El Consejo de Ministros presenta su reforma del sistema de dependencia
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado luz verde al anteproyecto de ley para reformar el sistema de atención que actualiza el catálogo de servicios común a todo el Estado y acaba con los últimos recortes introducidos en 2012.
El anteproyecto consagra el derecho de las personas dependientes a elegir los servicios que mejor se ajusten a sus necesidades y a decidir dónde recibirlos, además de ampliar las posibilidades de que no solo familiares directos, sino también personas del entorno social puedan encargarse de los cuidados. Para ello, la norma indica derechos que deberán garantizarse como al apoyo y formación, a la información sobre las prestaciones disponibles y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas cuidadoras no profesionales.
El servicio de ayuda a domicilio podrá desarrollarse fuera del hogar incluyendo el acompañamiento al médico, a la compra o al centro de día. Otra de las modificaciones más significativas es la eliminación del régimen de incompatibilidad entre prestaciones, vigente desde 2013, de modo que las personas dependientes podrán combinar distintos servicios, sin restricciones, algo que hasta ahora solo era posible en algunas autonomías.
La reforma eliminará el periodo de carencia de hasta dos años que se impuso en 2012 para la percepción de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar. De aprobarse, las ayudas se recibirán desde la resolución del reconocimiento de la dependencia o, como máximo, seis meses después de presentar la solicitud si no hay resolución expresa. Todas las personas en situación de dependencia pasarán a tener reconocido automáticamente el grado 33% de discapacidad, con el fin de reducir listas de espera y evitar la duplicidad de trámites.
La teleasistencia ahora se considerará un derecho subjetivo, lo que permitirá ampliar su uso, mientras que la ayuda a domicilio pasará a considerarse una prestación colectiva, no solo individual, de modo que pueda realizarse también en viviendas colaborativas y apartamentos con servicios compartidos y se impulsará un sistema de préstamo de productos como sillas de ruedas, andadores, audífonos y adaptaciones en el hogar para mejorar la autonomía de las personas dependientes.
El anteproyecto de ley aprobado el Consejo de Ministros incluye igualmente la prohibición de cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad a la hora de contratar seguros de salud o de vida y la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, que financiará todas las obras de adaptación en los edificios y espacios públicos. También se prioriza la promoción y protección reforzadas de los derechos de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha defendido que “esta reforma acaba con los recortes del PP, blinda el sistema de dependencia y diseña un modelo de cuidados que fortalece el Estado de bienestar y lo proyecta hacia las necesidades del siglo XXI”,
La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha criticado al Gobierno por “congelar” la financiación del sistema de dependencia mientras propone nuevas medidas, además de advertir de la insuficiencia de las prestaciones económicas. La cuantía media para cuidadoras no profesionales es de apenas 264 euros al mes, apuntan.
Así ha recordado que que 270.325 personas se encuentran en las listas de espera de una ley “que se sigue incumpliendo desde hace 18 años y cada 13 minutos fallece una persona en estas listas de espera”. Según la entidad, 34.252 personas fallecieron en 2024 esperando la prestación y la media de tiempo para poder acceder a la ayuda es de 334 días y en algunas comunidades de más de dos años.
Por su parte, el ministro Bustinduy, ha querido resaltar que desde el año 2020 el Gobierno de coalición ha incrementado un 150% las partidas destinadas a financiar la atención a la dependencia y la discapacidad hasta llegar a repartir más de 783 millones de euros entre los gobiernos autonómicos en 2023, un máximo que se prorrogó en 2024 con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
“Estamos reconstruyendo el sistema de la dependencia con el objetivo de apuntalarlo como un pilar del estado del bienestar”, ha dicho Bustinduy, quien ha insistido en que con la reforma persigue reforzar la implantación del nuevo modelo de cuidados impulsado por su departamento de desinstitucionalizar el sistema y avanzar hacia cuidados de mayor cercanía, en el hogar de la persona o en entornos comunitarios.
Redactor jefe de Noticias Obreras
