Demandan alojamiento digno para temporeros dentro del plan de recuperación de Doñana

Demandan alojamiento digno para temporeros dentro del plan de recuperación de Doñana
FOTO | Asentamiento El Walili. Vía SOC-SAT Almería
Ante las pésimas condiciones de vida y trabajo de los temporeros migrantes de los invernaderos de Huelva, como también de Almería, una treintena de asociaciones han pedido incluir la construcción de alojamientos dignos para temporeros migrantes dentro de los “fines socioeconómicos” del plan de regeneración de Doñana, acordado entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), la Asociación de Mujeres Inmigrantes (AMIA) y Asociación Multicultural Mazagón, con el apoyo de una treintena de entidades, entre ellas la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Huelva, convocaron una concentración en el asentamiento de Las Madres, en Moguer (Huelva), para denunciar la vulneración sistemática de derechos de personas migrantes temporeros

En el convenio para la recuperación del parque natural y alrededores, figura una línea para fines socioeconómicos, dotada con seis millones de euros, por lo que la integrante de la Asociación Multicultural Mazagón entiende que las subvenciones deberían servir para facilitar “alojamientos dignos a las personas migrantes”. Las alegaciones al plan deben presentarse antes del 22 de abril, por lo que desde las entidades de apoyo a personas migrantes ya están consensuando su propuesta.

A pesar de los ingresos millonarios que genera el sector agrícola en Andalucía, miles de personas migrantes temporeras que trabajan en los invernaderos no tiene más alternativa que vivir en asentamientos de infraviviendas sin acceso a servicios básicos, además de estar expuesta a largas jornadas extenuantes y la desprotección ante los abusos.

Pepa Suárez, representante de la Asociación de Mazagón, critica que en la inversión de seis millones de euros prevista para fomentar la inclusión social y laboral en estas zonas no se considere la edificación de viviendas.

“Lo más grave es que se trata de una realidad conocida, repetida, documentada, pero ignorada de forma sistemática”, añade.

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“La normalización de condiciones indignas y el temor de las trabajadoras a denunciar incumplimientos de sus contratos favorecen un sistema que invisibiliza a quienes hacen posible que productos como la fresa sigan siendo accesibles en los supermercados”, denuncia Suárez.

Cabe recordar que un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), alrededor de 35.000 temporeros agrícolas, en su mayoría migrantes sin documentación, trabajan en condiciones extremadamente precarias en Almería y Huelva. Muchos residen en asentamientos construidos con materiales desechados como plástico y cartón, enfrentándose a la falta de agua potable, electricidad y saneamiento.

Estos asentamientos son asolados con frecuencia por incendios. En enero de 2025, un incendio en el asentamiento de Santa Catalina, en Lucena del Puerto, cobró la vida de un trabajador ghanés.

Las empresas agrícolas continúan empleando a trabajadores de estos asentamientos, perpetuando un sistema de explotación. Las firmas suelen alegar la falta de mano de obra, aunque, no reparan en que los salarios de miseria y la falta de protección social no resultan atractivo para las personas trabajadores locales. Las personas migrantes, muchas veces en situación administrativa irregular, acaban aceptando “lo que nadie más aceptaría”

Los colectivos convocantes de la protesta de este domingo también denuncian que los contratos en los países de origen de los migrantes tampoco son una solución, ya que, a su juicio, “perpetuán la vulnerabilidad”. “Son muchas las quejas de las trabajadoras que tienen miedo a denunciar el incumplimiento de sus contratos, aseguran.