El Defensor del Pueblo se une a la Iglesia para pedir la regularización de personas trabajadoras migrantes
Un año después de la toma en consideración en la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido a los partidos parlamentarios que aprueben el proyecto de ley, como hizo la semana pasada el presidente de los obispos españoles, Luis Argüello.
El 9 de abril de 2024, personas y entidades impulsoras de la iniciativa legislativa celebraban a las puertas del Congreso de los Diputados la aprobación de la tramitación. Pasado un año, la sociedad civil favorable a la regularización de personas migrantes que viven y trabajan en nuestro país, lamenta que la norma esté congelada.
Después de las enmiendas presentadas, a veces contradictorias entre sí, de los grupos parlamentarios y las comisiones para evaluar la ponencia, no se ha llegado a un acuerdo para aprobar la regularización reivindicada. Desde la reunión celebra antes de la Navidad, no ha se han producido nuevos avances.
Entre tanto, se ha procedido a una modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería que, con algunos avances y un claro retroceso en materia de protección internacional, en modo alguno, recoge el espíritu y las medidas contenidas en la iniciativa legislativa popular.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido en el Congreso la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) firmada por más de 600.000 personas y apoyada por instituciones “tan poco peligrosas como Cáritas, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos” para la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas migrantes.
Solucionar el limbo jurídico y existencial
El propio presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha pedido en la última asamblea plenaria de los obispos a “los dos grupos políticos mayoritarios” que impulsen la iniciativa legislativa popular para resolver el “limbo jurídico y existencial” de miles de personas migrantes que no cumplen con los requisitos establecidos para acceder a la documentación oficial, como demostrar dos años de permanencia en España exigidos o que carecen de documentación oficial o no disponer de un contrato laboral.
Alcanzar un acuerdo sería, en su opinión, un “ejercicio de regeneración democrática” en respuesta, además, a la situación de “miles de personas, especialmente niños, enfermos y trabajadores”. El dilema actual no es otro que “expulsarlos a todos o abordar la manera de regularizar su situación”.
En este sentido, ha anunciado que la Iglesia quiere “promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno”, y ha reiterado su disposición “a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo”.
La declaración del Defensor del Pueblo se produjo este martes en la Comisión Mixta del Congreso que regula las relaciones entre ambas instituciones, para dar cuenta de “las actuaciones realizadas en relación con la inseguridad de que son víctimas muchos españoles por causa de la inmigración ilegal masiva en el año 2023 y la parte transcurrida de 2024”, como había pedido Vox.
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Más solución que problema
Gabilondo ha negado que exista una correlación entre migración y criminalidad y se ha mostrado de acuerdo con la aprobación de una ley que responda a la iniciativa legislativa popular que fue firmada por más de 600.000 personas y apoyada por cientos de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, por “instituciones tan poco peligrosas como Cáritas, la Conferencia Episcopal Española o la Confer”.
“Ya ha iniciado su tramitación como proposición de ley. Está en sus manos, ustedes verán lo que es mejor hacer, pero el Defensor del Pueblo considera que habría que proceder según unas determinadas líneas coherentes de trabajo”, ha matizado.
Además, ha advertido de la “situación cercana al colapso” en el sistema de solicitudes de protección internacional y ha animado a que la regularización vaya acompañada de un “análisis de deficiencias” del sistema y a “abordar reformas legales que se pongan en marcha” tras la regularización, en coordinación con ayuntamientos y comunidades autónomas. “No es que ellos deseen ser irregulares”, ha remarcado.
El Defensor del Pueblo ha desvinculado migración de criminalidad. “Lo que muestran los datos oficiales del Ministerio del Interior es que, mientras la migración sube, la criminalidad baja, sin que haya de hacerse, esto es muy importante, una relación causal en ningún sentido entre ambas”, ha explicado y ha negado igualmente que exista una percepción generalizada de inseguridad ciudadana. Citando el barómetro del CIS, ha puntualizado que “tan solo un 3,8% de total encuestado considera la inmigración un primer problema para España”.
Igualmente ha reconocido la contribución de las personas migrantes a toda la sociedad, especialmente en sectores económicos fundamentales. “Los trabajadores migrantes son más del 80% de la mano de obra recolectora en España. Es decir, que al menos en este aspecto la migración, más que un problema, parece ser una solución”, ha aclarado.
En su segunda intervención, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a Vox para defenderse de las acusaciones directas que sus representantes, sin necesidad de sostener con hechos ni datos sus peregrinas afirmaciones, le han lanzado, asegurando que “en absoluto” su departamento está “fomentando la ilegalidad, el caos y el desorden”. Es más ha advertido que “son las escalas de valores las que están en juego”. “Aquí el problemita es la escala de valores, cuál es la prioridad para unos u otros. En la nuestra todas las personas, todos somos seres humanos ninguno superior a otro”, ha concluido.
Tramitación estancada
Por el momento, la presidencia del Comisión de Migraciones en el Congreso que ostenta Sumar no tiene prevista una nueva convocatoria, a la espera de que las negociaciones entre bastidores produzcan algún fruto. Las posturas siguen muy alejadas. En febrero fue rechazada una propuesta no de ley de Podemos para desbloquear la situación.
Los grupos parlamentarios se han volcado en cerrar los Presupuestos Generales del Estado, así como en concretar la delegación de competencias en inmigración para Cataluña, sin que hasta la fecha la regularización extraordinaria se haya convertido en una de sus prioridades.
Redactor jefe de Noticias Obreras
