El Consejo de Ministros regularizará temporalmente a 25.000 personas migrantes afectadas por la dana

El Consejo de Ministros regularizará temporalmente a 25.000 personas migrantes afectadas por la dana
FOTO | Tania Castro
El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la regularización de al menos 25.000 personas migrantes afectadas por la DANA, para nadie quede atrás y puedan acceder a las ayudas

Según adelanta El País, la medida incluirá la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo de un año para los damnificados y sus familiares directos, además de facilitar la prórroga y concesión de permisos a los extranjeros que ya residían en las zonas afectadas. La regularización beneficiará al menos a 25.000 personas, según estimaciones de la Administración y la totalidad de las medidas podría beneficiar hasta a 98.000 personas no comunitarias empadronadas en las localidades afectadas.

La decisión supone un cambio en la estrategia gubernamental, que inicialmente no contemplaba la regularización dentro del paquete de ayudas. Según fuentes citadas por el proceso se desbloqueó gracias a la presión de los sindicatos, el dictamen favorable de la Abogacía del Estado y la visita de Pedro Sánchez a Valencia el pasado 23 de enero.

La regularización se tramitará a través de una autorización de residencia por “circunstancias excepcionales sobrevenidas”, accesible para aquellos migrantes empadronados en los municipios afectados desde el 28 de octubre, así como para sus cónyuges, hijos menores y familiares dependientes. Para los allegados de víctimas mortales, el permiso tendrá una vigencia de cinco años.

El Ejecutivo también concederá prórrogas automáticas a los extranjeros con permisos en vigor que expiren entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025, evitando que caigan en la irregularidad. La medida beneficiará a estudiantes, voluntarios y trabajadores cuya situación se haya visto comprometida por la catástrofe.

Sindicatos, organizaciones sociales y eclesiales reclamaban la medida

Desde CCOO han recordado que ya en noviembre reclamaron una medida de estas características y pidieron al Gobierno que aplicara la Disposición Adicional Primera nº 4 del vigente reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería para conceder autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo a la población migrante en situación irregular.

“La vida cotidiana personal, familiar y laboral de cientos de miles de personas se ha modificado dramáticamente y se tardará en rehacer sus respectivas trayectorias”, argumentó entonces el sindicato. Además, el sindicato ha puesto a disposición de la Administración sus instalaciones y los técnicos de la red de centros de información a personas trabajadoras extranjeras (CITE) para facilitar la tramitación.

También recientemente, diversas entidades sociales y eclesiales, como la Hermandad Obrera de Acción Católica de Valencia y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), habían advertido que las ayudas no podían excluir a los más vulnerables, reclamando la flexibilización de los requisitos para garantizar el acceso a medidas de protección social y laboral para todas las personas afectadas y la petición urgente una regularización extraordinaria “por circunstancias excepcionales”.

“Para muchos trámites ni siquiera existimos. Nuestros nombres no están en las listas”, lamenta Fabián Leal, un colombiano de 49 años que vive con su familia en Alfafar y que se encuentra en situación irregular desde hace tres años.

“Nos quedamos sin nada, pero como no tenemos papeles, no podemos acceder a ninguna ayuda. Nos dicen que no cumplimos los requisitos”, lamenta Mamadou, un obrero de la construcción que perdió su empleo tras el desastre.

En la misma situación se encuentra Mariela, que trabajaba sin contrato en una panadería destruida por el agua: “No tengo cómo demostrar que me quedé sin ingresos. Vivo en un albergue porque mi casa también quedó inhabitable”. La regularización les permitirá acceder a un empleo formal y a las ayudas puestas en marcha.