Carme Trilla, presidenta de la Fundación Hàbitat3: «Hace falta un pacto de Estado para garantizar el derecho a la vivienda»
La economista Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3 y referente en políticas públicas de vivienda, desgrana en esta conversación las causas de la actual emergencia habitacional en España, propone soluciones a corto y largo plazo y denuncia la falta de voluntad política para transformar el modelo. «La emergencia habitacional no se resuelve sin un parque público de vivienda», señala ante una crisis que golpea con fuerza a las personas y familias trabajadoras.
¿Cómo se explica la crisis de vivienda actual?
La crisis de vivienda actual, fundamentalmente, es de accesibilidad, derivada de la distancia entre los ingresos de los hogares y el coste de la vivienda.
Para hacerlo resumido, estamos ante una fuertísima demanda de vivienda que se ha acumulado en los últimos cinco o seis años, debido al fuerte crecimiento poblacional de carácter migratorio y la retención de la oferta por la crisis de 2017 y 2018. La forma de canalizar la demanda ha sido el alquiler, escaso y más todavía el alquiler público. Lo que ha disparado los precios y la incapacidad para responder con el número de viviendas necesarias.
¿En qué se diferencia la política pública de vivienda en España respecto a los países de nuestro entorno y el caso de Viena?
Tenemos evidentemente rasgos muy diferenciados respecto de otros países, desde mediados del siglo XX, a partir de la II Guerra Mundial. En España, a partir de nuestra guerra. Las políticas de vivienda se han orientado hacia la compra, aun siendo vivienda protegida, que luego ha ido al mercado libre. El parque público es muy pequeño, en contraste con lo que hicieron la mayoría de países europeos, que fue crear grandes parques públicos de vivienda o parques sociales con el precio controlado a largo plazo.
El caso de Viena es el caso extremo, porque disponía de suelo público desde los años 30 del siglo pasado. Lo que ha hecho bien ha sido no venderlo y hacer vivienda pública o vivienda social, y mantener esa política durante 100 años, con distintos gobiernos.
Ahora nosotros tenemos que empezar de cero para conseguir tener un parque asequible.
¿Cuáles son los agentes dominantes en el mercado de la vivienda en España y cómo han logrado influir en los intentos de resolver la emergencia habitacional que vivimos?
La vivienda en venta y el suelo libre hace que los agentes dominantes en España sean los promotores privados. El interés de estos agentes no está precisamente en la vivienda social. O bien dejan de hacer vivienda, que es lo que ha pasado en estos últimos 10 o 12 años, o la que hacen busca su rentabilidad. No son los agentes adecuados para dar respuesta a la emergencia habitacional.
Hay entidades del tercer sector, como la fundación que dirijo, Hábitat 3, y otras que sí que están enfocándose evidentemente a atender esta emergencia, pero es una red muy pequeña, como su capacidad de respuesta.
¿Qué errores considera más graves por parte de las Administraciones públicas en la gestión del derecho a una vivienda digna, especialmente tras la crisis de 2008?
Dos grandes errores, uno del siglo 20 y otro del siglo 21. El del siglo pasado ya lo hemos comentado. Se hizo una política de vivienda de protección oficial muy importante, con siete millones de viviendas construidas que han perdido esta condición. De no haber sido así, seríamos el país de Europa con el mayor parque de viviendas sociales.
Al entrar en el siglo 21, con la burbuja, de 1997 a 2007, la evolución de los precios enloqueció. La resolución de la crisis fue peor. Las familias que no pudieron pagar la vivienda fueron desahuciadas, generando un parque vacío de viviendas.
Hemos hecho un esfuerzo entre todos para salvar al sector financiero con 70.000 millones de euros de rescate, sin poner ninguna condición en relación a las viviendas. Era la oportunidad de vincular el rescate bancario a la generación de un parque público de viviendas.
¿Hasta qué punto es cierto que hace falta construir más viviendas para resolver el aumento de precios y la falta de acceso a una vivienda digna?
Hacen falta muchos instrumentos, se tiene que trabajar con todos. Utilizar mejor el parque que ya tenemos es obligación. Las viviendas vacías hay que activarlas, con una política de ayudas a las familias y blindar al máximo los alquileres existentes ,para que no pierdan su vivienda.
El siglo pasado se hizo una política
de vivienda de protección oficial
muy importante, con siete millones
de viviendas construidas que
han perdido esta condición
Pero es verdad que no tenemos suficiente, sobre todo, en determinadas zonas de España, donde la presión es alta. Hay que construir viviendas porque estamos creciendo en población y vamos a crecer más.
También hay quien considera que falta capacidad inversora pública para financiar las medidas necesarias en vivienda… ¿es real o se trata más bien de una falta de voluntad política?
Falta inversión pública y también inversión privada. El sector financiero también tiene que colaborar para conseguir viviendas asequibles. Hay que conseguir el máximo de suelo público a coste bajo, incluso cero, y aplicar ayudas públicas para que el precio se ajuste a la capacidad de pago.
¿Qué tipo de regulación del alquiler sería más efectiva para contener los precios?
En Cataluña llevamos un año con los topes que prevé la ley del año 2023. La ley estatal ha dado buenos resultados. En Barcelona han bajado un 6,3% los precios. Es lo mínimo que hay que hacer, pero no es suficiente. Quienes están ya en viviendas con precios altos no tienen margen. Aunque contengamos los precios, hay cola de personas que se pelean por un piso. También hay que aumentar la oferta.
¿Hasta dónde pueden llegar las Administraciones públicas para intervenir en el mercado de la vivienda?
La intervención en el mercado de la vivienda es complicada en un libre mercado, y según qué medidas se toman, se impugnan inmediatamente. El Tribunal Constitucional ha validado la regulación de los alquileres y muchas medidas que se ponen encima de la mesa. El derecho a la vivienda está en la Constitución. Aquí hay un campo a recorrer. Evidentemente, el mercado y los propietarios y operadores privados se resisten, pero, por ejemplo, la reserva de suelo para vivienda protegida ha sido aceptada por el Constitucional.
Está aprobado en Barcelona que el 30% de las viviendas que se hagan sean protegidas, con precio controlado. Aceptado por el Constitucional. Hay que ir ahondando por ahí.
Es un problema que las comunidades autónomas no quieren aplicar una ley estatal. Fuese bueno o no, al final hay que contar con el reparto de competencias. Lo ideal sería, parece un poco ingenuo en estos momentos, que hubiese grandes pactos de Estado en este tema. Es un problema que va a explotar en las manos de los que están ahora, pero también de los que vengan luego.
¿Qué políticas públicas podrían potenciar el papel de las organizaciones sociales sin ánimo de lucro en esta tarea?
En toda Europa, el tercer sector, en forma de distintos tipos de organizaciones como Southhousing Associations, Shelley en Francia, las cooperativas…, tienen un papel fundamental en la provisión de vivienda a precios no especulativos.
Nuestra experiencia en Cataluña como tercer sector demuestra que sí que tenemos la capacidad para poder jugar junto con la administración ese papel. Habría que potenciar esto. Se lo hemos pedido al ministerio, lo estamos pidiendo en Cataluña. Hace falta una regulación que diga cómo tenemos que trabajar y al mismo tiempo ofrezca incentivos fiscales y urbanísticos. Ayudaría muchísimo al sector público y abriría el abanico de operadores alineados con la vivienda social. Sería un reto importante como país.
¿Cuáles son las propuestas a corto, medio y largo plazo para garantizar el derecho a una vivienda digna en nuestro país?
Lo más inmediato es evitar los desahucios, con medidas de concertación entre la administración y los propietarios para que sean colaboradores, no enemigos, porque son los que disponen de viviendas. Se puede llegar a acuerdos como se hace en educación o en sanidad, para concertar viviendas de modo que las personas con dificultades de pago estén cubiertas por la administración.
Lo segundo, también de forma inmediata, es potenciar más las ayudas al pago del alquiler de la vivienda. Existen, pero tendrían que ser más potentes para dar tranquilidad y seguridad a las familias. Tendría que vincularse a una limitación de precios para que no sea un factor inflacionista.
En Cataluña llevamos un año
con los topes que prevé la ley del año 2023.
La ley estatal ha dado buenos resultados.
En Barcelona han bajado un 6,3%
los precios
A medio y largo plazo, hay que conseguir que haya más oferta, sobre todo las zonas donde hay más tensión de demanda, que son todas las grandes ciudades y áreas metropolitanas, pero también todas las zonas turísticas.
Aquí entran medidas de carácter urbanístico que faciliten la producción de estas viviendas, con líneas de financiación públicas y apoyo público, garantizando el proceso acumulativo de parque social durante el siglo XXI.
La vivienda es un derecho fundamental vinculado a la dignidad de las personas, como recuerda el papa Francisco en Laudato si’. ¿De qué manera podrían contribuir las comunidades y entidades cristianas a paliar el problema actual?
Hay un nivel que es siempre relevante, que es el de la incidencia, la negociación o la concienciación de los responsables públicos. Es fundamental y creo que aquí es donde está el gran potencial de las entidades cristianas.
Seguramente haya proyectos concretos en zonas concretas que se puedan poner en marcha. Muchas de las entidades del tercer sector son de origen cristiano y tienen unas posibilidades de actuación directas como operadores, como gestoras, como mediadoras.
En las recientes movilizaciones del 5 de abril, se ha manifestado el hartazgo social ante la precariedad habitacional. ¿Qué mensaje darías a las personas que sienten que acceder a una vivienda digna se ha convertido en algo inalcanzable?
Está el plano de la necesidad y la creencia en que esto va a tener una solución a medio plazo. Por eso, hay que pedir la solidaridad de todos los grupos políticos para que se aprueben los presupuestos públicos. Esto, en las manifestaciones, no sale.
Si no se aprueban los presupuestos del Estado, los de las comunidades autónomas o los de los ayuntamientos, las nuevas políticas no prosperarán, porque no hay presupuesto.
Es una irresponsabilidad total de quienes se niegan a aprobar los presupuestos públicos. La exigencia social tendría que ser dejar de lado los motivos partidistas para aprobarlos. •
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
