El Gobierno salva el choque sobre el salario mínimo

El Gobierno salva el choque sobre el salario mínimo
FOTO | María Jesús Montero (i) y Yolanda Díaz, en el Congreso. Vía Eduardo Parra, Europa Press
Hacienda y Trabajo pactan “in extremis” que las personas trabajadoras que cobran el salario mínimo interprofesional queden exentos de pagar el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF)

Concluyes semanas de tensión en el Gobierno. Los ministerios de Hacienda y Trabajo han alcanzado un acuerdo para evitar que las personas trabajadoras que reciben el salario mínimo interprofesional (SMI) tributen por el IRPF. La medida resuelve una crisis abierta tras la aprobación del salario mínimo para 2025, que asciende a 1.184 euros mensuales, y que provocó un inédito enfrentamiento público entre los dos socios del Ejecutivo.

La fórmula acordada consiste en elevar, mediante una modificación reglamentaria presentada por los dos grupos parlamentarios de PSOE y Sumar, el mínimo exento de tributación, de modo que las personas que perciban el salario mínimo no se vean obligadas a tributar en la renta. De esta manera, se evita una pérdida de poder adquisitivo en las personas trabajadoras más vulnerables del mundo del trabajo.

Según los cálculos que maneja el Gobierno, solo un 20% de las personas trabajadoras que cobran el SMI sin cargas familiares se verían afectados por la tributación, por lo que la solución pactada tendrá un impacto quirúrgico, cifrado en unos 150 millones de euros.

Tenso desencuentro

El desencuentro entre el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, y el de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, se hizo público el mismo día en que se aprobó la subida del SMI. Mientras Hacienda anunciaba que los nuevos perceptores del salario mínimo pasarían a tributar por primera vez, Trabajo manifestaba su rechazo frontal y exigía una solución inmediata.

Yolanda Díaz denunció que las rentas más bajas “deben quedar exentas” de tributación, una posición que contó con el respaldo de CCOO y UGT y de la mayoría del Congreso. PP y Podemos llegaron a registrar iniciativas para evitar esa tributación. Sumar, por su parte, presentó una proposición de ley para revertir la medida, lo que intensificó el pulso en la coalición.

Desde el ala socialista del Gobierno se insistía en que la fiscalidad debe ser progresiva y que el SMI, por su naturaleza salarial y no asistencial, no debe quedar automáticamente exento del impuesto. No se trata de “caridad”, sino de contribuir a un “sistema solidario” que se mantiene con los impuestos, afirmaban fuentes del PSOE, según informa J. Marcos y P. Chouza, defendiendo el papel de la política fiscal en el sostenimiento del Estado del bienestar.

Un pacto para salvar la cara y preservar el consenso

La crisis amenazaba con trasladarse al Congreso, donde el Ejecutivo tenía hasta este viernes para vetar la iniciativa de Sumar. En este contexto, ambas partes intensificaron las negociaciones. Yolanda Díaz anunció el lunes por la noche, en una entrevista televisiva, que había remitido una propuesta a Hacienda, y el martes ambas vicepresidentas confirmaban que se estaba cerca de cerrar un acuerdo.

Finalmente, el pacto ha llegado con una medida que evita una modificación legal y se limita a una corrección reglamentaria. La solución se presenta como una “compensación” a los trabajadores que, de no aplicarse, verían reducida su renta disponible pese a la subida del salario mínimo.

“Siempre soy una mujer optimista en las negociaciones”, declaró Díaz desde Bruselas. “Lo que no tenía sentido era no sentarse a negociar (…) hemos hecho lo que teníamos que hacer y me gustaría que alcancemos un acuerdo”, añadió. En paralelo, Montero ha subrayado que Hacienda mantiene la tesis de que el debate sobre el SMI y el IRPF deben tratarse por separado, pero que están trabajando para atender a quienes podrían verse afectados por la última subida.

Este acuerdo permite al Gobierno preservar dos de sus banderas sociales: la subida sostenida del SMI desde 2018 (de 735 a 1.184 euros) y la protección del poder adquisitivo de las personas trabajadoras más vulnerables.

 

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