Techo digno para todos y todas. La deuda pendiente de una España justa y solidaria
En España, el derecho a una vivienda digna sigue siendo una promesa incumplida para miles de personas. Cada noche, más de 30.000 hombres y mujeres duermen en las calles de nuestras ciudades, expuestos al frío, a la inseguridad y a la indiferencia social. Mientras tanto, el mercado inmobiliario continúa en una espiral especulativa que convierte la vivienda en un lujo inaccesible para una parte creciente de la población. El sueño de un hogar seguro se desvanece para familias desahuciadas, jóvenes sin empleo estable, mayores con pensiones insuficientes y migrantes atrapados en un laberinto burocrático.
El drama habitacional en España no es solo una cuestión económica; es una cuestión de derechos humanos. No tener un techo no significa únicamente carecer de un lugar donde dormir. Significa no tener privacidad, no poder acceder a servicios básicos, no tener una dirección que permita recibir correo oficial o acceder a ayudas sociales. Es vivir en la exclusión, en la invisibilidad, en la negación de la dignidad humana.
La Constitución Española, en su artículo 47, reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, esta declaración ha quedado relegada a una mera aspiración, sin un desarrollo legislativo que garantice su cumplimiento efectivo. La vivienda sigue considerándose un bien de mercado, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, y no un derecho humano fundamental. El resultado es un país donde la especulación inmobiliaria campa a sus anchas, mientras miles de personas carecen de un hogar digno.
España cuenta con uno de los parques de vivienda social más bajos de Europa, apenas un 3,3% del total de viviendas, frente al 30% de Países Bajos o el 24% de Austria. Durante décadas, se ha apostado por un modelo de propiedad privada, incentivando la compra de viviendas con desgravaciones fiscales y facilitando el acceso a hipotecas. Pero esta política ha excluido a quienes no pueden permitirse comprar una casa y ha generado una burbuja especulativa que ha disparado los precios del alquiler.
El auge de los alquileres turísticos y la entrada de fondos de inversión en el mercado inmobiliario han agravado aún más la situación. En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, el precio del alquiler ha aumentado en más de un 50% en la última década, expulsando a miles de familias de sus barrios y generando procesos de gentrificación que convierten a las ciudades en espacios exclusivos para quienes pueden pagar precios desorbitados.
Este modelo de vivienda ha generado una profunda desigualdad social. La vivienda se ha convertido en un factor de exclusión, separando a quienes pueden acceder a un hogar digno de quienes se ven abocados a la precariedad habitacional. Familias enteras viven en habitaciones realquiladas, sin contrato, sin estabilidad, sin dignidad. Otros muchos sobreviven en infraviviendas, en asentamientos chabolistas o en locales comerciales reconvertidos en pisos ilegales.
La realidad de los sin hogar es aún más estremecedora. La mayoría lleva años viviendo en la calle, atrapados en un círculo vicioso de exclusión social. Sin una dirección fija, no pueden acceder a ayudas sociales ni a un empleo estable. La crisis habitacional en España no es solo una cuestión de números; es una crisis de derechos humanos, de dignidad y de justicia social.
La Doctrina Social de la Iglesia es contundente: la vivienda es un derecho humano fundamental. No se trata de un privilegio ni de una mercancía, sino de un bien esencial para el desarrollo de la persona humana y de su dignidad. La Iglesia defiende el destino universal de los bienes, recordando que la propiedad privada está subordinada al bien común. La vivienda, como parte de estos bienes, debe estar al servicio de todos y todas, especialmente de los más vulnerables.
El papa Francisco ha sido una voz profética en la denuncia de la crisis habitacional. En su encíclica Laudato si’, afirma que “la falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades, porque los presupuestos estatales sólo suelen cubrir una pequeña parte de la demanda. No sólo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia. La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la ecología humana. Si en un lugar ya se han desarrollado conglomerados caóticos de casas precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos barrios, no de erradicar y expulsar. Cuando los pobres viven en suburbios contaminados o en conglomerados peligrosos, ‘en el caso que se deba proceder a su traslado, y para no añadir más sufrimiento al que ya padecen, es necesario proporcionar una información adecuada y previa, ofrecer alternativas de alojamientos dignos e implicar directamente a los interesados’. Al mismo tiempo, la creatividad debería llevar a integrar los barrios precarios en una ciudad acogedora: ‘¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, están llenas de espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro!’”. En otras intervenciones Francisco ha denunciado constantemente la “cultura del descarte” que invisibiliza a los pobres y excluidos, llamando a garantizar las tres “T” que reclaman los movimientos populares: tierra, techo y trabajo. La Iglesia exige políticas públicas que aseguren el acceso a una vivienda digna para todos y todas, recordando que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia señala que el derecho a la vivienda forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado. La vivienda no es solo un lugar físico, sino un espacio de vida familiar y comunitaria, un lugar de protección, privacidad y desarrollo personal. Sin vivienda, no hay ciudadanía plena ni acceso a otros derechos fundamentales como la educación, la salud o el trabajo.
El modelo Housing First ha demostrado ser altamente efectivo en la lucha contra el sinhogarismo. Nacido en Nueva York en los años 90, parte de una premisa sencilla pero revolucionaria: ofrecer una vivienda estable e incondicional como primer paso hacia la reintegración social. A diferencia de los modelos tradicionales que exigen “merecer” la vivienda cumpliendo ciertos requisitos, el Housing First reconoce que solo desde la estabilidad de un hogar es posible reconstruir una vida digna.
En Finlandia, el Housing First ha reducido el sinhogarismo en un 35% en la última década. La clave del éxito ha sido una política pública coordinada, transformando albergues en viviendas permanentes y proporcionando apoyo social personalizado. Este enfoque ha permitido a miles de personas reconstruir sus vidas, acceder a empleos y recuperar su dignidad.
Es hora de exigir soluciones reales y poner el sinhogarismo en el centro del debate político. La crisis habitacional en España no es una cuestión de beneficencia, sino de justicia social. Es necesario un cambio de paradigma en las políticas de vivienda que priorice el derecho al techo sobre el beneficio económico.
Se requiere una regulación del mercado inmobiliario que frene la especulación y garantice el acceso a una vivienda asequible. Es necesario aumentar el parque de vivienda social al nivel de otros países europeos, establecer alquileres sociales y proteger a las familias vulnerables de los desahucios.
Implementar el Housing First a nivel nacional no solo es posible, sino necesario. España tiene los recursos y las herramientas para lograrlo; lo que falta es la voluntad política para hacerlo. No podemos permitir que la dignidad humana siga durmiendo a la intemperie.
El techo para todos y todas no es una utopía, sino un compromiso inaplazable de justicia social. La esperanza no está perdida si asumimos el desafío de construir una sociedad más justa y solidaria. Porque no hay justicia social sin un hogar digno, y porque nadie debería vivir sin un techo bajo el cual soñar.
Es hora de despertar las conciencias y exigir un cambio real. Es hora de devolver la dignidad a quienes han sido olvidados. Es hora de garantizar techo digno para todos y todas.
Impulsando el Evangelio. Comprometido con la Pastoral Penitenciaria. Activista en la Pastoral del Trabajo de Toledo, defendiendo dignidad y derechos laborales
