El Gobierno aprueba la reducción de la jornada laboral: “Es un día histórico”

El Gobierno aprueba la reducción de la jornada laboral: “Es un día histórico”
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“Han transcurrido más de 41 años en los no se ha modificado la reducción o la jornada laboral en nuestro país”, ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después del Consejo de Ministros que ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin merma salarial.

En la posterior rueda de prensa, Díaz ha destacado la trascendencia de la medida: “Hoy es un día histórico para los 12 millones de trabajadores que se verán beneficiados con esta reducción de jornada cuando entre en vigor”. Además, subrayó que “también es un día histórico en Europa. Hace más de dos décadas que ningún Estado miembro reduce la jornada laboral en Europa”.

“Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España”, ha dicho la ministra, incidiendo en que esta reforma es parte de una transformación estructural del mercado de trabajo, junto con la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional.

Díaz ha enfatizado que “el trabajo es un medio, no una mercancía” y que las personas “no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir”. Además, ha señalado que la reducción de la jornada laboral contribuirá a modernizar el país, reducir el absentismo, mejorar la productividad y aumentar la igualdad en el ámbito laboral.

Finales de febrero, principios de marzo, en el Congreso

La norma, fruto del acuerdo alcanzado en diciembre entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, y el rechazo de las organizaciones empresariales “que presionarán en el Congreso contra la reducción de la jornada laboral”, según adelanta El País.

El anteproyecto de ley iniciará ahora el trámite preceptivo con la revisión del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley y remitido al Congreso de los Diputados para su debate y posible modificación por parte de los grupos parlamentarios.

“Esperamos que a finales de este mes o inicios del próximo [marzo] la norma ya pueda estar en manos de sus señorías para poder ser aprobada cuanto antes y que más de 12 millones de personas puedan disfrutar de la reducción de jornada”, ha detallado el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, respondiendo a los medios de comunicación durante la rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación de enero.

El Gobierno confía en que la norma pueda ser aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano, de manera que las empresas tengan tiempo suficiente para adaptarse a la nueva regulación. Según lo acordado, los convenios colectivos que actualmente establecen jornadas superiores a 37,5 horas semanales en promedio anual dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuarse a la nueva jornada máxima.

Impacto en los contratos a tiempo parcial

El anteproyecto también establece cambios significativos en los contratos a tiempo parcial. Según el texto, aquellos contratos con una jornada igual o superior a las 37,5 horas semanales de promedio se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo.

Además, los trabajadores con jornadas parciales inferiores a ese umbral tendrán derecho a mantener el mismo número de horas que venían realizando, pero con un incremento proporcional de su salario desde la entrada en vigor de la norma.

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El Gobierno también ha incluido medidas de protección para trabajadores con reducción de jornada por cuidado de menores, familiares dependientes o en situación de vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, violencia sexual o terrorismo. Estos colectivos podrán mantener su jornada reducida sin alteraciones hasta la fecha en la que finalice su derecho a la reducción, con un límite absoluto fijado en el 31 de diciembre de 2026. También se les ofrecerá la posibilidad de adaptar su jornada reducida a la nueva jornada máxima, en el marco del horario que ya tenían establecido.

Sanciones por incumplimientos

El Gobierno endurecerá las sanciones para garantizar el cumplimiento de la reducción de jornada y el registro horario obligatorio. La Inspección de Trabajo podrá imponer multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado, una cantidad superior al máximo de 7.500 euros que se contemplaba hasta ahora en la legislación vigente.

Las infracciones en materia de jornada laboral, horas extraordinarias, descansos y vacaciones serán consideradas faltas graves, que van desde 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en su grado máximo.

Además, la normativa traslada la carga de la prueba a las empresas. En caso de incumplimiento del registro horario en contratos a tiempo parcial, estos se presumirán celebrados a jornada completa, salvo que la empresa pueda demostrar lo contrario.

Registro horario digital y derecho a la desconexión

El anteproyecto refuerza el registro horario de jornada, que deberá ser digital y accesible en todo momento para la Inspección de Trabajo, los sindicatos y los propios trabajadores. La empresa tendrá la obligación de registrar día a día las horas trabajadas y deberá diferenciar entre horas ordinarias, extraordinarias y complementarias.

Para garantizar su transparencia, el registro de jornada será gestionado directamente por los propios trabajadores, impidiendo así posibles manipulaciones por parte de la empresa. Además, los empleados recibirán mensualmente un resumen de todas las horas trabajadas, junto con su nómina.

La norma también refuerza el derecho a la desconexión digital, estableciéndolo como un derecho “irrenunciable”. Esto significa que ningún trabajador podrá ser sancionado ni sufrir represalias por no responder a comunicaciones laborales fuera de su horario de trabajo.

Movilización sindical para evitar bloqueos políticos

Ante la posibilidad de que la reforma encuentre obstáculos en el Congreso, CCOO y UGT anunciaron este domingo, la convocatoria de una movilización en Barcelona el 4 de marzo en defensa de acuerdo con el Gobierno para la reducción de la jornada laboral.

Los sindicatos han advertido de que algunas formaciones políticas podrían intentar frenar la norma por “puro rédito electoral”, bloqueando su aprobación o introduciendo enmiendas que diluyan su alcance. La movilización tiene como objetivo presionar a los grupos parlamentarios para que la medida no sufra retrasos ni modificaciones sustanciales durante su tramitación legislativa.