El trabajo de cuidados sigue siendo uno de los más precarios, peor remunerados y desprotegidos
El nuevo informe del Servicio Jesuita a Migrantes denuncia las graves vulneraciones de los derechos laborales de miles de mujeres trabajadoras migrantes del hogar y plantea propuestas para garantizar el cuidado con dignidad
“El trabajo de cuidados realizado en el ámbito de los hogares es una importante fuente de empleo, tanto por el número de personas trabajadoras que ocupa, como por su contribución al funcionamiento general de la economía y de la vida social […] pero esta relevancia no se traduce en un reconocimiento económico y social pues es uno de los sectores más precarios, peor remunerados y desprotegidos de empleo”, destaca el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en la presentación de su informe Cuidar con derechos, vivir con dignidad, realizada este jueves en la Universidad de Sevilla.
El documento se centra en las condiciones laborales de las mujeres migrantes que trabajan en el empleo del hogar y de los cuidados, y propone soluciones políticas y sociales desde un enfoque de derechos humanos e interseccional.
Mujeres migrantes, en la base del sistema de cuidados
El informe, cuyas autoras son Susete Mourato, Claudia Favela, Sylvia Villalba, Natalia Padrón e Inés García de la Fuente, recoge que el 88% de quienes se dedican a este tipo de empleo son mujeres y más de la mitad (56%) tienen nacionalidad extracomunitaria. Muchas de ellas, alrededor de 70.000 se encuentran en situación administrativa irregular. “El 40,4% de las mujeres encuestadas se encuentra en situación administrativa irregular en España”, señala el estudio, lo que las sitúa en una situación de extrema vulnerabilidad ante la ley y las relaciones laborales.
Estas trabajadoras, en su mayoría procedentes de América Latina, asumen una doble o triple jornada laboral: “El 91,3% de las empleadas internas afirma que el número de horas (reales) trabajadas en el último trabajo superan las 40 horas semanales”. En el caso más extremo, “el 38,1% considera que trabaja 24 horas al día”, sin respetarse los tiempos mínimos de descanso exigidos por la legislación vigente.
Una de las principales preocupaciones es la falta de cumplimiento de la ley por parte de muchas personas empleadoras. El 57,7% de las encuestadas afirma no tener contrato ni alta en la Seguridad Social, y entre las principales causas se identifica “que las personas empleadoras no tenían voluntad para hacerlo” (51,9%).
Además, “el 58% identifica el derecho a recibir un salario acorde a lo establecido por ley como la principal vulneración”, seguido del descanso laboral, las vacaciones y la prevención de riesgos laborales. El informe insiste en que la firma de un contrato no garantiza, por sí sola, condiciones laborales dignas, ni siquiera para quienes están regularizadas.
Contratación: entre la urgencia y la precariedad
A través de entrevistas a familias empleadoras, el SJM ha querido ampliar el foco para comprender las motivaciones, dificultades y prácticas de quienes contratan. Algunas personas entrevistadas admiten que recurren a mujeres en situación irregular porque “van a tener más dificultades para encontrar trabajo”, lo que implica que podrán retener sus servicios por más tiempo.
En muchas ocasiones, la contratación se da en contextos de urgencia, por el empeoramiento súbito de la salud de un familiar mayor. En esos casos, “las primeras impresiones” en la entrevista son determinantes, y se prioriza la confianza, la experiencia, y la capacidad de trato. No obstante, se reconoce la dureza de las condiciones impuestas: “Esta persona tiene a sus hijos en Nicaragua. Hace cuatro años que no los ve. Son vidas tan distintas, tan duras”, cuenta una empleadora.
Reconocimiento de los avances y propuestas urgentes
El informe reconoce avances legislativos como la ratificación del Convenio 189 de la OIT o el Real Decreto-Ley 16/2022 que reconoce el derecho al paro y otras protecciones para las trabajadoras del hogar. Sin embargo, advierte que “aún son muchos los retos que deben abordarse para que se pueda llegar a implementar políticas públicas que garanticen tanto el derecho al cuidado como el derecho al trabajo decente”.
Entre las recomendaciones, el SJM propone: Facilitar la regularización extraordinaria de personas trabajadoras migrantes; promover formación específica y homologación de estudios en el ámbito de los cuidados; crear mecanismos para acompañar a familias empleadoras en la formalización y cumplimiento de sus responsabilidades laborales; y desarrollar políticas públicas robustas que reconozcan el valor del cuidado como un trabajo esencial para la vida y el sostenimiento del bien común.
“Cuidar a quienes nos están cuidando es una cuestión de justicia social. Es una responsabilidad institucional y social caminar hacia una transformación de los modelos de gestión de las migraciones y también de la forma en que estamos resolviendo las necesidades de cuidados”, concluyen.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
