Incendios forestales: precariedad laboral, falta de inversión y bulos en las redes
Los incendios forestales han arrasado ya más de 400.000 hectáreas este verano, en una de las peores campañas de las últimas décadas. Sindicatos, ecologistas y profesionales alertan de la precariedad laboral de quienes combaten las llamas, la falta de inversión en prevención y el abandono del medio rural como causas estructurales de una “emergencia nacional”.
UGT ha denunciado la falta de servicios de extinción de incendios en toda España y reclama que se mantenga durante los 12 meses del año y “no solo en verano”.
“Cada verano arrasa miles de hectáreas, denunciamos la precariedad que se agrava año tras año, tanto en bomberos forestales como en el colectivo de agentes medioambientales y forestales”, ha denunciado la secretaria federal del sector Local y Autonómica de UGT Servicios Públicos, Victoria Corbacho.
La responsables sindical ha calificado la situación de los incendios de “emergencia nacional”, que se ha cobrado ocho muertos (tres profesionales y cinco voluntarios), ha provocado cientos de heridos y familias que lo han perdido todo, al tiempo que ha denunciado la precariedad laboral de los profesionales que tratan de combatir las llamas.
La superficie total incendiada este verano supera las 400.000 hectáreas, de las cuales 104.000 corresponden a la provincia de Ourense, y la misma cifra a la provincia de León. En Cáceres, se han calcinado 34.000 hectáreas, y en Zamora, 32.000. Badajoz ha perdido 12.000 hectáreas y Salamanca otras 10.000, como indican los datos de forestry.es.
“Solo en agosto han ardido más de 300.000 hectáreas y esta amenaza con ser la peor campaña de las últimas décadas”, según informó el portavoz del sindicato profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT Servicios Públicos, Juanma Antón. Durante los últimos 50 años, sólo cinco veces se ha superado la cifra de 400.000 hectáreas (a anterior fue en 1994).
La falta de inversión en muchas comunidades autónomas se tradujo en falta de medios y en una temporalidad del 60% en muchas plantillas, según los datos de UGT, lo que “provoca una falta de limpieza en los montes, no poder realizar ni mantener cortafuegos y en el abandono del monte a su suerte”, así como de las familias que viven en él.
Hay causas estructurales para explicar la virulencia de los incendios, como el “abandono del medio rural y el cambio climático”, además de la “ideología que trata de destruir lo público, con el objetivo de privatizar para llenarse los bolsillos”, en palabras de Corbacho.
Precisamente, la revista In itinere que acaba de publicar este sindicato, recoge que la inversión pública forestal que llevan a cabo anualmente el Estado y las comunidades autónomas para el cuidado global de los bosques, ascendía a 1.742 millones de euros en el año 2009, el año de mayor esfuerzo financiero. En 2022, 13 años después, esas mismas partidas presupuestarias cayeron hasta los 1.295 millones de euros, un 26% menos, según un análisis de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo).
El estudio, elaborado con las cifras oficiales facilitadas por los ministerios implicados y las comunidades, pone de manifiesto que, dentro de este capítulo de gasto, el mayor recorte se lo lleva el dinero destinado a la prevención de incendios, que se ha desplomado más de la mitad en estos últimos años.
Combatir el abandono rural
Lo cierto es que España todavía gasta bastante más dinero en apagar fuegos que en evitar que se produzcan. De manera global, de las partidas que se destinan al año a incendios forestales, en torno al 60% o al 70% están dedicadas a la extinción, según el cómputo general que ha hecho la organización WWF tras rastrear los presupuestos.
“La única forma de evitar que los grandes incendios sigan devorando comarcas enteras cada verano pasa por gestionar y adaptar el territorio para hacerlo menos inflamable y más resiliente. Hasta ahora, la prevención era entendida como la realización de tratamientos selvícolas puntuales y mantenimiento de pistas, cortafuegos o puntos de agua. Eso es insuficiente. La máxima debe ser crear paisajes para reducir las emergencias. En lugar de combatir las llamas, hay que combatir el abandono rural”, explica WWF en su informe Incendios Forestales 2025: Incendios fuera de control.
Ante este panorama, Greenpeace estima que, con una inversión de mil millones de euros al año en prevención, se podrían ahorrar hasta 99.000 millones de euros en extinción. “Esta cantidad permitiría gestionar y salvar 9,9 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Portugal o casi una quinta parte de España”, expone la entidad en un comunicado.
Los incendios cada vez arrasan más terreno, en un medio rural abandonado y unos paisajes más inflamables, por lo que resultan necesarias políticas a largo plazo que prioricen cuestiones como la repoblación rural y la gestión forestal integral, teniendo en cuenta el avance de la crisis climática.
A la falta de inversión en prevención, se suma la creciente precariedad que denuncian los bomberos forestales en todo el territorio. En concreto, España cuenta con unos 25.000 bomberos forestales que dependen de las comunidades autónomas.
En los incendios de este verano, además, también han estado trabajando unos 600 efectivos de las Brigadas Forestales, que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, y unos 1.000 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se despliegan cuando así lo requieren los gobiernos autonómicos.
Los profesionales han denunciado la falta de medios y sus precarias condiciones laborales. Una lacra que ha motivado movilizaciones sindicales en Madrid, Andalucía o Castilla y León. Trabajan con contratos temporales, que tienen una duración aproximada de cuatro meses: la temporada de verano. Además, la mayoría están empleados por empresas subcontratadas. Cuentan con salarios que apenas rondan los 1.300 euros mensuales y desempeñan jornadas de hasta 60 horas en cuatro días con descansos reales de seis horas entre turnos.
Estas circunstancias se traducen en operativos que, en muchos casos, no cuentan con recursos humanos permanentes ni suficientes y que ven limitada su capacidad de actuar durante el invierno, la primera y el otoño. El resultado más evidente: la imposibilidad de implementar medidas preventivas eficaces antes de que llegue la temporada de alto riesgo.
Contra los bulos
La publicación sindical desenmascara algunos de los bulos que corren por las redes sociales sobre el origen de los incendios, la laxitud de las penas por delitos ecológicos o el uso de los terrenos quemados.
Así desvela que los informes de la Fiscalía sobre los incendios de 2006 y 2017 descartaron, ante la falta de evidencia, la existencia de organizaciones criminales o terroristas que se dedicasen a provocar fuego en los montes, aunque sí se detectó intencionalidad individual, descuidos, mala gestión forestal o negligencias vinculadas al medio rural.
La mayoría de incendios nacen de errores, descuidos, abandono rural o escasa prevención. En 2023 y según datos de la Fiscalía, un 68% de los incendios fueron provocados por negligencia, mientras que solo el 19% fueron intencionados. En cuanto a la responsabilidad de las personas pirómanas, apenas llegan al 7,7% de los incendios. La quema agrícola ilegal (37,85%) y la quema para regeneración de pastos (29,99%) son las causas más recurrentes de las llamas.
La legislación española ya establece penas de cárcel severas para quienes provocan incendios. Cuando un incendio supone un peligro para las personas, la pena de prisión va de 10 a 20 años y una multa de 12 a 24 meses.
la Ley de Montes, por su parte, prohíbe el cambio de uso forestal de los terrenos afectados por los incendios al menos durante 30 años e impide actividades incompatibles con la regeneración de la cubierta vegetal de las áreas afectadas, como la edificación o la instalación de paneles solares.
Redactor jefe de Noticias Obreras
