El “escándalo” de la vivienda reta al Pueblo de Dios a buscar alternativas creativas y comunitarias
Para la Iglesia, la carencia de vivienda representa un gran escándalo, además de uno de los mayores obstáculos para la vida digna, por lo que reclama políticas públicas decididas, además de animar a organizarse en defensa del derecho a techo.
Estas fueron las principales conclusiones del encuentro por internet “Derecho a techo: el acceso a la vivienda”, organizado por el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que contó con las reflexiones de la economista experta en políticas públicas de vivienda, Carme Trilla, y el sociólogo experto en Doctrina Social de la Iglesia y consiliario de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), Luis Miguel Castro.
La sesión comenzó con las palabras del obispo de Osma-Soria y responsable de la Pastoral del Trabajo en la CEE, Abilio Martínez, quien animó a denunciar esta situación y buscar comunitariamente respuestas a la altura de este desafío.
“Estamos pagando el precio de muchos años de hacer las cosas mal, de hacerlas sin pensar un mañana”, advirtió Trilla, quien además es presidenta de la Fundació Hàbitat3, en referencia a las políticas de vivienda desplegadas desde el siglo XX en nuestro país.
El presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, en la plenaria del a Conferencia Episcopal del pasado noviembre, ya advirtió que “la vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad, supone un gasto inasumible para muchos y dificulta la vida familiar y social”.
La Doctrina Social de la Iglesia, al igual que la normativa internacional sobre derechos fundamentales y la Constitución española, considera la vivienda como como un derecho humano fundamental y una necesidad básica, que exige a los Gobiernos reconocer, proteger y hacer efectivo.
“Para la Iglesia los derechos humanos son la primera condición que se tiene que cumplir para que se haga realidad el primer y principal principio de la doctrina social, que es el de la dignidad de las personas”, enfatizó el consiliario de la JOC, Luis Miguel Castro.
El papa Francisco ha insistido en múltiples ocasiones en la necesidad de asegurar tierra, techo y trabajo para todas las personas, además defender, como hizo en el discurso a los movimientos populares de 2015, que “hay que pasar de un mecanismo de acumulación” a otro donde “la economía sea la adecuada administración de la casa común que garantice la distribución de los bienes entre todos”, siguiendo el principio del destino universal de los bienes.
Después de todo, así lo ha entendido desde sus orígenes el cristianismo. No en vano, en el libro del Eclesiástico, ya se dice que “son esenciales para la vida, agua, pan, casa y un vestido para cubrir la desnudez”.
Francisco en Laudato si’, volvía a destacar que “la posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias”.
Falta vivienda pública y social
Uno de los grandes errores en materia de vivienda en España, según la experta Carme Trilla, ha sido la salida al mercado libre de las cerca de siete millones de viviendas de protección oficial que se construyeron a lo largo del siglo XX, al que hay que añadir el abandono de cualquier atisbo de política pública tras la crisis inmobiliaria de 2008, a pesar del rescate bancario con casi 70.000 millones de euros a cargo del presupuesto público, sin ninguna condición.
Según sus cálculos, España tiene un déficit estructural de parque público de viviendas evidente, con solo un 1,5% de las viviendas construidas, mientras las familias dedican cada vez una mayor parte de sus ingresos al alquiler o compra en propiedad.
Para alcanzar los niveles de vivienda protegida de los países de nuestro entorno que ronda el 15%, hacen falta 140.000 viviendas al año durante los próximos 20, lo que no será posible sin un significativo aumento de la inversión pública, la mejora de la actual regulación y, sobre todo, la movilización conjunta y la colaboración entre el sector público, el privado y asociativo.
En su opinión, ninguno de los sectores por sí solo tiene capacidad suficiente para resolver la situación, por lo que la especialista aboga por un pacto social, por la concertación entre la iniciativa pública y privada, con la participación del tejido social, al estilo de lo que se ha hecho para extender la educación y la sanidad subsidiariamente allí donde el Estado no llega.
Para incidir en el mercado de la vivienda, desde su punto de vista, hace falta “sumar manos y esfuerzos”. Dadas las dificultades para alcanzar pactos de Estado, al menos, plantea Trilla, deberíamos alcanzar un “pacto social”, “unos acuerdos entre los sectores sociales, entre los que proveen de viviendas y los que necesitan las viviendas, también con las distintas organizaciones afectadas”.
Trilla abogó por una política de vivienda estructural y a largo plazo, similar a la de Viena, que ha mantenido un importante parque social desde los años 30 del siglo pasado y defendió una regulación más estricta de las viviendas turísticas para preservar el parque de viviendas para residentes locales, además de la puesta en marcha de un sistema de garantías públicas para el pago del alquiler, supeditado a un control de precios.
Injusta distribución de los bienes
La enseñanza social de la Iglesia no puede ser más clara a la hora de defender una organización de la economía y la vida social que garanticen las condiciones materiales suficientes para la vida digna de todas las personas, entre las que indudablemente se cuenta el acceso a la vivienda.
“La realidad de la carencia de vivienda (…) constituye sin duda uno de los indicios más desconsoladores de la situación de infradesarrollo en que viven inmensas muchedumbres; o, para ser más exactos, una porción elevada del género humano”, clamaba nada menos que en 1987, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz.
Ya entonces llamaba a “las instancias responsables y todos nosotros” a reaccionar, ante lo que “desde el punto de vista ético es, además, un escándalo, y una prueba más de la injusta distribución de los bienes que originariamente están destinados a todos”.
El derecho universal e inviolable a la vivienda lleva a la Iglesia incluso a cuestionar la existencia de los desahucios, por afectar a un bien esencial que debería ser inajenable, al menos mientras no se contemplen alternativas habitacionales dignas.
Tampoco faltan propuestas al Pueblo de Dios. “La propia iglesia y con ella los cristianos, tenemos que estar dispuestos ante casos de necesidad a enajenar bienes nuestros y, entre otras cosas, para buscar vivienda”, se dice en la encíclica Sollicitudo rei socialis.
También hay un reclamo permanente a la comunidad cristiana a favorecer y participar junto las personas afectada a promover organizaciones y asociaciones que permitan resolver el problema de la falta de vivienda adecuada.
“Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, en la búsqueda cotidiana de las “tres T””, decía al papa a los Movimientos Populares en 2015, a los que siempre ha alentado a buscar alternativas creativas y compartidas.
El Pueblo de Dios está convocado en pleno siglo XXI a traducir los principios de la Iglesia en propuestas políticas, económicas y sociales concretas, en este caso, para abordar la crisis de vivienda. Como derecho fundamental y factor determinante para asegurar una vida plena, su defensa y garantía interpela a la acción pastoral de la Iglesia en el mundo del trabajo, con migrantes, con las familias, con jóvenes…
Además de denunciar la situación actual y exigir a los poderes público la adopción de medidas efectivas para cumplir con sus obligaciones, hace falta la colaboración de la comunidad cristiana con entidades sociales que ya trabajan en este sentido, como replantearse incluso sus propias respuestas ante las situaciones de emergencia y promover soluciones no mercantiles.
Redactor jefe de Noticias Obreras
