Piden al Parlamento andaluz que proteja los derechos de las personas trabajadoras migrantes del campo
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado este miércoles en el Parlamento de Andalucía su informe Frontera Sur 2025: Las fronteras internas en Andalucía, en el que denuncia las graves vulneraciones de derechos humanos que sufren miles de personas trabajadoras migrantes en los asentamientos agrícolas de Huelva y Almería
El informe documenta una realidad marcada por la precariedad estructural y la invisibilidad institucional. Se estima que al menos 12.000 personas viven en asentamientos informales en Huelva y Almería, en chabolas construidas con plásticos, palets y cartones, sin acceso a agua potable, electricidad ni saneamiento. Estas condiciones, agravadas por incendios recurrentes, afectan especialmente a mujeres, menores y jóvenes extutelados.
En Níjar (Almería), por ejemplo, el asentamiento de Don Domingo alberga a unas 600 personas en una superficie de más de 54.000 m². En El Ejido, las infraviviendas se encuentran dispersas entre invernaderos, con casos de hacinamiento extremo y alquileres de hasta 100 euros por cama. En Huelva, asentamientos como San Jorge, Las Madres o La Sevillana presentan situaciones similares, con falta de empadronamiento, servicios básicos y atención sanitaria.
Explotación laboral y deterioro ambiental
APDHA denuncia que, a pesar de que la agricultura intensiva genera grandes beneficios económicos —más de 3.900 millones de euros en Almería en la campaña 2023/2024—, quienes sustentan este modelo productivo sobreviven en la marginalidad. El 68% de las personas empleadas en el sector agrícola son extranjeras, muchas sin contrato ni derechos laborales.
El informe también alerta sobre el impacto ambiental del modelo agroindustrial: 40.000 toneladas de plásticos agrícolas al año, acuíferos sobreexplotados y contaminación de espacios protegidos como el humedal de Sotomontes o la albufera de Adra.
Críticas al Plan de Erradicación de Asentamientos
La asociación ha mostrado especial preocupación por el enfoque del I Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales y la Inclusión Social de Personas Residentes en Zonas Agrícolas de Andalucía, aprobado por la Junta de Andalucía en julio de 2023. por su falta de transparencia, escasa participación de las personas afectadas y la prioridad de las medidas paliativas y de control social frente a soluciones estructurales.
Entre las propuestas presentadas al Parlamento, la entidad reclama: un plan integral andaluz con enfoque de derechos humanos, una red de albergues públicos específicos, medidas para garantizar el empadronamiento y la atención sanitaria sin discriminación y el acceso a la educación.
Además apoya la regularización laboral y alternativas habitacionales sostenibles y reclama un modelo agrícola sostenible.
La asociación ha trasladado estas demandas a los grupos políticos presentes, recordando que “poner fin a décadas de explotación en el campo andaluz requiere voluntad política, coordinación institucional y, sobre todo, escuchar las voces de quienes sufren esta realidad en primera persona”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
