La directiva sobre diligencia debida bajo el fuego cruzado de los “lobbies” y del movimiento MAGA
La directiva europea sobre diligencia debida sale debilitada tras años de boicot por parte de los lobbies europeos y del movimiento MAGA
Los lobbies europeos y los del universo Make America Great Again (MAGA) han boicoteado sistemáticamente la directiva europea sobre diligencia debida (CSDDD).
Así lo confirman dos estudios distintos, según los cuales, por un lado, las empresas europeas y sus asociaciones sectoriales, y por otro, el ecosistema ideológico vinculado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habrían actuado en paralelo para minar desde la base la eficacia de las normas de sostenibilidad.
Los lobbies que llevan años saboteando la directiva sobre diligencia debida
La investigación señala a 88 empresas y grupos industriales europeos que habrían trabajado para debilitar la directiva en los cuatro años previos a su aprobación. Entre ellos, 10 compañías energéticas.
La intensa actividad de los lobbies dio sus frutos: la propuesta original imponía la diligencia debida a las empresas con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación, pero el texto aprobado fija umbrales más altos: mil empleados y 450 millones de euros de facturación. El número de empresas afectadas se reduce así en un 80%.
El debilitamiento de las normas ambientales llega después de años de trabajo, tanto de instituciones comunitarias como de las propias empresas, que ya se estaban adaptando a los nuevos estándares.
Kenneth Haar, investigador del Observatorio Europeo de las Empresas, declaró: “Miles de compañías pueden haber dado pasos significativos para implementar nuevas reglas en las cadenas de valor, y ahora se encuentran con que otras empresas y grupos de presión han logrado minar toda la idea. Esto es destructivo. Están premiando a los rezagados, lo cual es un mal augurio para la Unión Europea”.
El punto crítico: la vigilancia de los derechos humanos en la cadena de suministro
Las actividades de lobby de los grupos empresariales se habrían concentrado en los momentos políticos clave, como cuando el gobierno alemán anunció que no apoyaría el paquete votado en el Consejo en febrero de 2024. En algunos casos, sin embargo, empresas concretas se mostraron más favorables a la directiva que sus propias asociaciones sectoriales.
Fue el caso de la energética danesa Ørsted, que en febrero de 2024 firmó una carta de apoyo a la protección de los derechos humanos en la directiva, a pesar de pertenecer a la patronal danesa, opuesta a la diligencia debida obligatoria.
Entre los puntos más controvertidos de la CSDDD se encuentra la protección de los derechos humanos. El texto original obligaba a garantizar que, en las actividades empresariales y a lo largo de las cadenas de suministro, se respetaran los derechos de todas las personas implicadas, especialmente en sectores de alto riesgo como el textil.
Precisamente desde el sector de la moda llegaron las protestas más fuertes, pidiendo que la rendición de cuentas fuese voluntaria.
Desde los Estados Unidos de Donald Trump, otro ataque a la CSDDD
Los Estados Unidos de Trump también se empeñan en vaciar de contenido la noción de sostenibilidad. Basta ver lo ocurrido en noviembre pasado: once estados republicanos demandaron a tres de los mayores fondos de inversión del mundo (BlackRock, Vanguard y State Street) por sus políticas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza).
O en Virginia Occidental y Oklahoma, donde más de veinte bancos fueron excluidos de contratos públicos por desinvertir en combustibles fósiles. El resultado es claro: las empresas estadounidenses son cada vez más reticentes a pronunciarse públicamente sobre cuestiones ambientales y sociales.
Pero los esfuerzos por boicotear cualquier mecanismo de responsabilidad y sostenibilidad empresarial han llegado hasta la Unión Europea.
El think tank MAGA Heartland Institute, conocido por sus posiciones negacionistas del clima, escribió en marzo pasado en X: “La CSDDD es la mayor amenaza a la soberanía de Estados Unidos desde la caída de la Unión Soviética”.
Un tono poco conciliador, que se enmarca en un ataque más amplio impulsado por los partidarios de Trump.
Los lobbies MAGA desatados contra la diligencia debida
La campaña del ecosistema MAGA es muy agresiva y comenzó tras la segunda elección de Trump. Después de los ataques a las iniciativas de diversity, equity & inclusion (DEI) y a los programas ESG, la Heritage Foundation –autora del manifiesto ultraconservador Project 2025– publicó en diciembre un informe titulado ESG, DEI, and what to do about them.
El texto menciona también la CSDDD, calificándola como “un problema serio”. En la misma línea, la carta abierta de la State Financial Officers Foundation que en febrero pidió al nuevo presidente investigar la directiva, alegando que se basaba en “hipótesis no científicas sobre la naturaleza de los impactos del cambio climático”.
El 12 de febrero, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró en una comisión del Senado que la CSDDD podía imponer “cargas significativas” a las empresas estadounidenses y que la presidencia estaba explorando “instrumentos comerciales” para responder.
El 24 de febrero, una carta abierta firmada por el Heartland Institute y otras 31 organizaciones pidió a Trump intervenir para “castigar a las naciones de la UE por haber erosionado la soberanía, las libertades y la prosperidad de Estados Unidos”. A inicios de abril llegó el anuncio de nuevos aranceles de Trump, que después fueron revisados y desmentidos varias veces.
La Comisión Europea también busca debilitar la normativa
Mientras tanto, la Comisión Europea intenta reducir el alcance de la CSDDD a través del paquete Omnibus, publicado el 26 de febrero, que aligera de forma sustancial la cantidad y calidad de la información requerida y el número de proveedores que deben ser supervisados.
Estas propuestas siguen en discusión. Lo que sí es oficial es el stop the clock, es decir, el aplazamiento de un año (de julio de 2027 a julio de 2028) en la aplicación de la directiva para empresas con más de 3.000 empleados y 900 millones de euros de facturación.
En mayo, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo alemán Friedrich Merz fueron aún más lejos, pidiendo eliminar directamente la CSDDD en defensa de la competitividad europea. Mientras la Alemania de Merz elimina la ley nacional (ya en vigor) que imponía vigilancia en la cadena de suministro, anticipándose a las obligaciones europeas, Macron instó abiertamente a Europa a “sincronizarse con Estados Unidos y el resto del mundo”.
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Texto publicado originalmente en italiano en la revista Valori, medio de comunicación financiado por la Fundación Finanzas Éticas, bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0
Periodista independiente. Escribe sobre el medioambiente, el clima y los derechos humanos. Colaboradora de Valori.it
