico de responsabilidad en el uso de los bienes comunes.
Manipulación de la inseguridad
VOX también presentará una proposición no de ley sobre el supuesto incremento de la inseguridad en España —cuando los datos oficiales apuntan lo contrario—. El partido reclama más recursos policiales y penas más duras, insistiendo en vincular migración y delincuencia. Una asociación sin base empírica que busca generar alarma social y legitimar políticas de exclusión.
Este discurso se enmarca en la estrategia de la extrema derecha europea, que utiliza la inseguridad como argumento político para justificar medidas contra las personas migrantes. Frente a ello, la Iglesia recuerda que el rechazo no puede ser el criterio que guíe la acción política y que la acción de acoger, proteger, promover e integrar construye justicia social e inclusión.
Despido restaurativo y disuasorio
La sesión concluirá con la proposición no de ley de Sumar sobre la regulación del despido. Su objetivo es que la indemnización por despido improcedente deje de ser un simple coste asumido por las empresas y se convierta en un verdadero mecanismo de reparación para la persona trabajadora y de disuasión para los empleadores.
La propuesta plantea que la legislación española incorpore los estándares europeos, garantizando que las indemnizaciones sean justas y proporcionales al daño causado. Solo así, argumenta Sumar, se puede proteger realmente a las personas trabajadoras y contribuir a reducir la precariedad laboral.
La Doctrina Social de la Iglesia se sitúa en proximidad con esta visión: considera el trabajo decente como puerta de dignidad y entiende que las leyes laborales deben estar al servicio de la persona, no del beneficio económico.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
