El Gobierno negocia la regularización extraordinaria de personas migrantes
El Gobierno de coalición está tratando de conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar la regularización extraordinaria de personas trabajadoras migrantes reclamada por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lleva parada desde hace un año.
Varios ministerios están negociando con los grupos parlamentarios en torno a las disposiciones que permitirán a personas migrantes acceder a los permisos de residencia y trabajo.
Al menos, esta es la información que está publicando estos días el diario El País, que ha tenido acceso al borrador del real decreto que tendrá que aprobarse en sede parlamentaria en un plazo máximo de seis meses.
Entre los requisitos para la regularización figuran de momento no contar con antecedentes penales, demostrar la permanencia en España y condiciones especiales de vulnerabilidad.
Incierto resultado parlamentario
Las conversaciones habrían comenzado con Podemos y se habrían ido ampliando progresivamente al resto de los grupos parlamentarios, con la excepción del PP y Vox.
Aunque el PSOE ya ha aceptado la necesidad de crear un “régimen transitorio, excepcional y acotado en el tiempo” —evitando explícitamente referirse a una regularización extraordinaria—, el principal punto de fricción sigue siendo la determinación de la fecha límite a partir de la cual las personas migrantes quedarían excluidas de esta vía hacia el acceso a derechos de ciudadanía.
Por su parte, el socio minoritario en el Ejecutivo, Sumar, propone extender este mecanismo hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería, o incluso hasta que se apruebe formalmente la propia Iniciativa Legislativa Popular.
El PP que en principio rechaza dar su apoyo a cualquier propuesta del Gobierno ha pedido, en todo caso, limitar la regularización a quienes llegaron antes de noviembre de 2021,lo que dejaría fuera a muchas que no han logrado los papeles en estos cuatro años transcurridos.
El PNV ha defendido la concesión de permisos de residencia vinculados a contratos de trabajo, mientras que no se sabe qué se puede esperar de Junts, vistas las últimas votaciones en el Congreso.
En la exposición de motivos de la propuesta legislativa se reconoce que “no acompasar de forma eficaz la evolución de los flujos humanos migrantes con el ámbito regulador puede generar situaciones de inseguridad o desprotección”.
También se menciona el desfase que provoca la nueva legislación de extranjería, dado que un número de personas migrantes “no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo. Como, por ejemplo, personas que hayan desistido de su solicitud de protección internacional o personas con vulnerabilidad”, según recoge El País.
El presidente Sánchez no solo ha asumido la postura de sus socios de coalición, sino que habría cedido a la presión del empresariado que se queja de los obstáculos administrativos para poder contratar a personas migrantes. También ha debido reconocer el desamparo en el que quedan los demandantes de protección internacional que desisten ante los obstáculos impuestos por el reglamento de extranjería que entra en vigor el 20 de mayo.
La ILP impulsada por la plataforma Esenciales, promovida por Alianza por la Solidaridad, la Fundación para una Ciudadanía Global, Fundación por Causa Redes, Regularización Ya, el partido Por un Mundo Más Justo…, y respaldada por más de 900 organizaciones de la sociedad civil sobrepasó el medio millón de apoyos ciudadanos necesarios para su presentación en el Congreso de los Diputados.
El 9 de abril de 2024, el Congreso aprobó por mayoría la toma en consideración de la iniciativa con un fuerte respaldo de la Iglesia española, desde la propia Conferencia Episcopal a entidades cristianas como CONFER, Cáritas Española y la propia HOAC.
Redactor jefe de Noticias Obreras
