El Comité Europeo de Derechos Sociales pide medidas para defender a la población de la crisis de la inflación
El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha publicado un estudio en el que recuerda que “las dificultades económicas no deben conducir a la erosión de los derechos sociales fundamentales, y los gobiernos deben garantizar que las políticas defiendan los principios de justicia social y solidaridad”.
El sindicato UGT, al calor de este nuevo informe, ha pedido seguir subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI) en toda la Unión Europea, fortalecer los sistemas de protección social para garantizar ingresos suficientes a todas las personas, aplicar políticas fiscales progresivas que alivien la carga económica de los hogares más vulnerables y regular el acceso a la vivienda reconociéndola como un derecho fundamental.
El sindicato informa que está promoviendo en el Comité Económico y Social Europeo un dictamen que plantea medidas concretas para combatir la pérdida de poder adquisitivo y reducir las desigualdades.
Es imprescindible que las políticas públicas adopten un enfoque a medio y largo plazo que garantice la justicia social y la estabilidad económica”, ha señalado UGT.
El informe evalúa la respuesta de los Estado al encarecimiento de la vida, concluyendo que muchos gobiernos no han adoptado políticas suficientes para garantizar niveles de vida adecuados, incumpliendo así sus compromisos internacionales en materia de derechos sociales.
En 2023 el Comité solicitó a todos los Estados firmantes de la Carta Social Europea que comunicaran las medidas dirigidas a mitigar los efectos de la crisis del coste de la vida. Tras analizar las respuestas, ha constatado que “los grupos desfavorecidos en la sociedad europea, incluidos los hogares de bajos ingresos, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad, han estado especialmente expuestos y se han enfrentado a un aumento de la pobreza, la exclusión social y el deterioro de las condiciones de vida”.
En referencia al poder adquisitivo, el informe advierte que “el salario mínimo ha disminuido en numerosos países debido a la elevada inflación”, a pesar de que, recuerda, “los Estados deben garantizar una remuneración justa de acuerdo con el artículo 4 de la Carta, asegurando que los trabajadores y sus familias disfruten de un nivel de vida digno. Esto incluye garantizar que los salarios mínimos se fijen en no menos del 60 % del salario medio neto nacional”.
El director general de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa, Gianluca Esposito, ha explicado que “La crisis del coste de la vida afecta a innumerables personas en los Estados miembros del Consejo de Europa, y sus efectos se sienten a diario”.
Así, ha añadido, “muchos luchan por llegar a fin de mes. Esta crisis exacerba las desigualdades sociales y socava la capacidad de las personas para ejercer sus derechos en ámbitos esenciales, como la protección social, el empleo y la vivienda. Es hora de actuar para hacerle frente”.
El informe subraya la necesidad de que los gobiernos adopten medidas estructurales y urgentes para evitar el deterioro del bienestar de la población. Entre sus principales recomendaciones se encuentran: la actualización de prestaciones sociales, los salarios dignos, el acceso a una vivienda asequible, la protección frente a la pobreza energética, así como el diálogo social y la participación ciudadana.
El Comité propone a los gobiernos que adopten medidas a medio y largo plazo basadas en los derechos para hacer frente a los efectos a largo plazo de las crisis del coste de la vida, y no solo a corto plazo, como las prestaciones en efectivo ad hoc o puntuales o los aumentos temporales de las prestaciones.
Para cumplir con las legislación europea de derechos humanos, es esencial “abordar una crisis del coste de la vida de una manera coherente con los derechos de la Carta”, defiende el Comité.
Su presidente, Aoife Nolan, ha insistido en que “defender los derechos de la Carta en beneficio de todos favorece la recuperación económica y la justicia social. Garantizar que todas las personas en Europa disfruten de sus derechos relacionados con la protección social, la vivienda, el trabajo y la educación constituye una forma de contrarrestar las crecientes amenazas a la democracia que se han alimentado del miedo a la disminución del nivel de vida y las oportunidades vitales», aseguró.
Redactor jefe de Noticias Obreras
