¿Necesitamos una banca pública?

¿Necesitamos una banca pública?
Foto | Atit Phetmuangtong (vecteezy)
De vez en cuando escuchamos voces favorables a la creación de una banca pública. La hemos tenido en España y existe en otros países europeos. Pero aquí ya hace tiempo que fue vendida al sector privado y dejó de existir.

Hay que aclarar que, cuando hablo de un banco público, me refiero a una entidad bancaria que, como todas las de su clase, acepte depósitos y, al mismo tiempo, sea capaz de ofrecer préstamos y financiación.

Por eso, estoy hablando de algo diferente al Banco Central Europeo, que es la entidad emisora de la moneda oficial de la Unión Europea: el euro; o del Banco Europeo de Inversiones o el Instituto de Crédito Oficial, que canalizan inversiones que cumplen con objetivos públicos de la Unión Europea y de España, pero que no admiten depósitos.

Los motivos por los que se afirma la necesidad de crear esta clase de banco son dos, principalmente. Por un lado, atender a inversiones que persiguen fines públicos. La búsqueda de la rentabilidad en las inversiones hace que, en algunos casos, el sector privado no atienda a esta clase de inversiones que quedan sin cubrir o que tienen que recurrir a intereses demasiado elevados.

En segundo lugar, se trata de atender a particulares que están siendo descuidados por el sector privado y que no tienen un fácil acceso a los servicios bancarios en los lugares en los que viven. La normativa financiera y los elevados costes que tiene el abrir oficinas y ofrecer servicios en lugares poco habitados, hace que, a pesar de lo necesario que es hoy en día tener una cuenta bancaria para cualquier operación económica, muchas personas tengan que desplazarse largas distancias para poder acceder a algunos servicios financieros.

Los dos motivos, por lo tanto, son potentes y justificados. Se trata de dos necesidades que, como sociedad no deberíamos descuidar. Por un lado, la de tener una financiación adecuada para que los fines públicos se cumpliesen de una manera eficaz y barata. Esta finalidad ya tiene quien la cumpla. Por un lado, está el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y su, equivalente a nivel nacional, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que intentan lograr estos objetivos. Es verdad que no tienen todo el alcance que sería deseable, que muchas veces los posibles destinatarios no son conscientes de que pueden utilizar esta clase de créditos que, con frecuencia, se dan a través de entidades privadas.

El segundo también parece un motivo justificado. En estos momentos, para poder llevar una vida económica medianamente normal es imprescindible contar con una cuenta bancaria. Mientras que, en el pasado, una persona podía desarrollar su vida económica con dinero en efectivo sin mucho problema, esto se hace imposible en la actualidad. La mayoría de los pagos normales se realizan a través de cuentas bancarias y la forma de dinero más utilizada en la actualidad son los apuntes informáticos en una cuenta bancaria. Aunque, la gran mayoría de los movimientos económicos pueden realizarse telemáticamente y la cobertura de internet de calidad es cada día más universal, determinadas operaciones, peticiones de préstamos o asesoramiento, solamente se pueden realizar con los profesionales de las instituciones financieras.

Sin embargo, las entidades privadas tienen cada vez más problemas para mantener sus servicios en aquellos lugares que no tienen una elevada población. Los motivos son dos principalmente. El primero es una legislación del Banco de España muy estricta para evitar los problemas que se dieron en la crisis financiera de principios del siglo XXI. Ello hace que el cumplimiento de distintas ratios exigidas por la autoridad financiera conlleve cerrar oficinas bancarias en zonas poco pobladas. Por otro lado, la falta de rentabilidad de la que pueden adolecer estas posibles oficinas debido a que el trabajo y el volumen de negocio no son suficientemente elevados conlleva que algunas entidades bancarias decidan cerrarlas, ya que sus gastos superan con creces los retornos de estos servicios, lo que reduce sus beneficios globales.

Las entidades privadas tienen
problemas para mantener sus servicios
en lugares que no tienen
una elevada población

La solución más adecuada para estos problemas es, para algunos, la creación de una banca pública. Algunos argumentan que para esto se podría utilizar el antiguo banco postal, que aprovechaba la infraestructura de Correos por toda la geografía para poder asentarse en los lugares más alejados y, así, permitir a quienes lo tienen más lejos, contar con un servicio financiero de cercanía y, al mismo tiempo, acercar los servicios del ICO a aquellos que pueden beneficiarse de ellos, manteniendo una estructura de profesionales que ayuden a sus posibles beneficiarios.

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Si bien esta puede ser una buena solución, cabría preguntarse si podríamos lograr los mismos objetivos de alguna otra manera. Es decir, si podríamos establecer un trabajo conjunto entre el sector público y el privado que hiciese innecesaria la creación de este banco público, porque se logra lo mismo a través de las empresas privadas ya especializadas en los servicios financieros y bancarios.

Tal vez, no sería conveniente para esto utilizar las entidades más grandes y más enfocadas a los beneficios (hay que recordar que nuestro país está en los primeros lugares de concentración bancaria de la Unión Europea) sino aquellas que tienen una finalidad social dentro de sus estatutos. Como las Cajas de Ahorro ya pasaron a la historia (solamente quedan dos en España), me refiero a las cooperativas de crédito.

La mayoría de estas, no solo ya están asentadas en las zonas más vacías de nuestro país, sino que además comparten objetivos públicos y podrían establecerse convenios con ellas que permitiesen llenar los vacíos existentes en cuanto a inversión y en cuanto a depósitos.

Se podrían rebajar los criterios exigidos en caso de que estuviesen atendiendo a determinadas zonas, colaborar en el pago de intereses en el caso de préstamos a inversiones de interés público, pagar una parte de los servicios ofrecidos a las personas más desprotegidas. Estas y otras medidas podrían resultar más económicas y eficaces que la creación del banco público.

Habría, por tanto, que estudiar todas las posibilidades y escoger aquellas que alcanzasen los objetivos planteados de una manera más eficaz y, a poder ser, económica (para utilizar los ahorros generados en reforzar los servicios). Este análisis debería afrontarse sin ideas preconcebidas, simplemente tomando aquella opción que fuese mejor después de un estudio y análisis sosegado.